Informe del Cinep

La violencia política se recicla en Soacha

Organizaciones llaman la atención ante el accionar de los grupos ilegales y el riesgo que produce la negación de su existencia por parte de las autoridades. Desplazamiento e instrumentalización de menores, entre los males.

Soacha es un núcleo de recepción de desplazados urbanos. Gustavo Torrijos

Microtráfico estructural, tierreros, limpieza social, precariedad, victimización de jóvenes, xenofobia y auge de actores armados ilegales y bandas asociadas al narcotráfico. En el municipio de Soacha, la lista de fenómenos que parecen reproducirse con los años ha derivado en una concentración de la violencia y, como consecuencia, un constante ambiente de inseguridad, desconfianza y miedo.

Ese es el diagnóstico del informe revelado por el Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (Cinep) y que da cuenta de los efectos de la violencia política en el municipio y las cifras alarmantes que hasta el momento deja la confluencia de factores criminales en el territorio.

Según el Banco de Datos de Derechos Humanos del Cinep, en los últimos cinco años se ha registrado un preocupante aumento en la tasa de homicidios en Soacha, siendo 2014 el año con el registro más alto de víctimas: 121. El fenómeno, sostienen el informe, ha dejado tres efectos claros: el silencio, el desplazamiento y la afectación directa a mujeres, niños y jóvenes.

El primero se deriva de la recomposición de fuerzas ilegales en el territorio, producto del mismo panorama de conflicto que se replica en varias regiones del país. Las autoridades han alertado sobre la presencia y consolidación de grupos como las Autodefensas Gaitanistas, los Rastrojos, las Águilas Negras, el Eln, disidentes de la desmovilizada guerrilla de las Farc e incluso los Paisas (vinculados con la Oficina de Envigado), que se han extendido, ocasionando el aumento de bandas de microtráfico.

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Su accionar se ve reflejado en restricciones a la movilidad, toques de queda, panfletos de amenazas de limpieza social, extorsión y cobro de vacunas, amenazas contra líderes, salida de organizaciones de ayuda, vinculación de líderes a grupos ilegales y un debilitamiento comunitario. Con un agravante adicional que para el Cinep es uno de los factores que mayor aumento de riesgo producen: la negación de la presencia de estos actores por parte de las autoridades y la Fuerza Pública en la jurisdicción del municipio.

El centro de investigación sostiene que estos grupos ejercen un control territorial “en zonas estratégicas del municipio, con fines de manejo de los circuitos de expendio de sustancias psicoactivas, cooptando a bandas de crimen organizado locales, grupos de delincuencia común, pandillas, parches y combos, los cuales tienen presencia en el municipio y regulan diferentes aspectos de la vida cotidiana de la población”.

En palabras de José Luis Bohórquez, abogado integrante de la Mesa Esperanza, el fenómeno de Soacha responde al mismo problema nacional: “Hay un tema de microtráfico estructural. La ciudadanía que estaba en el Bronx y que salió tras la intervención de la Alcaldía se desplazó al sur y por eso es tan normal que ahora haya un turismo de drogas en Soacha”.

De ahí que el otro efecto de la violencia sea precisamente la forma en la que esto recae en las poblaciones más vulnerables. Cinep asegura que en Soacha la dinámica gira en torno al reclutamiento de jóvenes para el microtráfico y a la penetración de bandas en colegios y centros educativos. “Los jóvenes son los más usados para realizar este tráfico de droga y armas. La gente del sector está manejada por grandes grupos de narcotraficantes y de distintas organizaciones que los contratan para formar combos, para disputarse el control de los sectores”, explica la hermana Norma Inés Bernal, de la Asociación Codo a Codo.

De acuerdo con la religiosa, al año se registran en el municipio por lo menos dos grandes limpiezas sociales, que siempre dejan un trágico saldo de víctimas: “Muere cualquier cantidad de jóvenes, y lo más triste es que eso no sale en ninguna parte, ni siquiera a veces en las estadísticas de la Fiscalía o la Procuraduría”.

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Capítulo aparte merece la situación de las mujeres en el municipio, que, insiste el Cinep, es cada vez más crítica debido a los graves abusos y vulneraciones de derechos humanos cometidos por todos los bandos del conflicto armado de manera diferencial, así como las condiciones de discriminación, estigmatización e impunidad. Un análisis que se soporta en las cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas señala que en Soacha se han registrado 2.586 victimizaciones de mujeres en el marco del conflicto armado.

“La persistencia y prevalencia de patrones sociales estructurales que fomentan la segregación y la exclusión de las mujeres en el municipio (y a lo largo del territorio nacional) con los alarmantes niveles de violencia y subordinación, implican no solo desventaja para afrontar las consecuencias del impacto del conflicto sino también las condiciones de una vida cotidiana”, refiere el informe.

Al ya convulso panorama se ha sumado en los últimos meses el rechazo por parte de los habitantes del municipio a la llegada de ciudadanos venezolanos, que han migrado como consecuencia de la crisis política social e institucional que atraviesa el vecino país. De acuerdo con José Luis Bohórquez, abogado integrante de la Mesa Esperanza, esta situación se debe analizar, entendiendo que Soacha ha tenido una historia marcada por dos grandes oleadas de desplazamiento, en su mayoría de población campesina y afrodescendiente, primero en los 90 y luego en el 2000. Actualmente se calcula que la cifra de personas en situación de desplazamiento asciende a 50.000.

“Están llegando a Soacha los ciudadanos venezolanos que no pueden pagar el costo de vida de Bogotá. ¿Y qué trae una migración fuerte a una población con una atomización tan pesada? Pues una especie de xenofobia. El último panfleto del que tuvimos registro en la Mesa Esperanza amenaza a toda la población venezolana del territorio de Soacha y a los vendedores de dulce de Transmilenio. Que tienen que irse, de lo contrario los matan, porque están quitando campos de trabajo, subsidios, atención social y un montón de cosas”, explica Bohórquez.

Pero los problemas con la población desplazada no paran ahí. Según denunció el abogado, existen registros de casos de familias que llegan a un terreno a tratar de construir “y llega la Policía a impedirlo y a pedir vacuna, para darles autorización. Que usted llegue desplazado y aparte la Policía lo extorsione, es la suma de todos los males”.

Soacha cuenta con 378 barrios, de los cuales 152 son ilegales, es decir, el 48 %. Esto, sumado a la violencia, refleja que el panorama es crudo y seguramente este informe será una pieza clave para ahondar en la situación.

 

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