Reflexiones sobre la implementación del Acuerdo de Paz

Recientemente la Procuraduría General de la Nación dio a conocer el segundo informe presentado al Congreso sobre el progreso de la implementación del Acuerdo de Paz. En él señala la preocupación sobre “la forma desarticulada con la que se avanza en la implementación”. Si bien reconoce logros, entre ellos la adopción y aplicación del Estatuto para la Oposición, el funcionamiento del Consejo Nacional de Paz y la formalización de aproximadamente 475 Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, pone de manifiesto problemas, demoras y retrocesos significativos en la puesta en marcha de otros temas. Voy a referirme a dos de ellos que considero fundamentales más allá de lo que dice el Acuerdo de Paz.

El primero tiene que ver con el punto dos del Acuerdo sobre “Participación política: apertura democrática para construir la paz”, uno de los temas cuya implementación presenta mayor rezago, según la Procuraduría. Esto, “debido al estancamiento del debate legislativo de proyectos de ley relacionados con las garantías y la promoción de la inclusión de organizaciones y movimientos sociales, así como la movilización y la protesta social, la reforma política y la aprobación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz”. Este concepto adquiere particular relevancia en medio del debate político y las acciones judiciales sobre los alcances, limitaciones y garantías de la protesta y las movilizaciones sociales que se vienen dando desde mediados del 2019.

A esto se suman los innumerables obstáculos que ha enfrentado la aprobación de las 16 curules para las víctimas del conflicto, las cuales no fueron pactadas en el Acuerdo, sino que son un reconocimiento al derecho de estas de participar en política en representación de sus comunidades afectadas por el conflicto armado, quienes viven en territorios olvidados por las autoridades y el Estado.

Algo similar ha ocurrido con los intentos de reformar el sistema político y electoral para modernizarlo y hacerlo más transparente, para promover la apertura e inclusión políticas, la ampliación y profundización del sistema democrático, asegurar mayor autonomía e independencia de la autoridad electoral, y para proveer mayores garantías en iguales condiciones para la participación política. Ojalá los proyectos de reforma electoral y política que se han presentado en la actual legislatura no corran la misma suerte. Esto es particularmente relevante teniendo en cuenta el inicio anticipado de la campaña electoral de 2022 en un contexto de extrema polarización e incertidumbre.

El segundo tema es el retraso en el diseño de las herramientas de seguimiento integral al proceso, “pues el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) no reporta los recursos invertidos ni las acciones desarrolladas en los territorios, y el 26 % de las obligaciones adquiridas no tienen metas establecidas que permitan verificar su ejecución, como ocurre, por ejemplo, con la seguridad de los líderes, lideresas y defensores”. La opacidad no solo no le hace bien a la implementación del Acuerdo, sino que va en contravía de la llamada “paz con legalidad”. Sin transparencia ni rendición de cuentas, esta difícilmente se alcanza.