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Este viernes, en el marco del evento Colombia 2035: dos años de Paz con Legalidad, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación del Posconflicto, Emilio Archila, reunió a diferentes voces estatales, como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Ministerio de Vivienda, la Agencia Nacional de Tierras, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad Nacional de Protección, junto con organizaciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD), entre otros, para discutir acerca de los avances y lecciones que ha dejado esta política de Gobierno en la transición hacia la vida civil de los reincorporados de las antiguas Farc.
El enfoque de la discusión giró en torno a lo relacionado con la productividad y formación laboral, tierras y vivienda digna y seguridad para los exguerrilleros. Según Archila, durante la ‘Paz con Legalidad’ se han invertido más de $227 mil millones de pesos como rentas mensuales, que han servido de garantías económicas a la hora de “apalancar proyectos de vida en la legalidad”.
A su vez, el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Andrés Strapper, sostuvo que el Gobierno ha girado más de $16.000 millones de pesos para su transformación de los antiguos Espacios Territoriales de capacitación y Reincorporación (ETCR). Especialmente, para la ampliación de los predios y adecuación de esos espacios para que los excombatientes puedan vivir con sus familias “y si lo desean, desarrollar ahí mismo parte de sus proyectos productivos”.
Durante el desarrollo de la discusión en temas de productividad y formación para excombatientes, primer eje del panel, América Castiblanco, vicepresidenta de Aceleración y Emprendimiento de iNNpulsa Colombia, reiteró que desde el segundo semestre de 2018 se han fortalecido más de 500 proyectos individuales, los cuales, según el consejero Archila, han sido parte de la evidencia de que más de 5.000 reincorporados tienen ingresos constantes para proyectos productivos.
A su turno, Juliana Correa, gerente del programa de Paz y Desarrollo del PNUD, aseveró que uno de los mayores impulsos a los proyectos productivos de los reincorporados los ha mediado el apoyo a cooperativas que tienen “un fondo multidonante de 13 millones de dólares”.
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Sobre el segundo eje temático del panel, relacionado con tierras y vivienda digna para reincorporados, Carlos Felipe Reyes, vocero del Ministerio de Vivienda, proyectó a los ETCR como eventuales asentamientos permanentes para más de 2.800 hogares.
Para el funcionario, los diseños participativos en estos lugares llevarán los hilos para efectuar estudios de viabilidad con la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, inicialmente en los ETCR de Llano Grande en Dabeiba (Antioquia); Santa Lucía en Mutatá (Antioquia); La Fila en Icononzo (Tolima), Filipinas en Arauquita, (Arauca) y Los Monos en Caldono (Cauca).
Esto iría acompañado de las compras de diferentes predios aledaños a los originales para ampliar los espacios de asentamientos de las familias ubicadas allí, dijo Juan Manuel Noguera, director de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de Tierras.
Cerrando el panel, en materia de seguridad para los excombatientes de las Farc, la vicefiscal general de la Nación, Martha Manecera, precisó que más del 78% de los asesinatos a los reincorporados desde la firma del Acuerdo de Paz tienen como responsables a las disidencias de la antigua guerrilla.
Según Mancera, del total de estos crímenes el ente investigativo ha esclarecido el 49,84%, “principalmente en Cauca, Norte de Santander y Antioquia”.
A pesar que desde el desarme, desmovilización y reincorporación de los miembros de las Farc han asesinado a más de 229 de ellos, para la vicefiscal Mancera la gestión del Gobierno y del fiscal Francisco Barbosa han arrojado “muy buenos resultados que están dentro de los resultados estratégicos”, a la hora de seguir la pista a estos crímenes.