Punta Coquitos, una masacre en altamar

Seferino Mena tuvo que desplazarse después de que ocurrió la masacre. / Isabel Valdés.

-Allá los mataron -dice Seferino Mena, de 68 años.

“Allá” no existe, es solo mar, inmensidad.

-Allá -continúa- donde el mar se ve más oscuro, los mataron.

Su brazo izquierdo se extiende hacia donde antes hubo una carretera, donde antes hubo palmas, donde antes hubo playa. Eso fue en 1988.

Pero “allá” no existe, treinta años después es mar, solo mar.

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En Punta Coquitos no hay una palma siquiera, ni una, dicen que antes hubo una coquera pero en tres décadas el mar avanzó unos 300 metros y se llevó consigo los cocos, la playa y unas cuantas casas de esta vereda de Turbo, en el Urabá antioqueño. Al lado del mar hay barrancos que se despeñan y caen sin orden al fango salado.

A un par de cuadras del mar, en medio de bananos y plátanos, se reúnen varias personas en la casa de Guillermo Durango, un viejo de bigote triangular que ahora sufre del corazón.

-Llegaron de sorpresa el 11 de abril de 1988. Fue una sorpresa de esas que no podíamos saber. Ellos llegaron, hicieron sus daños y se fueron.

-¡Cayó un lamparazo esa mañana! -agrega Seferino-, pudieron matar más gente, pero llovió durísimo.

-Perdí un familiar, a Heiler Torres, era dueño de una parcela, lo cogieron y lo mataron en el mar- agrega Cayetano Sarmiento, de 86 años, un negro flaco y desgarbado.

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Llegaron paramilitares de Fidel Castaño, aunque no lo supieron entonces, sacaron de sus casas a 27 trabajadores bananeros y los llevaron hasta la playa, que hoy no es playa, y los subieron a una chalupa. Iban para algún destino, seguro, pero la embarcación no estaba para soportar el sobrepeso y amenazó con hundirse no más se adentraran en el mar. A nueve los mataron en la playa, frente a los demás. A Heiler Torres lo llevaron en la chalupa, se detuvieron en el mar y lo mataron. Los asesinaron uno a uno y luego los lanzaron al agua. Uno, al mar; dos, al mar; tres, al mar. Todos, 18 hombres, comida de peces.

En los cinco días siguientes recogieron los cuerpos en el mar o éste los devolvió y los dejó tirados en la playa, algunos sin ojos, otros sin dedos. Blandos, gelatinosos, desfigurados.

Muertos.

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María Sierra Guzmán escuchó la noticia por la radio y se fue volada para Coquitos. Calixto Antonio, su hijo, se había juntado con una mujer y tenía un ranchito en el que vivía, y que ahora ella ve convertido en ruinas. En la mañana el muchacho salió a trabajar, lo atajaron en la carretera y lo condujeron hasta la playa. Casi una semana después lo encontraron flotando en el mar, “comido de jaiba, comido de pescado”. Lo enterraron en una fosa en Apartadó.

-Nunca nos entregaron el cuerpo, no le pudimos hacer una misa.

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A la de Coquitos le antecedieron dos masacres en Turbo y una en Córdoba. Cerca de la una de la mañana del 4 de marzo de 1988, 20 hombres armados y vestidos de civil fueron hasta la finca Honduras en el corregimiento Currulao, en Turbo. Con lista en mano llamaron a 17 trabajadores y los mataron. Para completar su trabajo siguieron a la finca La Negra y mataron tres hombres más.

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Todos, todos eran miembros activos del Sindicato de Trabajadores Agrarios de Antioquia, Sintragro.

Mario Zuluaga Espinal, dueño de la finca Don Jorge, estaba cansado de la presencia del Ejército Popular de Liberación –EPL- y de que tuvieran infiltrados los sindicatos de las fincas bananeras. Ricardo Rayo, su capataz, antes guerrillero de las Farc, junto a 29 paramilitares más, se encargaron de la siguiente masacre: Punta Coquitos.

Luego, el 3 de abril, un grupo de paramilitares irrumpió en un fandango en el corregimiento Mejor Esquina, en Buenavista (Córdoba), y abrió fuego contra la multitud. Esa noche asesinaron a 28 personas.

En un informe de 1994, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que una semana antes de las dos masacres una patrulla del batallón Voltíjeros del Ejército, al mando del teniente del B-2 de Inteligencia Militar, Pedro Vicente Bermúdez Lozano, fue con hombres vestidos de civil a las fincas Honduras, La Toyosa y La Agripina. Amenazaron de muerte a los trabajadores para que no votaran por la Unión Patriótica en las elecciones del 13 de marzo, la primera elección popular de alcaldes, en la que la UP y los partidos tradicionales se disputarían el poder local de manera democrática.

A los trabajadores les dieron dos semanas para abandonar la zona y capturaron cuatro personas que llevaron hasta el cuartel. Allí, bajo presión y amenazados, declararon que varios trabajadores eran guerrilleros del EPL. Dos días antes de la masacre, otra tropa del Ejército fue a una finca cercana a Honduras y La Negra y detuvieron seis trabajadores más. Entonces el capitán del Ejército les dijo que no los mataría personalmente, pero que no había problema, ya tenía quién se encargara de hacerlo. Después sucedió lo que ya sabemos.

En el informe, la Comisión señaló que “en el caso de las masacres de Honduras y La Negra, el Ejército de Colombia empleó a exguerrilleros desertores del EPL como guías, integrándolos a sus patrullas, para la ubicación, identificación y eliminación de los presuntos subversivos y también, con el mismo propósito, con sicarios (paramilitares) financiados por ACDEGAM, o Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio”.

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Un mes después de las masacres de Honduras y La Negra y pocos días después de la Mejor Esquina, cerca de 30 hombres fueron por 27 trabajadores de Coquitos, les quemaron sus casas y luego los mataron en el mar.

En febrero de 1994 la Corte Suprema de Justicia condenó a cinco personas por las masacres. Como autor a Fidel Castaño, alias Rambo, y como autores intelectuales a Luis Rubio Rojas, exalcalde de Puerto Boyacá, Hernán Giraldo Serna y Adán Rojas Ospina. Para entonces la justicia ya había develado que Castaño estaba apoyado financieramente por Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, dos narcotraficantes que tenían como objetivo controlar el Magdalena Medio y que por eso tenían su enlace más fuerte en Puerto Boyacá.

Dos décadas después de las masacres, el exparamilitar Raúl Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’, quien fuera uno de los jefes del Bloque Bananero, señaló que el empresario Mario Zuluaga Espinal, el dueño de la finca Don Jorge, les facilitó la entrada a los Castaño y les ayudó a cometer la masacre. Por ello, Zuluaga fue condenado a 30 años de cárcel por homicidio y terrorismo.

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Guillermo Durango, el hombre del bigote triangular, enmarcó un recorte de prensa del diario El Colombiano. Es la foto de un éxodo y él lleva un costal en su espalda con lo poco que pudo cargar. Así sus vecinos. Coquitos estaría entonces desolado. Este hombre también conserva un mapa deteriorado en donde ubica las viviendas de las víctimas de la masacre y un cuaderno en el que anotó sus nombres y los recuerdos de aquel tiempo.

El registro de su pequeño archivo es uno de los 2043 que el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo en los últimos cuatro años. El Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos (READH) identifica dónde están los archivos, quiénes los tienen y en qué estado.

-Quisiera que hubiera un monumento o una placa, que la juventud se dé cuenta de la miseria que vivió Coquitos- dice Seferino.

-Estamos abandonados –interviene Marleny Ávila, una vecina que también huyó-, siempre hablan de las masacres de La Negra, La Chinita, Pueblo Bello y Honduras, siempre las nombran, pero la nuestra no, queremos que se sepa, que salga a flote. Antes no nos atrevíamos a hablar por miedo.

-Nosotros pedimos un monumento –habla de nuevo Guillermo, ahora líder de Aspudesunco, la Asociación comunitaria de desplazados de Coquitos-. Hemos hecho dos marchas por las víctimas, pero queremos un monumento en la escuela y no en la playa. En el mar no se puede, ese señor se lo lleva.

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Semanas después de la masacre Guillermo regresó a su casa. Cuenta que el Ejército se había devorado la comida que dejó, los animales andaban perdidos. Con las pocas familias que volvieron se turnó la vigilancia de Coquitos. Durante cuatro meses algunos no dormían para alarmar a los suyos si los paramilitares regresaban. Claro que volvieron en los años siguientes, claro que continúan en la zona, pero ahora se hacen llamar Clan del Golfo.

El camino que lleva al mar es más corto, 300 metros más corto. Pareciera que el mar recorriera el camino de hace tres décadas, dispuesto a dejar todo en su fondo. Ya no existe la playa aquella ni las palmas que le dieron el apelativo al lugar de Punta Coquitos, tampoco algunas casas, tampoco algunas plataneras. Para recordar la masacre, Guillermo, Seferino, Cayetano y Marleny prefieren un monumento en la escuela, en donde el mar tardará algunas décadas en borrar el peso del pasado.