Paro nacional: así avanzan las marchas en Colombia

hace 2 horas

Servidores judiciales víctimas del conflicto buscan respuestas en la justicia transicional

Más de mil funcionarios y empleados de la Rama Judicial, como magistrados, jueces y miembros del CTI, fueron afectados por la guerra en Colombia. Buscan articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, después de años de sentirse abandonados por el Estado colombiano.

Imagen de archivo de la masacre de La Rochela, en Simacota (Santander), en la cual fueron asesinados 12 funcionarios judiciales por paramilitares, el 18 de enero de 1989. / El Espectador.

Desde 1989 a la fecha, 1.072 personas dentro de la Rama Judicial en Colombia han sido víctimas de secuestros, asesinatos, desapariciones, torturas y amenazas por parte de grupos armados.  Magistrados, jueces o integrantes de la Fiscalía y el CTI fueron afectados por la violencia debido a su labor como operarios de justicia.

Entre los casos más conocidos a nivel nacional se encuentra la toma y retoma del Palacio de Justicia, el 5 y 6 de noviembre por parte de la guerrilla del M-19, la masacre de la Rochela, el 18 de enero de 1989, donde murieron 12 funcionarios judiciales; o la ola de amenazas y asesinatos cometidos por el narcotráfico, especialmente por Pablo Escobar, responsable de la muerte del Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984.

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La cifra de víctimas la ha recogido el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos (Fasol) a lo largo de 28 años. Según la entidad, que nació en 1991 precisamente en respuesta a la violencia sistemática del narcotráfico hacia jueces, a lo largo de estos años distintos grupos armados han cometido 560 amenazas, 392 asesinatos, 207 atentados y 45 desapariciones, entre otros hechos. La gran mayoría de estos delitos permanecen en la impunidad a pesar de ser personas que trabajan dentro del mismo Estado.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entidad que también ha recopilado información, de 1.487 funcionarios victimizados entre 1979 y 2009, el 61% eran de la Fiscalía y al CTI y el 39% a cortes, tribunales o despachos judiciales.

Aunque dos de los casos emblemáticos mencionados ocurrieron en Bogotá, la situación es mucho más grave en las regiones donde el conflicto convive con la corrupción estatal. En zonas como Putumayo, Antioquia o la región del Urabá, por solo mencionar algunas zonas, jueces o fiscales conviven con amenazas por realizar investigaciones en contra de grupos armados o delincuenciales.

Fasol brinda apoyo humanitario, psicológico y jurídico a las víctimas de la Rama Judicial y a sus familias. Tienen incidencia principalmente en Antioquia, Valle del Cauca, en tres departamentos de la costa Atlántica y en el centro del país, como en Bogotá, Huila y Tolima.

“En los últimos ocho años, la violencia ha tenido un cambio en su dinámica. Antes atendíamos casos de asesinatos, principalmente, ahora son muchos más los casos de amenazas y desplazamientos. Eso nos obliga a pensar no solo en las familias, sino en darle una respuesta inmediata a las personas”, afirma Carlos Ojeda, director ejecutivo de Fasol.

El acompañamiento es necesario, según Ojeda, porque “increíblemente, en muchos casos no conocen los mecanismos para buscar protección a pesar de que están dentro del sistema, o los procesos de ayuda estatales son demorados”.

Además, no duda en afirmar que las víctimas no han recibido apoyo de la mismo Estado. Dice que en el Consejo Superior de la Judicatura y en la Fiscalía hay un subregistro de víctimas judiciales bastante importante.

“Yo creo que se ha convertido casi en una política estatal la negación de estos hechos, porque no es conveniente para un Estado democrático aceptar que no se le brindan garantías de seguridad ni siquiera a los que trabajan dentro de él”, sostiene.

En manos de la justicia transicional

 

A los pocos días de crearse Fasol, el 26 de noviembre de 1991, el Bloque Oriental de las Farc asesinó a siete funcionarios judiciales en una vía de Usme, cuando todavía era municipio de Cundinamarca. El padre de Carlos, Héctor Ojeda, fue uno de los que murieron en la masacre.

Después de 28 años, todavía están tras la búsqueda de verdad y justicia. Si bien se condenó al Estado por este hecho en 1998 y a la cúpula de las Farc, las familias de las siete personas asesinadas siguen averiguando por la responsabilidad de mandos de la guerrilla, y más ahora que dejaron sus armas y firmaron la paz, y la del Ejército y la Policía por las fallas de seguridad del equipo judicial.

Ni Carlos, ni los otros integrantes de Fasol han optado por el olvido. De hecho, asumen seguir hablando de este hecho para sea visible en la memoria del conflicto en Colombia. Aemás, les sirve como trámite del dolor y el perdón. Por eso, en un momento en el que Colombia está en plena implementación del proceso de paz con las Farc, Fasol tiene gran interés por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

“Muchas de las víctimas tenemos un alto entendimiento de lo que significa el proceso de paz”, insiste Ojeda. Por eso, desde hace algunos meses, esta organización se está articulando con la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

La documentación sobre la masacre de Usme será el primer informe que le entregarán a la JEP el próximo 26 de noviembre, en la conmemoración de los 28 años. Esperan que en la entrega también esté un vocero de las Farc. De ahí en adelante, Fasol le seguirá entregando otros cuatro casos priorizados de victimizaciones que ellos están documentando a nivel regional.

A la UBPD ya le dieron información sobre siete funcionarios del CTI desaparecidos por paramilitares en Valledupar. El caso fue tramitado en Justicia y Paz, hubo responsabilidades admitidas, pero no verdad completa. Aun hoy, ni las familias ni la Fiscalía saben del paradero de los cuerpos a pesar de que se han realizado cerca de 40 diligencias de exploración del terreno.

“La Fiscalía ha tenido esfuerzos importantes, pero consideramos que no ha sido una búsqueda sistemática y organizada. Consideramos que la UBPD va a contribuir a esa búsqueda y a apoyar a las familias en temas organizativos y de recuperación emocional”, añade Ojeda.

(Lea: Expresidente Ernesto Samper habló de narcotráfico en la Comisión de la Verdad)

Y con la Comisión de la Verdad firmaron el 25 de septiembre un acuerdo de entendimiento para recoger información que permita describir el papel de la justicia en el conflicto armado y las afectaciones que sufrieron funcionarios a nivel territorial. “Estamos organizando encuentros regionales para que actores determinantes de la justicia, como jueces que vivieron el contexto de la guerra, puedan dar sus testimonios. Es una labor que va a realizar la Comisión de la Verdad, pero Fasol será el puente”, dice.

Ojeda es muy claro en que la misión de Fasol es apoyar a las víctimas del poder judicial, pero también son muy críticos frente a la responsabilidad que también tuvieron funcionarios de este sector en el desarrollo del conflicto, ya sea por la expropiación de tierras, la alianza con paramilitares o la obstrucción de investigaciones y sentencias judiciales.

“Fasol es consciente de que históricamente ha habido focos de corrupción bastante importantes y aún latentes. En la reconstrucción de estos capítulos con la Comisión de la Verdad van a salir estos casos específicos. Pero, lo que buscamos ahora, en medio de la desacreditación que a pulso se ha ganado la justicia en Colombia, es que se resalte que han existido personas que han hecho muy bien su trabajo y que precisamente por eso los han matado”.

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Carolina Ávila Cortés / @lacaroa08

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