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La comitiva era del más alto nivel. Estaban algunos de los industriales más importantes del país y las caras más visibles del empresariado antioqueño. Por citar algunos nombres: David Bojanini, presidente del Grupo Sura; Carlos Ignacio Gallego, presidente del Grupo Nutresa; Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos; Gonzalo Restrepo, expresidente del Grupo Éxito, y Azucena Restrepo, presidenta de Proantioquia, el tanque de pensamiento de los empresarios antioqueños. Los acompañaba Juan Luis Mejía, rector de la Universidad Eafit.
El destino del viaje era el espacio de reincorporación de la vereda Llano Grande, en el municipio de Dabeiba (Antioquia), donde hacen su proceso de reincorporación alrededor de 130 excombatientes de las Farc. El objetivo era oficializar un anuncio inédito: la entrega de un predio de 270 hectáreas para que los excombatientes desarrollen proyectos productivos por parte de seis de las empresas y una fundación vinculadas a Proantioquia.
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Se trata de un sector que ha sido afín al proceso de paz con las extintas Farc y que en ocasiones lo ha defendido públicamente. Incluso uno de sus miembros, Gonzalo Restrepo, integró la delegación del Gobierno para los diálogos en La Habana, y otro de ellos, David Bojanini, hace parte del Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad. El anuncio de la entrega del predio a los excombatientes es en realidad el resultado de un proceso que venía cocinándose hace varios meses, en el que se buscaba concretar el apoyo de grandes empresarios a la implementación del Acuerdo Final firmado con las Farc.
Para algunos de los empresarios vinculados a esta iniciativa en Dabeiba, el acompañamiento de ese sector empresarial antioqueño a la paz viene desde 2015, cuando Gonzalo Restrepo fue designado por el entonces presidente Juan Manuel Santos en la delegación del Gobierno en los diálogos de La Habana, que ya ajustaban casi tres años.
Hacia la etapa final del proceso de negociación, Proantioquia fue una de las entidades que promovió la creación del Consejo Empresarial por la Paz, donde también participó la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), y desde allí se tenía interlocución directa con el Gobierno Nacional en materia de paz. “Una vez inicia este nuevo Gobierno, nosotros fuimos esperando cómo se configuraba la nueva arquitectura institucional para la paz, que se fue materializando en la Consejería para la Estabilización y la Normalización, y a través de esa entidad fuimos gestionando una participación más directa”, dice Azucena Restrepo, presidenta de Proantioquia.
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De acuerdo con Restrepo, una de las primeras acciones emprendidas desde ese gremio por la implementación de la paz está directamente vinculada a la región del Bajo Cauca antioqueño, cuyos municipios conforman una de las 16 zonas donde se implementan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Allí han venido acompañando la puesta en marcha de las iniciativas que quedaron en esos programas, pero su intervención se ha visto limitada debido a la informalidad de la tierra, para lo cual, dice, es fundamental que se implemente el catastro multipropósito estipulado en el Acuerdo y que el Estado tenga una presencia más fuerte en la región.
Pero, además de esos acercamientos en el Bajo Cauca, el de Dabeiba es el primer paso concreto y palpable que el gran empresariado ha dado para la implementación del Acuerdo, sobre todo en el tema de la tierra que ha sido neurálgico para la consolidación de la paz. Así lo ve Gonzalo Restrepo. “El empresariado ha discutido mucho alrededor del tema, pero me parece que, como en los negocios, están los estudios y la teoría, pero hay un momento en el que hay que estar más cerca de la realidad, como uno hace con los mercados, meterse allá”.
El predio que se pondrá a disposición de los excombatientes llega a deshacer uno de los nudos más difíciles para la reincorporación de los antiguos guerrilleros: la tierra para trabajar. En el espacio de reincorporación de Dabeiba, por ejemplo, quienes allí hacen su tránsito a la legalidad están reducidos a un predio de 10 hectáreas donde armaron el caserío, pero donde no tienen terrenos para ejecutar proyectos productivos. Por eso, en mayo de este año, cuando empresarios de Proantioquia visitaron el espacio, el mensaje que recibieron de los exguerrilleros fue claro.
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“Fue una reunión muy sincera y muy directa, y ahí expresamos lo que hemos expresado siempre: que tenemos una necesidad de tierra para nosotros laborar y construir nuestro entorno, porque nos sentíamos como un pueblo paria”, afirma Luis Arturo Garcés, o Harrison, uno de los coordinadores del espacio de reincorporación.
La tierra que van a comprar estas seis empresas —Postobón, Grupo Sura, Grupo Nutresa, Bancolombia, Grupo Argos y Corbeta— y la Fundación Fraternidad Medellín, con un aporte de $2.000 millones, es un predio de 270 hectáreas ubicado en cercanías del espacio de reincorporación, en Llanogrande, cuyo futuro ya está más o menos definido.
Lo primero es que, una vez oficializada la compra a su propietario —el próximo martes hay una reunión en Proantioquia con ese fin—, el predio no pasará inmediatamente a ser propiedad de los excombatientes. Según explica Emilio Archila, consejero para la Estabilización, quien ha coordinado la intervención de los empresarios, lo que se ha acordado hasta el momento es que la tierra pase a una fiducia, que queda en cabeza de la Fundación Salvaterra, entidad que acompañará todo el proceso productivo de los exguerrilleros y luego, una vez esté garantizado que los proyectos allí ejecutados sean sostenibles, será titulada a las cooperativas de los exguerrilleros de las Farc. Así quedará por escrito en un documento que suscribirán los excombatientes, el Gobierno y los empresarios.
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David Villegas, director de la Fundación Salvaterra, explica que esa transición es un paso necesario para garantizar que el modelo agropecuario y asociativo que se implemente en el predio sea realmente sostenible a largo plazo. “No es simplemente entregar un predio y ya, porque la experiencia nos ha mostrado que ese es un modelo que no va a funcionar”.
Lo segundo es cómo usar el terreno. De acuerdo con lo estipulado por Corpourabá, el 70 % del predio (190 hectáreas) será destinado a proyectos productivos. Por el momento se contempla que allí se ejecutarán al menos tres: uno de ganadería —que los excombatientes ya tenían aprobado, pero no tenían la tierra para ejecutarlo—, uno de cacao y otro de plátano. Sin embargo, es algo que no está completamente definido y es susceptible de cambio, en tanto la Fundación Salvaterra, desde la parte técnica, emita un concepto sobre su sostenibilidad a futuro, tras una concertación con los exguerrilleros.
“Hay miles de excombatientes que han demostrado su voluntad de reincorporarse a la sociedad y debemos brindarles oportunidades reales para que construyan, junto con sus familias, una nueva forma de vida dentro de la legalidad y de manera sostenible. Más allá de proveer una tierra está el compromiso de acompañar, con asesoría técnica, los proyectos productivos sostenibles, además de la búsqueda de mercados para colocar luego sus productos”, sostiene David Bojanini, presidente del Grupo Sura.
El otro 30 % del predio está destinado a la conservación de la biodiversidad que existe en esa tierra, donde va a jugar un rol fundamental la universidad Eafit, que ya tiene un antecedente en trabajo con excombatientes y naturaleza. A comienzos de año, en Anorí, donde hay otro espacio de reincorporación, ese centro educativo lideró una bioexpedición en la que participaron 12 exguerrilleros.
“Creemos que estos excombatientes tienen un saber que no se ha usado, que es el conocimiento del terreno, entonces se hizo una expedición científica en la que ellos fueron los guías, pero a su vez se fueron capacitando en temas científicos y de allí surgieron 12 nuevas especies para la ciencia, tanto animales como vegetales. Algunas orquídeas, una palma, algunos roedores, por ejemplo”, cuenta Juan Luis Mejía, rector de Eafit.
La idea entonces es replicar ese modelo de ecoturismo en el 30 % del predio que está en reserva natural. Para ello se está presentando a Colciencias la propuesta de bioexpedición. “Hoy, el turismo de naturaleza es una de las fuentes de ingreso más activas de turismo en el mundo y Dabeiba es privilegiado porque está ubicado en un área cercana al Chocó biológico, conectado con la cordillera Occidental, con el nudo de Paramillo. Tiene todas las ventajas”, agregó Mejía.
Para los exguerrilleros de Dabeiba, el paso es fundamental. “Para nosotros, ese predio significa mucho porque es el acceso a la tierra, es hacer lo que nosotros creemos que es lo conveniente, no solo para nosotros, nuestras familias, nuestro futuro, sino que es un paso decisivo en este proceso de construir tejido social, de ayudar de una u otra forma a la pacificación del país. No es lo mismo tener a una cantidad de hombres y mujeres trabajando, cuidando el ganado, sembrando plátano, yuca, cultivando cacao, a que estos mismos hombres y mujeres estén por ahí andando para un lado y para otro con morral y echando bala. Prácticamente consideramos que ahí esta nuestro futuro”, sentencia Harrison.
Los empresarios, por su parte, aseguran que el paso dado en Dabeiba debe replicarse con urgencia en otros territorios del país. “Las empresas, si queremos ser agentes de cambio, también estamos llamadas a fortalecer la institucionalidad del Estado. Hay muchas oportunidades de contribuir y tenemos el compromiso para hacerlo: desde aportar conocimiento en el diseño de las políticas públicas, hasta la disposición de invertir en el desarrollo territorial y contribuir al proceso de formación y reinserción laboral”, aseguró Bojanini. “Se ve la necesidad de ir con más velocidad en nivelar lo rural —donde vive entre el 25 y el 30 % de la población colombiana— con el resto del país que vive en las ciudades”, puntualizó Gonzalo Restrepo.