Desaparecidos en zona rural de Cúcuta: ¿qué pasó con Alberto Martínez e Iduar Loaiza?

Familiares desaparecidos en zona rural de Cúcuta

Foto: Jose Vargas Esguerra; El... - Jose Vargas Esguerra

Por los estragos que dejó la pandemia, Alberto Martínez Aguilar perdió su trabajo como conductor de bus y decidió invertir en una camioneta Hylux, Toyota, modelo 1995 de color blanco. No era nueva, pero le servía para llevar trasteos y acarreos, y así ganarse la vida, porque en otros lugares ya no lo contrataban a sus 58 años. Le estaba yendo bien hasta que una persona le pidió, a través de Facebook, que fuera a Palmarito, corregimiento de la zona rural de Cúcuta, el 1º de marzo para recoger una moto, un tanque y una nevera.

No era la primera vez que alguien lo contactaba por este medio, así que agendó a la persona. Dijo que se llamaba Camilo Díaz, envió su cédula y mandó su dirección. Alberto salió a las 11:00 a.m. con Iduar Loaiza, un primo que le ayudaba en el negocioy que ese día reemplazó al hijo de Alberto que lo iba a acompañar, pero se le presentó un problema. A las 3:00 p.m. debían ya estar en casa, como le comentó a su esposa. Pero a la 1:30 p.m. ella recibió una llamada de un hombre que aseguró ser miembro de la guerrilla del Eln que le pedía $20 millones por la liberación de Alberto e Iduar. Desde entonces su familia desconoce el paradero de ambos.

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“Ese hombre le dijo a mi mamá que tenía 10 minutos para conseguir ese dinero y le colgó. Luego hizo una segunda llamada. Mi mamá le dijo: ‘Señor, nosotros no tenemos esa suma. Es imposible conseguirla en diez minutos’. Y él le respondió: ‘Vieja rebelde, por culpa suya le voy a matar a su marido’. Empezó a insultarla y le colgó”, cuenta Olga Juliana Martínez Carrillo, hija de Alberto.

En una tercera llamada, a los 20 minutos, el hombre volvió a insistirle que cuánto dinero tenía para darles. “Mi mamá le dijo que solo tenía $60.000. Y el tipo se enfureció: ‘Ah, bueno, perfecto. Entonces tocó matarlos. ¡Mátenlos, mátenlos!’ Y aparentemente sonaron dos disparos”.

Después de eso varios miembros de la familia empezaron a llamar a los celulares de Alberto e Iduar. Insistieron tantas veces, que al fin contestaron a la hora. Olga Juliana relata que respondió Iduar, quien les dijo: “Pelaos, aquí no encontramos ninguna moto”. Les pidieron que regresaran cuanto antes, pero al fondo de la conversación escucharon a unos hombres que les preguntaban: “¿Ustedes quiénes son? ¿Qué hacen acá? ¿Quién los mandó a venir?”. Colgaron de nuevo.

En una quinta llamada, Alberto les pidió a sus hijos que le enviaran las fotos de la empresa “para que esta gente se dé cuenta que nosotros nos dedicamos a los trasteos”. Cuando Olga Juliana intentó comunicarse de nuevo le respondieron, pero solo se oía un silbido. Luego le pasan a su padre, quien solo dice “hola, hija”, y colgaron de nuevo. Desde entonces no volvieron a responder y hasta hoy el celular lleva al “sistema correo de voz...”.

Desesperada, la familia intentó contactar a la persona de Facebook que había pedido el servicio, sin embargo, ya los había bloqueado. Se fueron hasta el Gaula de la Policía a reportar el hecho y tampoco los atendieron con la excusa de que no era un secuestro y que tampoco cumplía con el tiempo de las 72 horas para declararlo como desaparecido, aunque esa condición haya salido de la reglamentación colombiana hace décadas. El Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) es un trámite que no exige un tiempo determinado. “Y esto es solo el principio de la travesía. Luego nos fuimos al Batallón del Ejército en Cúcuta. Un coronel nos dijo que no podían meterse porque ya habíamos reportado al Gaula”, asegura Olga.

En vista de que nadie los quería ayudar, al menos 30 familiares decidieron ir el 3 de marzo hasta Palmarito, donde testigos de la zona afirmaron que vieron la camioneta. Pero antes tuvieron que pedir permiso, a través de los líderes de la región, para que los grupos armados les permitieran buscarlos. “Nos fuimos a recorrer toda esa zona rural: Puerto León, Palmarito, Banco de Arena. Visitamos la cantidad de fincas abandonadas, a otras fincas arroceras. Los buscamos por todo lado, le preguntábamos a la gente”.

En Palmarito les dijeron que la camioneta estaba incinerada a 10 minutos del cementerio de Banco de Arena. Se fueron hasta allá y la encontraron. “Le tomamos fotos y se las llevamos a la Policía que estaba en el corregimiento para que nos ayudaran. La persona que me atendió dijo que él lo sentía mucho, pero que hasta allá no podían ir porque era una zona peligrosa, un campo minado, con francotiradores”. Olga Lucía abre los ojos y recalca: “Increíble, pero quienes nos deben cuidar o ayudar no lo hacen”.

El jueves 4 de marzo fueron hasta la Fiscalía, donde interpusieron la denuncia. Se enteraron por el investigador que solo hasta el 19 de marzo fueron a ver la camioneta a Banco de Arena. Y el 20 pudieron contarle al funcionario la historia. “Él nos dijo que es una modalidad carcelaria de extorsión que nos intentaron hacer, pero que estaba sorprendido porque es el único caso en el que las personas no han vuelto en esa modalidad de estafa“.

Lo que saben hasta ahora es que la sim card de donde llamaban los secuestradores era prepago, es decir, no estaba registrada, y que la llamada extorsiva salió de la cárcel de Cúcuta. También se verificó que la cédula que había enviado la persona que pidió el servicio a través de Facebook es de un hombre de Medellín, a quien le robaron el documento.

Al principio la gente de Palmarito les ayudó a buscarlos. Les aconsejaron que insistieran con las autoridades, porque Alberto e Iduar estaban allá y varios los vieron. Incluso hablaron de que “los tenían en una finca, amarrados a un árbol y que los bajaron al río”. No saben qué pasó, pero desde el 5 de marzo nadie les contesta. La última información que les llegó a finales de marzo es que no buscaran más “porque los mataron”.

Dos habitantes de Palmarito, quienes prefieren no revelar su nombre, denuncian que fueron las Agc, el grupo paramilitar que llegó a la región en enero de este año, según denuncias de líderes y organizaciones de derechos humanos. Arribaron para aliarse con los Rastrojos y armar una guerra en contra de la guerrilla del Eln. Desde entonces, han aumentado los asesinatos, las masacres, las extorsiones, los desplazamientos y las desapariciones en la zona rural de Cúcuta. Una de las imágenes que más le sorprendió a las familias buscadoras “fue la cantidad de casas campesinas abandonadas”.

Aunque en Palmarito quisieron ayudar a la familia, la gente del pueblo fue amenazada. “Nos dijeron que nos quedáramos callados. A un venezolano que vivía en el pueblo nos tocó sacarlo porque estaba hablando del caso por todo lado. Las Agc llegaron a sacarlo y todo el pueblo lo defendió. Y nos advirtieron que si no queríamos que nos pasara lo mismo, pues que no habláramos más del tema”, detalla una fuente.

Palmarito es un corregimiento que, desde 2013, se declaró como zona de paz donde no pueden entrar grupos armados legales e ilegales. Con este caso, y otros más, reina la ley del silencio porque temen que las Agc no respeten su decisión de mantenerse al margen del conflicto y se tomen el corregimiento. “La guerra que vivimos allá es muy dura y lo grave es que si llega alguien que esos grupos no conoce, los matan. Creen que son “sapos” y ni siquiera averiguan quiénes son”, agrega otra persona.

En julio del año pasado, ocurrió una historia similar. Cuatro personas que se dirigían a Tibú fueron a visitar a un familiar y a la altura del corregimiento de Banco de Arena, a una hora y media de Cúcuta, desaparecieron. De acuerdo con las investigaciones, los viajeros fueron abordados por hombres armados. La gente del pueblo asegura que se los llevaron también porque nunca avisaron que iban para allá. A los dos días, dos de ellos aparecieron desmembrados en costales.

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Las familias de Alberto e Iduar creen que se “los llevaron a la boca del lobo”. “De pronto sí los querían mandar a un lugar donde la señal fuera pésima, para que mientras pudieran cobrar la plata. El problema, creemos, es que mi papá y mi primo se encontraron con un grupo armado allá”, dice Olga. Hasta ahora las autoridades desconocen lo que pudo haber sucedido. Este diario intentó comunicarse con el Gaula y la Fiscalía, pero al cierre de esta edición no fue posible.

Mientras tanto, Olga Juliana expresa su preocupación por lo que está ocurriendo en Cúcuta: “Hay una inseguridad tremenda. Hoy me pregunto: ¿por qué tuvimos que pedir permiso para llegar a ese lugar? ¿Por qué no fue el Ejército ni la Policía cuando los buscamos? ¿Por qué ha pasado un mes y nadie hace nada? Esos hombres son los que mandan en ese lugar”.