Aprovechar los espacios de participación para escuchar a los excluidos

Por Andrés García Trujillo*.

Las protestas de los indígenas en el Cauca, la creciente movilización social de distintos sectores sociales y el descontento generalizado que vuelve a salir a flote han mostrado que una de las cosas que están en juego en el país es la calidad de la democracia. Mecanismos de participación como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) pueden servir para hacer frente a este reto.

Y es que el desarrollo de un país no depende solamente del crecimiento del PIB y de sus exportaciones. Para que sea sostenible, este crecimiento tiene que ir ligado a una inclusión económica y política. Es decir, a una agenda para resolver la desigualdad —entendida en términos de cierre de brechas tanto de condiciones materiales para vivir dignamente (capacidad) como para incidir en las decisiones públicas (voz). Desde el Banco Mundial, Heller y Rao (2015) sostienen que la profundización de la democracia, a partir de la deliberación y participación ciudadana, no es, como erróneamente se percibe, contraria al desarrollo, sino más bien un componente esencial del mismo, especialmente en países de desarrollo medio con alta desigualdad como Colombia.

Ante las demandas ciudadanas los gobiernos tienen tres opciones. Apelar al discurso tecnocrático aislando las instituciones del reclamo ciudadano, reprimir las voces que intentan visibilizar ante el resto de la comunidad política su exclusión histórica, o dialogar a través de espacios institucionalizados. Para decirlo de manera concreta: lo que está en juego en el país tras el cierre del conflicto con las FARC es la ampliación de la democracia y lograr entre todos pasar de la democracia de papel con perfectas leyes y normas aisladas de la realidad, a una democracia sustantiva con ciudadanos activos que interactúan y construyen junto con el gobierno y los demás poderes públicos las decisiones para enfrentar los retos de la sociedad.

Ahora, antes de que los reclamos de la gente terminen tramitándose a través del derecho constitucional a la protesta social, existen instancias y espacios de participación para encauzar la relación entre Estado y ciudadanía para que pueda darse en términos cooperativos y no de confrontación. Lograr que sea allí, en esos espacios de deliberación que se canalizan esas demandas —y no en la calle— depende de la seriedad de la apuesta del gobierno por institucionalizar el diálogo.

Ese es el corazón del ejercicio de planeación participativa que se llevó a cabo en la implementación de la primera fase de los PDET en las 16 regiones más afectadas por el conflicto, la pobreza, las economías ilegales y la debilidad institucional. En un proceso inédito en el país por su envergadura y complejidad, en estas zonas se llevaron a cabo reuniones de planeación participativa que convocaron a más de 200.000 ciudadanos desde el nivel veredal hasta el regional, que abarcaron 170 municipios, 9.400 veredas y cerca de 300 consejos comunitarios y 420 resguardos indígenas. De aquí surgieron unos planes territoriales con apuestas de desarrollo rural, infraestructura, salud, educación, reconciliación, entre otros, que ahora hay que poner en marcha.

Lo más crítico en este momento para el gobierno es entender estos procesos participativos en su dimensión política. La democracia necesita de espacios como éstos que permitan la deliberación entre ciudadanos y Estado con resultados concretos. Para expresarse y participar no basta solo con el voto y menos en regiones donde apenas estamos reconstruyendo el sentido de la inclusión política. En esta coyuntura, el gobierno puede mandar un mensaje claro al país no solo de que va a priorizar y ejecutar las iniciativas identificadas en los PDET, sino sobre todo de que va a apoyar y robustecer los miles de espacios y liderazgos sociales que emergieron de este ejercicio de planeación participativa. Cuando los espacios existen y se muestra voluntad de escuchar realmente, la ciudadanía suele responder con aportes y propuestas constructivas, incluso con paciencia mientras se avanza en la ejecución.

La legalidad, la estabilización y la equidad pasan por la profundización de la democracia deliberativa. Los PDET contribuyen a la transformación de la relación Estado-ciudadanía. Ojalá se comprendan en toda su sustancia transformativa y no simplistamente como unos listados de proyectos regionales a ejecutar desde el nivel nacional. Sería un error desperdiciar esta oportunidad para incorporar las demandas legítimas de los ciudadanos en los territorios más olvidados. Ante el olvido la ciudadanía seguirá recurriendo a la protesta para ser escuchada.

* Integrante del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT) y exasesor de la delegación del gobierno en el proceso de paz en La Habana, Cuba.