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¿El conflicto armado influye en el desplazamiento intraurbano? ¿Qué tipo de amenazas se ciernen sobre las poblaciones en las ciudades? ¿Qué papel deben asumir las autoridades para enfrentar este fenómeno? Estas fueron algunas preguntas que se plantearon durante el primer panel del conversatorio Desplazamiento, salidas para una crisis que se asienta en las ciudades, que se desarrolla este jueves en la Universidad Javeriana de Cali en asocio con la Unión Europea, el apoyo de Acnur y Pnud y en alianza con la Friedrich-Ebert Stiftung (Fescol).
En vivo: Desplazamiento, salidas para una crisis que se asienta en las ciudades
El director de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, abrió el debate: aseguró que el desplazamiento que se vive en sectores como Terrón Colorado-Siloé (Cali), en la zona de Cazucá (entre Bogotá y Soacha, Cundinamarca) o en la Comuna 13 de Medellín no tiene una relación directa con el conflicto armado y que este fenómeno, en tal sentido, obedece a múltiples factores relacionados con economías ilegales, extorsión y falencias en los proyectos urbanísticos.
“Debemos ir avanzando es superando el tema del marco conflicto armado y entendiendo que hay otras dinámicas que causan que la población se desplace”.
Aseguró que se han identificado tres grandes modalidades de desplazamiento que, a su juicio, tienen otro tipo de causas. La primera tiene que ver con el desarrollo de “malos” proyectos urbanísticos. “Por ejemplo, está el caso de Palmira, en el Pacífico. El gobierno le ofreció a una serie de militares afectados por minas antipersonal una solución de vivienda a las afueras de Palmira y para llegar a ese barrio a usted fácilmente lo atracan cuatro o cinco veces. Meten a la gente en unos guetos terribles y luego la gente no puede salir, porque las pandillas se las come en atracos”.
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La segunda, indicó, se vive en la Comuna 13 de Medellín y se deriva de los problemas de extorsión. “Tienes que pagar dinero semanal y cuando tu hijo crece lo vinculan a un combo. Por otro lado, de las últimas 60 capturas en Medellín, en más de 40 hay venezolanos. Es población desamparada y son los combos los que empiezan a asumir eso”.
Aseguró que un tercer factor sí tiene que ver con el conflicto armado: cuando las estructuras buscan a los desplazados en zonas urbanas. “Hay una invisibilidad y desconocimiento, y por lo tanto no hay política pública”.
Por otro lado, Inge Valencia, investigadora del Icesi, aseguró que los fenómenos de desplazamiento intraurbano tienen fuertes relaciones con el conflicto armado y los fenómenos de desplazamiento y que se han reactivado en las ciudades, producto de rutas asociadas al narcotráfico y la explosión de economías ilegales.
Sobre este punto, Ávila aseguró que no veía cómo la disputa por economías ilegales se pueda denominar conflicto armado. “Hay temas de violencia muy complicadas, pero no son tema de violencia política. Es difícil considerar a la Oficina de Envigado como un actor de violencia política. Es un actor de violencia criminal que está relacionada con políticos y empresarios, pero no es un actor que promueva la relación de un Estado”.
Valencia respondió que no es posible hacer una misma lectura de lo ocurrido, por ejemplo, a finales de la década de los 90 con lo que sucede ahora en las ciudades. Si bien coincidió en que los actores no son, en su mayoría, los mismos, afirmó que se requiere entender la mutación del conflicto y los nuevos actores criminales. “La diversificación de actores, las formas de financiación y la relación que tienen estos reductos con criminalidad organizada y con provenir de una herencia que está ligada al paramilitarismo”.
“Hay un gran desafío para las autoridades para entender que no es lo mismo, pero no podemos hacer una borradura y creer que es un fenómeno nuevo. Hay unas herencias y dinámicas que hay que reconocer, como la pervivencia de otros actores”, agregó Valencia.
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Ávila, finalmente, insistió que el país tiene en el futuro tres desafíos concretos a los cuales les debe prestar especial atención: las economías ilegales (entre las que incluye el microtráfico); los planes de ordenamiento territorial (en los que se preserven los recursos naturales, pero que al mismo tiempo garanticen la producción económica de las familias campesinas), y la formalización económica (especialmente de la población venezolana).