Misión de la ONU verificaría sanciones propias de la JEP

Raúl Rosende es el actual jefe de verificación de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia.

El próximo mes de septiembre, el mandato actual de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia llegará a su fin. Se ha especulado sobre su posible renovación para continuar monitoreando en el país el cumplimiento de lo pactado en algunos asuntos puntuales. Este jueves, el director de verificación de esa misión dejó ver que en el consejo de seguridad de la ONU hay buena disposición para seguir acompañando la implementación del Acuerdo de Paz, lo cual podría incluir la extensión del mandato de la misión para que esa instancia continúe en el país.

“En el Consejo de Seguridad ha habido muy buen ambiente para apoyar y continuar apoyando el Acuerdo de Paz en Colombia y su implementación. Y nosotros como Naciones Unidas obviamente seguimos más que dispuestos a continuar verificando y apoyando el Acuerdo de Paz en la medida y en la modalidad que los colombianos consideren pertinente”, dijo Raúl Rosende, director de verificación actual de la Misión de la ONU.

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Pero, además, confirmó que a las tareas que actualmente tiene esa instancia en el país, se le agregaría una nueva: verificar el cumplimiento de las sanciones propias que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imponga a los comparecientes.

“En el punto 5 del Acuerdo de paz se dice que la verificación de las sanciones propias (de la JEP) va a ser llevada adelante por un componente de la Misión de Verificación de Naciones Unidas. Sabemos que ha habido comunicaciones entre el gobierno y la JEP para tales efectos, incluso hubo un cruce de cartas entre representantes del gobierno y la JEP. Estamos muy pendientes de esto”, agregó Rosende.

Hasta el momento, el monitoreo que hace la misión en Colombia, sobre el cual entrega reportes trimestrales al consejo de seguridad de la ONU, está centrado en la reincorporación de los excombatientes, las garantías de seguridad pactadas en el Acuerdo, las garantías jurídicas y algunos asuntos transversales como el enfoque de género en la implementación de lo acordado.

Esas declaraciones las dio Raúl Rosende en medio del evento ‘Avances de la Reincorporación a tres años de la dejación de armas’, organizado por Colombia2020, en el que expresó también algunas preocupaciones sobre el curso de ese proceso. Según dijo, el principal problema de la reincorporación es el asesinato de excombatientes, cuya cifra ya va en 224 casos, a la que se le suman también varios casos de homicidios de familiares de reincorporados.

La otra preocupación que resaltó fue la del acceso a la tierra para los excombatientes. “Hay un consenso generalizado de la necesidad de incorporar tierras para proyectos productivos y vivienda tanto en los espacios territoriales como por fuera de ellos”, dijo.