Los problemas de la sustitución de cultivos que aún no resuelve el gobierno

El Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícitos (PNIS), acordado en el punto 4 del Acuerdo de Paz, ha tenido diversos tropiezos durante estos tres años de implementación. Si bien el programa ha avanzado significativamente en cuanto a la participación de organizaciones y líderes de las comunidades cultivadoras en espacios de toma de decisión, durante su desarrollo, el PNIS ha contado con profundas dificultades que han evitado su adecuada implementación y que lo han alejado de su objetivo central: consolidar la tan anhelada paz y desarrollo territorial que claman las regiones afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico. En este texto nos referiremos brevemente a cuatro problemáticas claves que impiden el avance del programa.

En primer lugar, el PNIS arrancó con una monumental descoordinación entre la sustitución voluntaria y las acciones de erradicación forzada manual que emprendía la fuerza pública. De esta manera, mientras que en los territorios esperaban los proyectos y recursos propuestos por el Acuerdo de Paz, el ejército y la policía procedían a levantar de manera forzada los cultivos, lo cual llevó a enfrentamientos entre campesinos y fuerza pública. Esta situación ha generado lamentables eventos, como los que ocurrieron en la vereda El Tandil, en Tumaco, en octubre del 2017, donde 9 campesinos fueron acribillados por el ejército; o recientemente en Sardinata, Norte de Santander, donde un campesino perdió la vida en medio de movilizaciones y protestas de las comunidades que se resistían a la erradicación forzada y exigían el cumplimiento del programa. En consecuencia, se ha aumentado la desconfianza de las comunidades frente al accionar del Estado y se ha originado conflictos y disputas violentas; todo lo que buscaba evitar el Acuerdo de Paz.

La segunda problemática está relacionada con los sistemáticos retrasos en la entrega de los recursos del Plan de Atención Inmediata (PAI) compuesto por los pagos bimensuales de dos millones de pesos, la asistencia técnica y la entrega de los insumos para los proyectos productivos. Esta es una situación que ha sido reconocida por las organizaciones campesinas, así como por funcionarios a cargo del PNIS. En su comunicado del 6 de marzo del 2018, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) denunciaba el incumplimiento de los pagos de personas que ya habían retirado sus matas. En octubre del mismo año, el coordinador regional del PNIS en Nariño reconoció igualmente este rezago: “Desafortunadamente los tiempos no los hemos venido cumpliendo en lo que teníamos previsto, por cuenta del riguroso control que hemos tenido en la ejecución de los mismos”. Esta tardanza de los recursos genera una lógica perversa para las comunidades que acogieron los compromisos del programa: primero, las familias arrancan sus cultivos de los cuales generan su sustento para que posteriormente el gobierno los deje sin pagos o, en el mejor de los casos, termine demorándolos de cuatro a seis meses. Estos incumplimientos también han sido reconocidos por los congresistas que hacen seguimiento a la implementación del acuerdo de paz. De acuerdo con el reporte 03, después de tres años de implementación solo el 46% de las familias inscritas han recibido la totalidad de los pagos, el 74% cuentan con asistencia técnica, y solamente el 0,88% ha tenido acceso a los proyectos productivos.

Un tercer problema es la falta de articulación entre el PNIS y las medidas dispuestas en el punto 1 en relación con la Reforma Rural Integral (RRI). Tanto en el Acuerdo de Paz (subtítulo 4.1.1) como en el decreto ley 896 de 2017, el PNIS se define como una estrategia que está articulada y que es complementaria a la RRI. Lo que vemos en los territorios es que esta articulación nunca se logró. Durante estos tres años la institucionalidad del PNIS ha actuado de forma paralela a la Agencia de Renovación del Territorio encargada de la formulación de los PDET (cabe recordar que fue hasta hace poco que a la ART le fue encargado el PNIS). Adicionalmente, el PNIS se ve afectado ante los serios rezagos en la implementación del punto 1, al considerar que las medidas de acceso a tierras (Fondo de Tierras y Formalización) están estancadas: como fue reconocido por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en un reportaje de este diario, el Fondo de Tierras no ha entregado ni una sola hectárea a los campesinos. Asimismo, la desarticulación de la institucionalidad del PNIS con las agencias del agro, en especial con la ANT es evidente: en lugar de articular esfuerzos, la ANT ha sacado una estrategia, “Formalizar para sustituir”, que en términos generales no interviene en los mismos municipios PNIS ni atiende a las familias inscritas en el programa.

Por último, las familias inscritas enfrentan una situación de inseguridad jurídica frente a la ausencia de una ley de tratamiento penal diferencial. Las personas que acogieron el programa confiaron en la promesa del estado y entregaron información sobre sus datos personales, el número de hectáreas cultivadas con coca y la ubicación de sus predios, pero, como aún no ha sido tramitada en el congreso la modificación a la ley 30 de 1986, pueden ser hoy fácilmente judicializadas.

El contexto político reciente es verdaderamente adverso para la sostenibilidad del programa y para que el Estado cumpla con los compromisos que adquirió con las familias que erradicaron voluntariamente sus cultivos. Las problemáticas señaladas están lejos de ser atendidas por el gobierno Duque. Mientras existen estas dificultades el presidente ha intentado contra viento y marea reanudar las aspersiones aéreas que pondrían en riesgo al PNIS. El mismo director del programa, Hernando Londoño, no ha generado mayores gestos de confianza. Como quedó evidenciado en la entrevista del mes de enero, Londoño ha invalidado las demandas de los usuarios así como ha subestimado las amenazas y asesinatos cometidos contra líderes involucrados en el PNIS. Quizás la acción que hoy en día expresa en mejor medida el talante del gobierno frente a estas poblaciones es su insistencia por continuar las labores de erradicación forzada en tiempos de pandemia.