El impacto de la cuarentena en los proyectos de excombatientes

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Con las medidas de aislamiento social para contener el COVID-19, se afectó la operación y la formulación de más de la mitad de los proyectos productivos liderados por excombatientes de las antiguas Farc. Los más afectados fueron los del sector de servicios y los ubicados en las ciudades. Algunos de vocación agropecuaria debieron adaptarse para no morir en el intento.

En mayo de este año, catorce talleres de confección de excombatientes de las Farc empezaron a producir tapabocas como respuesta a la escasez que se presentaba en ese momento en el país y también como una forma de acomodarse a la nueva situación y seguir produciendo. Fue una de las primeras reacciones de algunos colectivos, pero fue temporal y no generalizada. Así capotearon los días más duros de la cuarentena, mientras se preparaban para continuar con sus proyectos en otras condiciones.

Para saber de qué forma afectaron las medidas de aislamiento el desarrollo de los proyectos e iniciativas productivas, el Componente Farc del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) consultó a 126 formas asociativas, como cooperativas, corporaciones y asociaciones, que agrupan a 7.179 excombatientes.

La información incluye 173 iniciativas y proyectos productivos en 74 municipios de 22 departamentos y fue el resultado de un ejercicio de coordinación entre el Componente Farc del CNR, la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), la Misión de Verificación de la ONU, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

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De acuerdo con el informe, más de la mitad de las iniciativas y proyectos productivos tuvieron un impacto medio o alto en los planes de trabajo que se venían desarrollando. El análisis incluye tanto iniciativas como proyectos productivos.

Las iniciativas productivas son los emprendimientos de los excombatientes que no han sido sometidos a consideración del CNR y su financiación es en gran parte autogestionada. Los proyectos productivos, por su parte, son los que se han presentado ante el CNR para su aprobación y son financiados con $8 millones por cada excombatiente que lo integre. En el informe se estudian de manera separada los proyectos que están en etapa de formulación y aquellos que ya están en implementación.

Los colectivos reportaron afectación media o alta en el 53 % de los proyectos que ya se están implementando. Los que están en formulación han tenido ese tipo de afectación en el 51 %. El efecto de las medidas de contención de la pandemia se manifiesta de formas distintas entre unos y otros.

La pandemia retrasó trámites

Los proyectos en formulación han tenido que enfrentar demoras en los trámites que deben hacer para la formalización ante las entidades correspondientes, explica Leonardo Sarmiento, asesor de proyectos productivos del Componente Farc del CNR y uno de los autores del informe.

Entre estos trámites se encuentran, por ejemplo, los registros Invima, las solicitudes de licencias de construcción y trámites ante las alcaldías que se frenaron por las medidas de aislamiento social que recién se levantan y varían mucho entre regiones, porque dependen de las autoridades locales.

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Dado que el estatus jurídico de los antiguos ETCR expiró en 2019, la falta de claridad sobre la propiedad de la tierra ha demorado el proceso de formulación, pues sin los títulos de propiedad los colectivos no pueden hacer inversiones ni conseguir financiación para intervenir espacios que no son suyos. La ARN tiene previsto adquirir predios para nueve antiguos ETCR antes de terminar el año. Sin embargo, la pandemia ha demorado los trámites administrativos para la titulación de las tierras.

Otros proyectos se desarrollan por fuera de los ETCR y también requieren inversión en tierra para poder empezar a andar correctamente. Sarmiento dijo que muchas asociaciones y cooperativas tenían programadas visitas a predios en un proceso técnico de evaluación a cargo del CNR como parte del proceso de formulación de los proyectos. Debido a la cuarentena, esas visitas tuvieron que posponerse y se han venido retomando conforme se levantan las restricciones.

Además, dice Sarmiento, los colectivos tienen que resolver sus propios nudos administrativos internos. Muchas cooperativas y demás formas asociativas no pudieron tener sus asambleas ordinarias, que debían hacerse, de acuerdo con la ley, en los tres primeros meses del año.

Se redujo la operación

Los colectivos encargados de los proyectos que ya están en implementación reportaron afectación en la operación, la comercialización, el flujo de caja y la conectividad.

La operación se redujo, al comienzo de la emergencia, debido al cierre de los establecimientos. Con la reactivación, la operación se ha venido retomando con apego a las medidas de bioseguridad que impiden que muchas personas se concentren en lugares cerrados, así que los proyectos más grandes tuvieron que reducir la cantidad de trabajadores que pueden tener activos por día.

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Además, las restricciones a la movilidad afectaron la compra de insumos. La Cooperativa Multiactiva Ecomún Esperanza del Pueblo tuvo que esperar varios meses a que llegara la geomembrana que necesitaban para la impermeabilización del estanque del proyecto de piscicultura que adelanta en Silvia, Cauca, según explicó Jhan Moreno, representante legal de la cooperativa.

La conectividad es otra de las dificultades más recurrentes: dos de cada diez colectivos reportaron imposibilidad para conectarse a internet. Solo tres de cada diez no han tenido mayores problemas en esta materia. Jorge Orlando Pérez, representante de la Cooperativa Multiactiva Esperanza del Pueblo Araucano (Coomepa), tiene que pagarle a un vecino para que le permita usar su conexión por unas horas y solo lo utiliza para comprar insumos.

La conectividad es clave no solo para el abastecimiento en situación de aislamiento, sino también para la asistencia técnica. Muchos proyectos dejaron de recibir la asistencia que les provee la cooperación internacional, porque no era posible viajar a los territorios en donde funcionan y la conexión a internet es muy inestable, si es que hay.

Además, la conectividad es importante para emprender procesos de alfabetización digital para excombatientes que adelantan proyectos productivos. El 74 % de las personas consultadas por el Componente Farc del CNR dijo que no ha recibido capacitación en herramientas informáticas y la requiere. La alfabetización digital, como la asistencia técnica, necesita buenas condiciones de conectividad para lograr que cada vez más los colectivos usen las plataformas digitales y redes sociales para comercializar sus productos.

Según la encuesta, los proyectos más afectados son los relacionados con telecomunicaciones, panadería y caficultura. El informe explica que las actividades que están estrechamente ligadas a la dinámica económica urbana fueron las que más sufrieron por las cuarentenas.

“Tenemos casos como los de los talleres de motos en Medellín o los restaurantes en Bogotá que ya estaban listos para empezar a operar o llevaban poco tiempo funcionando y tuvieron que cerrar como consecuencia de las medidas que tomaron las autoridades locales para contener el COVID-19”, dijo Andrés Stapper, director de la ARN.

Nuevas oportunidades

Los proyectos agropecuarios reportaron menos afectaciones. Esto puede explicarse por dos razones. La primera, según el informe, es que muchos de estos proyectos se encontraban en etapas previas a la venta de productos. El 59 % de las asociaciones y cooperativas reportó que aún no está en fase de comercialización y el 40,5 % informó que todavía no está generando ingresos.

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De acuerdo con Stapper, muchos de los proyectos agrícolas y pecuarios tienen tiempos de producción largos, que en casos como el de los cultivos de aguacate pueden ser de tres a cuatro años, y el Consejo Nacional de Reincorporación ha venido aprobando estos proyectos en los últimos dos años.

Justo al lado del proyecto de piscicultura, la Cooperativa Multiactiva Ecomún Esperanza del Pueblo implementa un cultivo de aguacate haas que va según lo planeado. Moreno comenta que esperan tener su primera cosecha en septiembre de 2021 y, teniendo en cuenta que los precios internacionales del producto van en aumento, creen que sus ingresos serán mayores a los planeados.

La segunda razón por la que los proyectos agropecuarios sufrieron menos, explica Sarmiento, es que muchas de estas iniciativas se volcaron al mercado local y obtuvieron muy buenos resultados. Según el informe, “los proyectos que han podido seguir operando son aquellos que cuentan con producción de alimentos para autoconsumo y la presencia de mercados comunitarios locales”.

En el ETCR Georgina Ortiz en Vistahermosa, Meta, está ubicado el proyecto de cultivo de tilapia de la Asociación Agropecuaria Piscícola Paz y Desarrollo, del que participan 24 personas. Patrocinio Rubio, representante legal de la Asociación, dijo que el proyecto no ha tenido mayor afectación porque, además de que tienen asegurada la comercialización de gran parte de lo que producen, gracias a un acuerdo con un mayorista, en la vereda hay mucha gente que consume su tilapia. Ese mercado local, según Patrocinio, aumentó después de que se decretaran las medidas de emergencia que restringieron la movilidad en todo el país.

Con el levantamiento de las restricciones se vuelve a permitir la entrada de productos de otras regiones, lo cual hace necesario que los proyectos se preparen para buscar nuevos mercados y en eso, dice Sarmiento, la conectividad es clave.

“Ahora que los colectivos saben cómo aprovechar los beneficios del mercado local, es hora de que empiecen a entender cómo funciona el mercado digital, qué estrategias pueden implementar y qué hay por aprender para garantizar su sostenibilidad”, asegura Sarmiento.

Según informó Andrés Stapper, la ARN contrató el servicio de internet satelital ilimitado para 23 antiguos ETCR y ya se retomaron las labores de asistencia técnica para los proyectos productivos.

Para consultar este especial completo ingrese aquí: Los impactos de la cuarentena en la reincorporación económica

*La paz en el terreno es una alianza entre Colombia 2020 y Rutas del Conflicto que rastrea la implementación del Acuerdo de Paz. Esta publicación es posible gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Colombia.

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