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Uno de los compromisos de la extinta guerrilla de las Farc, fijado en el Acuerdo de Paz con el Estado colombiano, es la entrega de todos los bienes que adquirieron durante el conflicto armado, con el objetivo de reparar a las víctimas. El plazo máximo que fijó el Gobierno nacional para su cumplimiento fue el pasado 31 de julio, pero por culpa de la pandemia se tuvo que extender hasta este 31 de diciembre.
Lo cierto es que hoy los exguerrilleros no harán dicha entrega y culpan al Ejecutivo de imponer fechas arbitrariamente, desconociendo cronogramas pactados con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que los recibiría. Por su parte, Emilio Archila, consejero para la Estabilización y la Consolidación, advirtió que solo establecieron tiempos a una responsabilidad y que cuatro años es suficiente tiempo para haber hecho la tarea. Ahora esperan resolver el problema en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En 2017, cuando dejaron las armas, las Farc también le entregaron a la Misión de Verificación de las Naciones Unidas el inventario de sus pertenencias. En ese entonces, se desató una polémica porque los excombatientes incluyeron desde lingotes de oro, dólares, semovientes, inmuebles, caletas y equipos hasta ollas pitadoras, molinos para hacer chocolate, traperos, escobas y obras como mejoramientos de acueductos, canchas de microfútbol y carreteras.
De eso, según Archila, solo se ha podido monetizar alrededor de $44.000 millones, una suma irrisoria para el medio billón de pesos que se esperaba recaudar y monetizar para las víctimas, según lo reportado. Cabe recordar que otro medio billón que se también se reportó corresponden a carreteras, adecuaciones y hasta jornadas de vacunación que, para Farc, fueron importantes para las comunidades, pero por vacíos jurídicos no son monetizables.
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De acuerdo con la SAE, se han recibido hasta diciembre de 2020: 2.000 millones en dinero en efectivo, 450.000 dólares, 2.540 gr. en joyas, 252.500 gr. en lingotes de oro, 229 semovientes, 1.820 muebles y enseres, 8 inmuebles y 4 vehículos. Pero aún falta que las Farc entreguen 172.500 gramos de oro, 6.694 semovientes, 34.720 muebles y enseres, 507 inmuebles y 156 vehículos.
Hasta hoy las partes se culpan entre sí por el incumplimiento. Pastor Alape, exjefe de las Farc, quien es el encargado del inventario elaborado por la insurgencia, la semana pasada señaló ante la JEP, entidad a la que acudió para resolver los inconvenientes con el Gobierno, que el cambio de las reglas de juego por parte del Gobierno nacional los llevó a retrasarse.
El Decreto 903 de 2017, que reglamentó la entrega, decía que las Farc debían brindar la información necesaria para que el Estado pudiera asumir la recuperación de los bienes. Sin embargo, luego se expidió, según el excombatiente de manera unilateral, el Decreto 1407 del 24 de agosto de 2017, en el que se estableció que “los exintegrantes de las Farc debían garantizar la entrega material de cada bien incluido en este y responderán por su cuidado e integridad hasta el momento en que se realice dicha entrega material”.
El Gobierno se ha defendido de estas acusaciones. El consejero Archila explicó que la información del inventario es demasiado ambigua y por eso el Gobierno no pudo asumir la recuperación o la custodia de bienes que no están identificados. El funcionario insistió en que esa es responsabilidad de las extintas Farc, que en estos cuatro años ha tenido tiempo suficiente para adelantar esta labor: “Esta es una obligación del Acuerdo y en un comienzo ni siquiera tenía plazos. Cuando una obligación surge sin un plazo es exigible inmediatamente. Pensamos que ya se había cumplido un plazo más que razonable”.
Otro de los problemas por los que, según Farc, no han logrado reunir todos los bienes son las amenazas contra los exguerrilleros. Como ejemplo de esa grave situación mencionó el asesinato del excomandante de las Farc Mario Morales, en septiembre de este año, a manos del Eln mientras ejecutaba labores de verificación de predios para entregar al Gobierno.
Por otro lado, la entrega formal de los bienes a la SAE también ha sido un lío. De acuerdo con Pastor Alape, primero hubo un problema de comunicación del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Martha Lucía Olano, al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, en la que sostenían que no era posible emplear dineros públicos en actividades que legalmente no les están autorizadas. Así que la SAE durante un largo tiempo careció de recursos para las gestiones necesarias en la recepción de los bienes y las misiones en los territorios.
A lo anterior hay que sumarle la disputa jurídica entre a Fiscalía y la JEP sobre quién era la entidad idónea para adoptar medidas cautelares sobre los bienes que han sido incautados. La Corte Constitucional declaró que era el ente investigador. Pero en este caso, el alto tribunal dejó claro que los bienes a los que se les extinga el derecho al dominio por relación comprobada con las Farc deben destinarse al Fondo para la Reparación de Víctimas, es decir, no se usarán para sufragar gastos del Estado, como usualmente sucede.
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Archila rechazó ambos argumentos y resaltó que, atendiendo los reclamos de los exguerrilleros, dispusieron de una logística con el Ministerio de Defensa e incluso con el Ministerio de Salud, para también garantizar la recuperación de los bienes: “Lo hemos hecho todo. Hasta pedimos más recursos para que la SAE tuviera las capacidades logísticas, a la fuerza pública le exigimos acompañamiento y al Ministerio de Salud, implementos de protección para evitar contagios”.
Como resultado del abandono de los bienes en ese lapso y el retraso, el partido FARC denunció que muchos de ellos han sido objeto de hurto, pérdida, deterioro o apropiados por grupos armados ilegales. Como ejemplo de ello, mencionó los 24.456 semovientes reportados en el inventario. Hoy no cuentan con todas las cabezas de ganado y solo se han podido entregar 229. El Gobierno, de nuevo, controvirtió esta versión y cuestionó que de un momento a otro las cosas se pierdan.
Archila le contó a Colombia 2020 que el siguiente paso del Gobierno será entregar un reporte a la Fiscalía y a la JEP, para que sean ambas entidades las que determinen las responsabilidades individuales o colectivas del incumplimiento. También enviarán informes a las instancias internacionales, como Naciones Unidas, y a organizaciones como el CINEP y el Instituto Kroc, que siguen de cerca la implementación del Acuerdo, “para que hagan los llamados de atención correspondientes”.
Aunque el plazo ya esté vencido, agregó el consejero, la SAE deberá recibir los bienes que las extintas Farc vayan entregando. En el caso de los que no fueron reportados en el inventario, el consejero señaló que ya se han extinguido sus dominios y con eso se ha reparado a las víctimas, tal y como lo estipuló la Corte Constitucional: “Lo que queremos que quede claro es que con o sin ellos nuestra labor de indemnizarlas continuará”. Sin embargo, aún no se han tomado decisiones con los bienes recaudados, hasta el momento, por la SAE.
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Pastor Alape, por su parte, afirmó que el partido FARC no pretende eludir su responsabilidad, pues “la entrega de información y la materialización de los bienes son una condición importante para predicar el cumplimiento del Acuerdo y con las víctimas”. También reiteró que su compromiso es con la paz, que está por encima de “de las pretensiones perversas de cualquier funcionario del Gobierno, que trata de asustarnos con ultimátums establecidos unilateralmente”, y prueba de ello son los pasos que han dado.
“Hemos cumplido con la información sobre los recursos que constituyeron nuestra economía de guerra. Hemos entregado 390 toneladas de armamento, que es la primera acción reparadora. También hemos dispuesto $44.000 millones, que incluyen lo de la subasta del oro. Hemos dispuesto la información de 134 kilómetros de vías terciarias en La Macarena, además de 29 inmuebles baldíos”, resaltó el exjefe guerrillero.
El partido FARC espera la respuesta del Gobierno a la propuesta de un espacio de trabajo conjunto donde se acojan las propuestas presentadas ante la JEP para agilizar la entrega y se continúe con el acompañamiento institucional. Sin eso, advirtieron sus miembros, es imposible lograr este objetivo del Acuerdo de Paz.
Y un paso importante es que se construya el patrimonio autónomo para depositar todo lo entregado por la exguerrilla y después destinarlo a reparar a las víctimas. Hasta ahora, todo ha quedado en poder de la SAE, pues aún falta regular un trámite para las oposiciones que se presenten, reglamentar la ruta para los bienes que no son susceptibles de transferirse al Patrimonio Autónomo – que no son monetizables – y el camino para los bienes en estado de deterioro.