Piden al Gobierno colombiano que reforme sus servicios de inteligencia

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El Latin America Working Group, junto con otras 23 organizaciones estadounidenses y colombianas, publicaron el informe “Protejan la paz en Colombia”, en el que hace un llamado a acelerar la implementación del Acuerdo de Paz.

En la última semana Colombia ha sido uno de los temas centrales en la agenda de los legisladores estadounidenses. Hace unos días, la Cámara de Representantes de Estados Unidos le pidió al Gobierno de Donald Trump que no destine recursos para financiar la fumigación de cultivos ilícitos en Colombia. A esto se le sumó que, también desde la Cámara, ya le están poniendo la lupa a las “chuzadas” del Ejército colombiano a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos.

A este espaldarazo internacional, se le suma el trabajo de 24 organizaciones estadounidenses y colombianas, (entre ellas el Latin America Working Group (LAWG), Caribe Afirmativo y Advocacy for Human Rights in the Americas) quienes construyeron y publicaron el informe “Protejan la Paz en Colombia”. Allí piden al Gobierno colombiano acelerar en la implementación de los puntos centrales del Acuerdo de Paz y, al Gobierno estadounidense, tener un papel diplomático y político más activo que abogue por la consolidación de la paz en Colombia.

Al Gobierno colombiano

Esta iniciativa exhorta a que el Gobierno de Ivan Duque implemente en su totalidad los puntos acordados en La Habana, como la reforma rural estructural, el capítulo étnico y las disposiciones de género. Frente a este tema, el representante del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), Ariel Palacios, aseguró que “el capítulo étnico de paz se encuentra paralizado con un 7 % de implementación. Como consecuencia, en los territorios afrocolombianos e indígenas el conflicto armado crece y la presencia del Estado es débil”.

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La urgencia de implementar los acuerdos también tiene un tema de fondo: abordar las desigualdades sociales y raciales de larga data en Colombia. Así lo aseguró Gimena Sánchez-Garzoli, directora de los andes, de la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA), quien además señaló que, “con el Acuerdo de Paz, Colombia tiene una herramienta que si se implementa correctamente, puede hacer una gran contribución hacia la construcción de una sociedad inclusiva, más democrática e igualitaria”.

Por su parte, representantes de organizaciones colombianas y americanas, como Cristina Espinel y Julio Idrobo, de Colombia Human Rights Committee, señalaron que “la implementación del punto uno del Acuerdo de Paz, ‘Reforma Rural Integral’, es crucial para la paz en Colombia. Los campesinos han luchado por muchos años por lograr esas reformas”.

Es más, en el informe también alertan el peligro que enfrentan líderes comunales, sociales, indígenas y campesinos que promueven proyectos económicos en sus comunidades y que hacen parte de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) previstos en el acuerdo. Aseguran además que, “las acciones del Gobierno han sido insuficientes y no han protegido a las personas que arriesgaron sus vidas por la paz. El costo de ello se ve reflejado en los más de 500 líderes sociales y defensores de los derechos humanos asesinados desde que la firma del acuerdo final”.

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El pecado original del recrudecimiento de la violencia en Colombia, aseguran, es el fracaso del Gobierno colombiano en llevar la presencia del Estado civil a los territorios desalojados por las extintas Farc. “Un fracaso que empezó con la falta de planeación para el posacuerdo del Gobierno Santos y se agravó con la deliberada falta de inversión para la implementación del Gobierno Duque”, concluye el informe.

Al Gobierno estadounidense

En “Proteger la paz en Colombia” el llamado al Gobierno de Donald Trump es a tomar un rol diplomático y político más activo en el apoyo al Acuerdo de Paz. “Estados Unidos debe alentar audazmente el pleno cumplimiento de los acuerdos de paz antes de que sea demasiado tarde”, aseguran las organizaciones.

De igual forma, y en línea con lo propuesto por la Cámara de Representantes, señalan que Estados Unidos no debería brindar apoyo ni asesoría militar a los programas de erradicación forzada o de aspersiones aéreas. “Los parámetros para medir el éxito de las iniciativas de la lucha antinarcóticos deberían dejar de ser el conteo de las hectáreas de coca y enfocarse, en cambio, en garantizar que los hogares puedan abandonar permanentemente la producción de coca para dedicarse a otras actividades económicas lícitas sostenibles”.

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Frente a esto también aseguran que continuar con las erradicación forzada “no solo debilitará el capítulo sobre políticas de drogas del acuerdo y la escasa fe que tienen los habitantes de las zonas rurales en el Gobierno, sino que además, perjudicará las posibilidades de lograr una política de drogas más sostenible”.

A pesar de que se reconocen la importancia del apoyo económico y la inyección de recursos al acuerdo, resaltan que el apoyo diplomático estadounidense para su implementación —al menos desde la Casa Blanca y el secretario de Estado— “ha disminuido drásticamente y ha sido reemplazado en gran parte por un enfoque casi exclusivo en la producción de drogas ilícitas y en la crisis en Venezuela”. Esta estrategia, aseguran, debe cambiar drásticamente y hacer un énfasis especial en la construcción del acuerdo de paz para darle fin a uno de los conflicto internos más antiguos de América Latina.

Asimismo, aseguran que el Gobierno de Estados Unidos debe instar al Gobierno colombiano para que lleve a cabo una reforma a fondo de los servicios de inteligencia, así como una revisión exhaustiva de la doctrina y el entrenamiento militar para garantizar que promuevan una comprensión adecuada del papel de la Fuerza Pública colombiana en una sociedad democrática y en tránsito a la reconciliación.

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Por último, debido al impacto que ha causado la pandemia en las comunidades y los obstáculos que ha generado para poner en marcha las actividades programadas, las organizaciones insisten en que es necesario actualizar el cronograma de las tres instituciones que conforman el Sistema Integral de Justicia Transicional, que nacieron del Acuerdo (Jurisdicción Especial para la Paz; Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y la Comisión de la Verdad), así como también, actualizar el de la implementación del Acuerdo de Paz en general.

Si desea conocer el informe completo, puede encontrarlo aquí.

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