Por: José Obdulio Espejo Muñoz

¡Arde el Cauca! parte II

Lejos estaba de imaginar que volvería a escribir sobre el acontecer del Cauca. La masacre de Toribío me obliga a destinar algunas líneas a fin de aclarar algunos puntos inconclusos de un primer escrito publicado en Colombia 2020 en agosto pasado.

Bajo el título Arde el Cauca, traté de explicar qué está pasando en el norte de este departamento. Allí, la confluencia de  comunidades indígenas,  disidencias de las Farc con clara inclinación al narcotráfico, clanes de narcotraficantes y bandas y combos criminales, han creado un explosivo coctel. Hay un agravante: en las filas de las disidencias el componente mayoritario es indígena.

No es extraño, entonces, que un hecho de violencia de esta naturaleza se volviera a registrar en tan corto tiempo. Lo escribí antes y lo ratifico ahora: la histórica permisividad de las comunidades indígenas del norte del Cauca con los cultivos ilícitos les está pasando cuenta de cobro.

Porque a mi parecer es innegable que hay dos facciones enfrentadas en  los resguardos. Una primera integrada por aquellos miembros de la comunidad que se vienen lucrando hace más de tres décadas de los cultivos de coca y de marihuana. Y una segunda que considera que la comunidad debe tomar distancia frente a este fenómeno criminal.

Esta es una verdad de a puño, así la dirigencia del Comité Regional Indígena del Cauca, Cric, trate de maquillarla con el argumento lastimero de que toda la culpa es del Estado y del abandono al que los tiene sometidos. Por lo menos así lo vienen expresando algunos consejeros en los medios de comunicación.

Precisamente, uno de estos voceros manifestaba a la mesa de trabajo del noticiero de una reconocida cadena radial que ellos no necesitaban la presencia de más Fuerza Pública en sus territorios ancestrales, sino el Estado con programas económicos y sociales. En otras palabras, trasladar sus culpas y responsabilidades al mejor tercero posible.

En otro espacio noticioso, un periodista planteó un interrogante perspicaz a una consejera del Cric acerca del número de bases militares en el norte del Cauca. Concordaron en que eran siete. Luego sobrevino un comentario venenoso en tono de pregunta: ¿por qué los militares no advirtieron el paso de la caravana de sicarios? Otra vez trasladando la responsabilidad a terceros.

Quiénes conocen las dinámicas de esa zona del departamento saben que por las carreteras secundarias, los caminos veredales y las trochas que atraviesan los resguardos, no se mueve la hoja de un árbol sin que la guardia indígena lo sepa. Respondería, entonces, con una contra pregunta: ¿por qué en esta oportunidad no activaron el dispositivo que estilan cuando el Ejército o la Policía intenta capturar un miembro de la comunidad sindicado de narcotráfico?

Existen casos documentados en video de este modus operandi. Con silbatos se  alertan entre sí sobre la presencia de las tropas y unidades policiales en la zona y en cuestión de segundos aparece un enjambre de motorizados con capuchas, algunos de los cuales exhiben armas de fuego de corto alcance y, literalmente, le rapan el capturado a los uniformados  al estilo de México con el hijo del ‘Chapo’ Guzmán.

Marrullería pura. Hoy se presentan como víctimas cuando en la praxis existe una larga tradición de connivencia con el delito. Cuando les conviene, el Estado es el culpable, pero cuando no, rechazan su injerencia en los territorios ancestrales. Existen zonas vedadas de facto para los agentes estatales, en especial los integrantes de la Fuerza Pública, así la Constitución diga lo contrario.

Para rematar este análisis, quisiera detenerme en otro punto sobre el cual no ahonde en mi anterior escrito. ¿Cómo explicar que existan comunidades indígenas en un mismo departamento con modos de relacionamiento e interacción tan disímiles? No sé cómo. Porque una cosa es los nasa o paeces y otra muy distinta los totoró, guambiano, yanacona o kokonuco, por citar algunos de los ocho pueblos indígenas presentes en el Cauca. Es tan difícil de entender como cuando se visita la isla que comparten República Dominicana y Haití y se va a ambos países.

No pretendo estigmatizar a los hermanos mayores. ¡Ni más faltaba! Pero ahí radica el quid del gran problema que se vive en la zona andina del suroccidente del país. Corresponde al gobierno proteger a como dé lugar  a los líderes paeces que se oponen al narcotráfico y al ministerio del Interior desarrollar estrategias que faciliten la interrelación con estas comunidades.

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