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Calamar, Guaviare, 1993. Durante ocho días se desarrolló en este lugar la Octava Conferencia de las Farc, entre el 27 de marzo y el 3 de abril. Allí, el entonces secretariado conformado por Manuel Marulanda Vélez, Noel Mata Mata, ‘Efraín Guzmán’; Guillermo León Saenz, Alfonso Cano; Luis Edgar Devia, Raúl Reyes; Rodrigo Londoño Echeverry, Timochenko, decidieron junto a centenares de guerrilleros que conformaban las estructuras de mando de la guerrilla, entrar en un proceso de descentralización y que cada miembro del secretariado coordinara los bloques a lo largo del país junto con un comandante militar. Dispersarse era la estrategia luego del ataque a Casa Verde el 9 de diciembre de 1990, ordenado por el entonces presidente César Gaviria.
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En la Séptima Conferencia, en 1982, las Farc ya habían discutido la necesidad de operar en las ciudades. Pero la construcción de estructuras clandestinas en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, se definió en la Octava. De acuerdo con el informe de la Fundación Ideas para la Paz, Hoy y ayer del Bloque Oriental de las Farc, los frentes de esta estructura se desplegaron a lo largo de la cordillera oriental, para conectar a Cundinamarca con el Meta, Guaviare y la frontera con Venezuela.
A Bogotá la cercaron los frentes 22, 27 y 38 y la Red Urbana Antonio Nariño, que esta última semana volvió a los titulares de las noticias por cuenta del reconocimiento que hiciera Julián Gallo o Carlos Antonio Lozada de que fue esta red urbana -que él dirigió por 19 años- la encargada de ejecutar la orden de asesinar al líder conservador Álvaro Gómez Hurtado y al general Fernando Landazábal Reyes.
Lozada fue el encargado de comandar las milicias urbanas por órdenes de Víctor Julio Suárez Rojas, conocido como Jorge Briceño o el Mono Jojoy, comandante del Bloque Oriental. Desde el secretariado estaba decidido a tomarse la capital. La desmovilización del M-19 fue un punto a favor para ellos. Las zonas que dejaron, como la localidad de Usme y Ciudad Bolívar, fueron aprovechadas por las Farc para entrar con su trabajo político-militar. En estos dos lugares fue donde la RUAN acentúo su accionar armado por dos décadas.
El primer hecho con el que se supo de la cercana presencia de las Farc a Bogotá fue la masacre de Usme, ocurrida el 26 de noviembre de 1991. Esa mañana, un grupo de hombres asesinó al líder comunal Julio César Naranjo y dejó su cuerpo a la intemperie, en la vereda La Unión. La comisión del Juzgado 75 de Instrucción Criminal de Bogotá que iba a recogerlo fue emboscada y asesinada. Primero explotó el carro sobre el kilómetro 22 de la vía que llevaba a la vereda y luego se acercaron los guerrilleros a rematar a los ocho funcionarios que iban en él. La secretaria del juez, Nora Navarrete, fue la única sobreviviente de esta masacre. Después de 28 años, ni siquiera ha sido reconocida como víctima por el Estado.
“Les pedimos perdón con sinceridad y humildad. Nunca fue una decisión de la dirección de las Farc convertir al poder judicial en un objetivo militar, no estuvo dentro de nuestras decisiones políticas. Lo acontecido en Usme se dio a raíz de un error de una unidad nuestra que estaba ubicada en esa región. El objetivo militar que se tenía era hacerle una emboscada a la Policía Nacional”, les dijo Carlos Antonio Lozada a las familias de la comisión judicial en la entrega de este caso a la Jurisdicción Especial para la Paz, el 20 de diciembre de 2019.
Usme fue la puerta de entrada para las Farc a la capital. Esta localidad, ubicada al suroriente de Bogotá, conecta la ciudad con el Sumapaz y los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila y Meta. Los primeros ataques de esta guerrilla fueron en las zonas rurales.
En 1993, luego de la Octava Conferencia, la prensa registró otro atentado. El 28 de agosto un comando de las Farc asesinó a 12 policías que escoltaban a Mauricio Cárdenas, para ese momento gerente de la Empresa de Energía de Bogotá. Él se salvó del atentado. El hecho ocurrió en la vereda Las Mercedes, también ubicada en zona rural de Usme. Fue el mismo modus operandi: activar una carga explosiva en la carretera para luego ir a rematar a los ocupantes de los vehículos.
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Los noventa fueron la década de más acciones militares cometidas por la RUAN. No hay claridad en el número de milicianos y guerrilleros que la conformaban en ese momento, pero su objetivo militar estaba encaminado a atacar los Centros de Atención Inmediata (CAI) y unidades policiales, y a ganarse apoyos entre las comunidades rurales, barrios populares y estudiantes universitarios, gracias al trabajo político y la construcción de pequeñas obras. También ejecutaron extorsiones y secuestros a comerciantes y campesinos en las vías que comunicaban a Bogotá a otras ciudades como Medellín, Tunja o Villavicencio.
A comienzos de 1995, la red urbana produjo una oleada terrorista que aprovechó la crisis política y de gobernabilidad provocada por el proceso 8.000. Fueron destruidos cinco CAI en diferentes sectores y el más grave de los atentados fue un ataque con rockets a la estación de Policía en Kennedy, en el que murieron cinco policías y un civil. La guerrilla se adentraba cada vez más en Bogotá.
“Por estos barrios populares de Usme, Ciudad Bolívar, Soacha, nos tocaba hacer patrullajes y presencia militar fariana, frente a fenómenos como el paramilitarismo urbano. Se trataba de organizar la barriada y crear milicias, células de partido, estructuras de apoyo, incluso campañas militares”, le dijo Francisco Rivera, antiguo integrante de esta red, al periodista Juan Carlos Salazar.
La RUAN, además de asentarse en los barrios populares del sur de la ciudad, tuvo penetración en las universidades públicas y privadas, donde crearon células con entusiastas jóvenes que infiltraron el movimiento estudiantil. La estructura estaba conformada en su mayoría por milicianos, hombres y mujeres que llevaban una doble vida: tenían una “chapa” o vida pública, pero a la vez pertenecían a una célula que ejecutaban acciones de inteligencia, trabajo político o ataques de alguna envergadura. También hacían parte un número indeterminado de guerrilleros (personas con instrucción militar que vivían encampamentados).
Miembros de la red sirvieron de “apoyo” a otras estructuras guerrilleras del bloque oriental que desarrollaban acciones bajo las órdenes del Mono Jojoy. En entrevista con El Espectador, Carlos Antonio Lozada explicó que el asesinato del exasesor de paz, Jesús Antonio Bejarano fue ejecutado por una estructura distinta a la RUAN, ya que era común que se operara así. Hay que recordar que el atentado al Club El Nogal (7 de febrero de 2003) fue ejecutado por la columna móvil Teófilo Forero, al mando de El Paisa.
En la entrevista que dio a este medio, Lozada reafirmó que la orden de matar a Álvaro Gómez vino del secretariado y la ejecutaron cuatro hombres de la Red Urbana Antonio Nariño. “Esa decisión estaba tomada desde la fundación de las Farc”, dijo, a raíz de las denuncias que desde 1961 había hecho el político conservador en el Congreso sobre las 16 “repúblicas independientes” que se estaban instalando en el país. Estas denuncias, a su vez, desembocaron en 1964 en operaciones militares para atacarlas, las cuales contribuyeron en la conformación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Para Lozada, este homicidio se relaciona con uno de los hechos que más debilitó a la Red Urbana Antonio Nariño, la masacre de Mondoñedo. Entre el 6 y el 7 de septiembre miembros de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) asesinaron a seis de los siete comandantes de la Ruan. El único sobreviviente fue Lozada.
Comenzó el 6 de septiembre cuando los agentes secuestraron, torturaron y asesinaron a cuatro estudiantes de la Universidad Distrital. Al siguiente día otros dos estudiantes también fueron asesinados. Sus cuerpos fueron encontrados incinerados en el Alto de Mondoñedo, en Mosquera (Cundinamarca). Juan Carlos Urbano o Chayán y Roque o Mono Chiquito, dos de las personas asesinadas, fueron los ejecutores de la muerte de Gómez.
Esta masacre fue un golpe duro para la RUAN. En una entrevista para El Espectador en 2016, Lozada aseguró que a raíz de la masacre “la decisión de las Farc fue recoger las estructuras urbanas”. En 1998 él se va como delegado a San Vicente del Caguán para los diálogos de paz con el expresidente Andrés Pastrana. Cuando se cortan los diálogos sigue comandando la RUAN desde el monte.
Antes de la masacre, hubo otro golpe certero contra la red con la captura de Marbel Zamora, conocido como “Chucho”, en junio de 1996. Él era el jefe de varias células en Bogotá y ejecutó, al lado de Lozada, varios de los ataques contra instalaciones policiales. Con su captura y la masacre de Mondoñedo, se evidenció que la red estaba infiltrada por organismos de inteligencia del Estado y empezó la desarticulación de sus estructuras, que pronto se reorganizaron. La confesión reciente de Lozada también incluyó el homicidio del general retirado Fernando Landazábal Reyes, ocurrida el 12 de mayo de 1997.
“Chucho” recobró la libertad en 2001 y se presentó directamente ante su comandante, el Mono Jojoy, en San Vicente del Caguán. Mientras el proceso de paz que adelantaban con el gobierno de Pastrana seguía haciendo agua, “Chucho” fue recibido como héroe y se puso nuevamente al frente de las operaciones de la RUAN, tomando a Sumapaz como base de operaciones.
Para 2001 las Farc tenían en Cundinamarca 15 estructuras con aproximadamente 1.130 hombres, según el documento Fuerzas Militares de Colombia Ejército Nacional V División, de la Universidad del Rosario. La RUAN tenía 60 hombres de acuerdo con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), mientras que algunos de sus militantes decían que eran más de 200.
El 2002 será recordado por el fuerte accionar de la Red y de otras estructuras guerrilleras en Bogotá. El 20 de enero, hicieron explotar un artefacto en una de las válvulas del Sistema Chingaza que abastece de agua a Bogotá. Seis días después explotaron una bicicleta bomba en el barrio Fátima que dejó cinco muertos y 15 heridos. Y el 7 de agosto, mientras se posesionaba en el cargo el presidente Álvaro Uribe Vélez, atacaron la sede de gobierno con rockets, dejando averiada una parte de la fachada del Palacio de Nariño y un saldo fatal de 26 muertos.
Desde ese momento, el presidente Álvaro Uribe Vélez les declaró la guerra a las Farc e implementó la política de Seguridad Democrática como la más amplia ofensiva contra esa guerrilla en la historia reciente. Se constituyó la Operación Libertad I, enfocada a la recuperación de los lugares controlados por las Farc en Cundinamarca. Comenzó el 6 de junio y terminó el 31 de diciembre de 2003. Su misión fundamental fue perseguir a los cabecillas de los frentes ubicados en este departamento y debilitar sus estructuras.
Al finalizar la operación, de acuerdo con informes oficiales, de los 1.130 guerrilleros quedaron 335. La reducción de la fuerza de las Farc en la región por supuesto evitó la expansión de la Red Antonio Nariño, la cual tuvo que replegarse.
“Nos cortaron las vías de abastecimiento, de retirada y se nos soltó encima una operación militar muy grande que terminó con un golpe a todos los frentes. En el caso del Antonio Nariño tuvimos varias bajas y una situación muy compleja para poder salir de Cundinamarca hacia el Meta”, contó Lozada en 2016.
Sin embargo, la estructura no desapareció por completo. Parte de su estrategia eran las milicias clandestinas, a las cuales era muy difícil seguirles el rastro. Luego vino el Plan 2010, con el cual la estructura quiso retomar el control perdido. Para ese momento, José de Jesús Guzmán o Arnovis Guevara Santofimio era quién lideraba el frente o Red Urbana Antonio Nariño, con Bernardo Mosquera Machado, el Negro Antonio, segundo al mando.
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La estrategia consistió en bloquear vías de acceso a Bogotá con la incineración de vehículos, atentar contra las redes eléctricas de la ciudad e instalar carros bomba en centros comerciales, bases militares o estaciones de Policía y secuestrar a personajes públicos. El documento de la Universidad del Rosario asegura que para este momento esta estructura estaba conformada por 75 personas.
La ejecución del plan se detuvo por la Operación Fuerte, realizada entre el 24 al 28 de octubre del 2009. Se dedicó a combatir los frente 51, 52 y el Antonio Nariño. Su principal resultado fue la captura del Negro Antonio y la muerte en combate de Arnovis Guevara y Marta Isabel Ardila, más conocida como Mariana Páez, ideóloga del Bloque Oriental y quien también hizo parte de los diálogos en el Caguán.
El golpe final fue la muerte del Monoy Jojoy, en un bombardeo de las Fuerzas Militares el 22 de septiembre de 2010 en La Macarena. El Bloque Oriental, ya sin su jefe máximo, no tuvo capacidad de recuperar el terreno perdido en esa cordillera y en la capital. Sin embargo, siguieron surgiendo nuevos frentes por departamentos como el Guaviare, Meta, Casanare y Caquetá. La guerra continúo hasta que empezaron los diálogos de paz entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, en 2012.