Amenazan a Leyner Palacios, líder de Bojayá

El líder, que perdió a más de 28 familiares en medio de la masacre del 2002, recibió una amenaza por medio de la cual le exigen salir de Chocó en las próximas horas. Ha denunciado que la presencia de actores ilegales persiste en el territorio.

Leyner Palacios ha dicho en varias ocasiones que la situación de debilidad institucional en el Chocó no ha cambiado con el Acuerdo de paz. /Mauricio Alvarado - El Espectador

La representante a la Cámara por Bogotá María José Pizarro denunció en su cuenta de Twitter que Leyner Palacios, líder de Bojayá (Chocó), fue amenazado de muerte. Desconocidos le habrían exigido abandonar el departamento en dos horas o de lo contrario atentarían contra su vida. “O se va o lo matamos”, fue la frase para amedrentarlo por sus denuncias sobre la presencia de grupos armados en ese municipio. Ante estos hechos, la congresista Pizarro exigió a las autoridades garantías y protección para Palacios. 

Palacios, quien perdió 28 familiares en la masacre de Boyajá, perpetrada por las Farc en 2002, fue uno de los líderes de la comunidad que denunció una incursión paramilitar en el corregimiento de Pogue el pasado 31 de diciembre. La llegada de hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) generó el confinamiento de los habitantes de la zona. Actualmente, la región es el escenario de una guerra por el control territorial que libran ese grupo armado y el Eln.

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La Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, organización de la que Palacios es secretario ejecutivo, rechazó las amenazas contra el líder: "Reclamamos, como se ha estado haciendo de forma reiterada, al Presidente Iván Duque, que se comprometa de manera efectiva con la implementación del Acuerdo de Paz, el cual contempla medidas y compromisos por parte del Estado Colombiano para erradicar los grupos paramilitares". 

Asimismo, esta organización hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que eleve las medidas de seguridad del líder y a la Fiscalía General de la Nación, "que se investigue el escenario de conflicto armado que está poniendo en riesgo a las comunidades de Bojayá y específicamente la amenaza contra Palacios".

Si bien el Ministerio del Interior aseguró que la situación en Pogue es de absoluta tranquilidad y que la Fuerza Pública tiene bajo control el territorio, lo cierto es que la población teme por posibles represalias. Dicha cartera se reunión con el líder social y según Daniel Palacios, ministro (e), se fortalecieron las medidas de protección para que ejerza su labor en el territorio. "Ningún bandido le va decir a un líder social qué puede y que no hacer", agregó el funcionario. 

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz, el Eln y las Agc se pelean por el control territorial, tras la salida de las extintas Farc. En estos momentos hay una misión de verificación en la región, conformada por Ariel Palacios Calderón, gobernador del Chocó; la Unidad de Víctimas; el general Jorge Vargas, director de Seguridad Ciudadana; el Ejército y la Unidad Nacional de Protección.

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La presencia de grupos armados no ha sido la única denuncia de Palacios. Desde que se firmó el Acuerdo de Paz ha pedido su implementación urgente en Bojayá: "Estos son momentos difíciles para las comunidades que más hemos sufrido con el conflicto armado. La zozobra y la incertidumbre se han instalado en el Chocó y el Pacífico. Son momentos difíciles para el país. No obstante, es hora de luchar con tenacidad y no aflojar hoy que la paz es atacada desde tantos frentes. Debemos rodear los acuerdos de La Habana, exigir su implementación, profundizar en las reformas estructurales que posibiliten una paz completa que además incluya a otros grupos como el ELN", escribió en una columna de este periódico en septiembre del año pasado

Justo en ese último punto ha insistido desde que se adelantaban las negociaciones con esta guerrilla en Quito (Ecuador), en el gobierno de Juan Manuel Santos: "Creemos que el diálogo es la única salida para este conflicto de más de 50 años y le apostamos a ello porque estamos convencidos de que es la esperanza de una mejor vida para nuestros hijos y para las futuras generaciones".

Y no sólo se ha preocupado por la paz sino que también ha exigido una presencia integral del Estado en Chocó. Actualmente, este municipio carece de agua potable, de luz eléctrica las 24 horas y constantemente están desabastecidos. Solo para llegar a Bojayá hay que tomar una lancha rápida desde Quibdó, que tarda entre cuatro y seis horas, y tiene un costo de 80.000 pesos el trayecto, un precio para una población que es mayoritariamente pobre. 

También, en reiteradas ocasiones, se ha referido a las amenazas contra los líderes sociales que se atreven a denunciar: “A pesar de la firma del Acuerdo de Paz, hoy nuestra lucha como líderes sociales se sigue desarrollando en territorios donde aún continúa el abandono institucional y persiste el conflicto. Y esas luchas tienen su justificación en la medida en que estas dos situaciones estén ahí latentes y amenazando la vida de las comunidades. Si bien para uno es gratificante que haya el reconocimiento de nuestra labor, a la vez es lamentable que, por el otro lado, haya una arremetida violenta contra la vida de los líderes y defensores de derechos humanos, sobre todo en el Pacífico colombiano. Una situación triste y preocupante, pues estamos hablando de que cada tres o cuatro días se está asesinado a uno o dos de esos líderes o a quienes son autoridades étnico-territoriales", aseguró en una entrevista para El Espectador.

(Vea: “Esperamos que la JEP abra la puerta a verdades”: Leyner Palacios, líder de las víctimas de Bojayá)

Leyner Palacios también trabajó en el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, una organización que duró más de 17 años luchando por la entrega digna de más de 80 cuerpos de la masacre de Bojayá. Hoy le hace seguimiento a la mesa técnica con entidades del Estado para que se busquen los 10 cuerpos que siguen desaparecidos por este hecho.

Hace dos años Palacios fue galardonado con el Premio Mundial por el Pluralismo, por su labor en la lucha por los derechos de las víctimas del conflicto en el país.

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