ABC de la entrega de bienes de las Farc: entienda la controversia entre Gobierno y exguerrilla

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El 31 de diciembre, en medio de las festividades de Año Nuevo, se venció el plazo para que la antigua guerrilla entregara los bienes que obtuvo durante la guerra. Acá le explicamos el lío jurídico por el que se ha entregado tan poco en relación con lo que está en el inventario entregado en 2017, cuando las Farc dejaron sus armas.

En medio de las celebraciones de Año Nuevo y los anuncios del Gobierno sobre el aumento en los contagios de COVID-19 en el país, pasó desapercibido para muchos el hecho de que el pasado 31 de diciembre venció el plazo para materializar uno de los asuntos más importantes en relación con el Acuerdo de Paz. Ese día se cumplió el límite que el Gobierno Nacional estipuló para que el hoy partido FARC entregara la totalidad de los bienes y activos que obtuvo durante la guerra, que serán usados para reparar a las víctimas del conflicto armado.

Contexto: Este 31 de diciembre se cumple el plazo para que las extintas Farc entreguen sus bienes

Los últimos días de 2020 trascurrieron entre declaraciones cruzadas del Gobierno y la antigua guerrilla, cada uno tratando de explicar por qué, al cumplirse el plazo, las cifras sobre lo entregado son inferiores a lo que se esperaba. Claramente, ambas partes se han tirado el balón entre ellas. Para el Gobierno, se trata de un compromiso que FARC no ha cumplido a más de cuatro años de firmarse el Acuerdo de La Habana (Cuba), que les impuso esa responsabilidad. Para la exguerrilla, el Gobierno tiene la intención de llevarlos al incumplimiento al haber fijado un plazo imposible de cumplir y que no estaba definido en el Acuerdo.

En este artículo tratamos de explicarle en qué va realmente la entrega de los bienes, por qué se ha entregado tan poco hasta el momento y qué dificultades atraviesa el proceso.

¿Cuáles son los bienes de las Farc?

El 15 de agosto de 2017, cuando dejaron las armas, las extintas Farc le entregaron a la Misión de Naciones Unidas y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación un inventario de sus bienes. Esa lista, que luego fue entregada al Gobierno Nacional, es muy importante, pues con eso se repararán a las víctimas de la guerra.

Allí las Farc incluyeron todo tipo de bienes que como guerrilla obtuvieron durante el conflicto armado. Sí, es el mismo listado al que en su momento le llovieron críticas de varios sectores porque incluía desde carreteras y adecuaciones de infraestructura hasta traperos, escobas, exprimidores y pocillos. El argumento de los exguerrilleros fue que incluyeron absolutamente todo en ese inventario para evitar críticas por dejar cosas por fuera.

En el inventario están contemplados 722 bienes inmuebles, $12.000 millones en efectivo, USD 450.000, alrededor de 440.000 gramos de oro, 24.000 semovientes o cabezas de ganado, 50.000 elementos que corresponden a muebles y enseres, además de vehículos y joyas. En suma, todo lo que obtuvo la guerrilla durante el conflicto en el que se alzó en armas contra el Estado. Para todo eso, se estimó que el valor total rondaría el billón de pesos. Sin embargo, el Gobierno ha dicho que de eso solo es monetizable efectivamente medio billón de pesos ($500.000 millones), pues entre lo incluido por las Farc hay cosas que no se pueden comercializar, como se los explicaremos más abajo.

Al entregar ese inventario, al tiempo que acababa la vigencia de las entonces zonas veredales, las Farc dejaban completamente las armas y las actividades ilegales.

¿Qué se ha entregado hasta el momento?

Luego de tres años y cuatro meses desde que se presentó el inventario, lo único que ha sido entregado en su totalidad son los dólares. Según la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la entidad que recibe lo que entregan las Farc, ya la antigua guerrilla entregó los USD 450.000 dólares que había puesto en el inventario. Lo otro que presenta un importante avance de entrega es el oro, del que se ha entregado más de la mitad de lo prometido, es decir, 252.500 gramos. De esos, 197.286 gramos fueron vendidos mediante una subasta el pasado 15 de diciembre en $40.630 millones, dinero que irá a la reparación de las víctimas.

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Sobre el resto de bienes de bienes de la lista, el porcentaje de entrega no supera el 20%, y en algunos casos es menor incluso al 5%, como en el caso de los muebles y enseres, los inmuebles, los vehículos y las cabezas de ganado. El tema de los inmuebles es uno de los puntos que más preocupa, pues apenas se han entregado efectivamente ocho de los 722 del inventario. En dinero en efectivo, de los $12.000 millones del inventario, Farc entregó $2.114.350.000 millones.

En cifras concretas, lo entregado hasta ahora entre dólares, oro, dinero en efectivo, semovientes, etc., suma alrededor de $44.000 millones. Es decir, del medio billón monetizable del inventario, solo se ha recaudado menos del 9%.

Hicimos esta tabla para que puedan ver qué ha entregado la antigua guerrilla y qué estaba incluido en el inventario:

¿Por qué se ha entregado tan poco?

El 23 de diciembre pasado, Pastor Alape, encargado por parte de la FARC para el tema de los bienes, acudió ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para explicar de forma detallada qué ha pasado con el proceso de entrega de los bienes y cuáles han sido los obstáculos. El exjefe guerrillero habló, en resumen, de dos tipos de dificultades: una de seguridad y otra jurídica.

En materia de seguridad, la antigua guerrilla sostiene que, como la situación en las regiones está tan delicada, les ha sido imposible acceder a las propiedades que ocuparon cuando estaban en armas porque al acercarse son amenazados o incluso asesinados. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió con el antiguo comandante de las Farc Mario Morales, quien fue asesinado cuando ejecutaba labores de ubicación de predios del inventario en el sur de Bolívar. Ese homicidio se lo atribuyó luego el Eln, que además hizo una amenaza directa a los exintegrantes de las Farc en la que advirtió que, de regresar al territorio por esos bienes, deberían atenerse a las consecuencias. Así nadie quiere ir a hacer el trabajo.

Pero este problema no se puede ver aislado, pues está atado a un reclamo importante que ha hecho la FARC y es que el Gobierno Nacional, a través de un decreto que emitió en agosto de 2017, les cambió las reglas de juego y estipuló que el deber de custodiar los bienes hasta que la entrega se hiciera realidad era de las antiguas Farc. Como quien dice, no sólo entregan sino que también los cuidan.

Según FARC, su responsabilidad llegaba hasta entregar la información de los bienes para que el Gobierno los recuperara y garantizara su custodia. Detrás de eso hay dos argumentos: primero, el Estado tiene con qué hacer eso y segundo, sin armas ellos son particulares que no tienen cómo defender las cosas en caso de que alguien quiera quedárselos, como ya ha sucedido.

Pero el Gobierno dice que no, no y no asumirá semejante responsabilidad. Según Emilio Archilo, consejero para la Estabilización y encargado de este asunto, la información entregada por los excombatientes es demasiado vaga y eso no permite realmente la identificación de los bienes, así que el Estado no puede custodiar lo que no conoce ni han sido identificado.

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En el tema jurídico, el lío es peor. El partido FARC ha expresado que hay varios asuntos que tienen que resolverse para materializar la entrega de los bienes, específicamente de los inmuebles. Primero, reclama que el patrimonio autónomo en el que el Gobierno debería depositar lo que entrega la exguerrilla aún no existe. Básicamente, se trata de un fondo en el que se reciban los bienes, se administren y se gestione el dinero que salga de ellos para que luego, a través de ese fondo, salga la plata directamente para las víctimas del conflicto.

Según los exguerrilleros, este paso es necesario para que sus bienes sean gestionados y puedan tener la certeza de que irán a la reparación de las víctimas. Sin embargo, en la audiencia de Pastor Alape ante la JEP, la Procuraduría argumentó que eso no puede ser excusa para no entregar los bienes y de hecho dijo que ese patrimonio ya no debería crearse, sino que debería ser la misma SAE la que se encargue de la administración de los bienes, como lo ha venido haciendo.

Otras de las grandes dificultades es que aún no se han hecho unos ajustes a las normas que permitan recibir bienes inmuebles sobre los cuales haya oposiciones en la tenencia, aquellos que tengan gravámenes o aquellos cuyos propietarios no aparezcan. En otras palabras, bienes que no están al día con todos los papeles, tienen problemas con los certificados de tradición y libertad o la matrícula inmobiliaria, entre otras. Pongamos un ejemplo: el 95% de los predios están en áreas de reserva por lo cual la SAE no puede recibirlos al no poder monetizarlos.

Debido a esos rollos jurídicos, hoy hay 244 inmuebles plenamente identificados, pero solo 8 cumplen con los requisitos exigidos por ley. Esos predios suman alrededor de 90.000 hectáreas y tendrían un costo aproximado de $100.000 millones. Miren este caso: existe un predio en Godó (Antioquia) que FARC entregó, pero que la SAE no pudo recibir porque tenía anotaciones en el certificado de tradición que no dejaban que fuera transferido al Estado. Una situación que es común a muchos bienes pues, dice la exguerrilla, hicieron parte de una economía de guerra, de un grupo al margen de la ley. No se puede esperar, entonces, que todos los bienes estén saneados y con las condiciones jurídicas al día.

No todo lo que estaba en el inventario se va a entregar

Si bien los porcentajes de entrega en varios elementos aún son bajos, ya hay varios de ellos que se dieron por cerrados. Por ejemplo, el dinero en efectivo. De los más de $12.000 millones reportados en el inventario, solo se han entregado $2.114.350.000 y el resto, según certifica la SAE, no será entregado. Es decir, esa platica se perdió. Algo similar ocurre en el caso de las cabezas de ganado: de 24.456 reportadas, 17.533 no serán entregados. Así que el partido debe entregar 6.694 unidades. De ellas solo ha dado 229.

¿Qué pasó con lo que se perdió? Según le dijo Pastor Alape a la JEP, la situación de seguridad en los territorios causó que buena parte de eso se la robaran o se perdiera. Por ejemplo, los bienes y el dinero ubicados en el municipio de Ituango se dieron por perdidos debido a la presencia de los armados en el territorio. “No se recogieron todos los bienes, pero con la SAE se tomó la decisión de dar eso por cerrado”.

Una situación similar también podría pasar en el sur de Bolívar luego del homicidio de Mario Morales y la amenaza explícita del Eln. Según el exjefe guerrillero, en las regiones del Catatumbo, Nordeste antioqueño, Bajo Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guaviare, Arauca y en los municipios de Uribe y La Macarena en el Meta también han enfrentado dificultades de seguridad.

Sin embargo, esos argumentos también tienen al Gobierno furioso, porque las cosas, la plata ni los animales se pueden perder de un día para otro, según criticó el consejero Archila, quien además exigió explicaciones más concretas.

Activos que no se pueden monetizar

Desde el partido FARC se ha insistido en que se acoja como parte de los bienes para reparar a las víctimas cosas que no necesariamente se pueden monetizar. En particular, 3.753 kilómetros de vías terciarias construidas por ellos cuando estuvieron en armas, por ejemplo, entre San Vicente del Caguán y La Macarena, o en las veredas del Sumapaz.

O también lo que han denominado inversión social, en materia de salud, acueductos y escuelas, que sumaría unos $8.484 millones. Eso no lo puede monetizar la SAE y no es clara la forma en que ese tipo de cosas podrían traducirse en reparación para las víctimas de la guerra.

¿Y ahora?

Como lo más importante en todo esto son las víctimas, aunque el plazo esté vencido la SAE continuará recibiendo lo que la exguerrilla vaya entregando. El consejero Archila le dijo a Colombia2020 que lo que hará el Gobierno es entregar un reporte del proceso a la Fiscalía y a la JEP para que sean esas entidades las que determinen las responsabilidades individuales o colectivas del incumplimiento. También enviará informes a instancias que monitorean la implementación del Acuerdo como Naciones Unidas, el Cinep y el Instituto Kroc, “para que hagan los llamados de atención correspondientes”.

Desde el lado de Farc han pedido que el acompañamiento y el trabajo conjunto con la SAE continúe, para seguir yendo a los territorios detrás de las propiedades. Igualmente, que el proceso también lo acompañe la Misión de Verificación de la ONU con la que se pueda construir una hoja de ruta que permita concluir con la entrega total de los bienes. Y de igual manera han insistido en que se cree el patrimonio autónomo que permita finalmente entregar el dinero que salga de los bienes a las víctimas de la guerra.

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