FARC pide a la JEP proteger a excombatientes fuera de espacios territoriales

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Este miércoles es la segunda audiencia territorial en la que esa jurisdicción escucha a los voceros de los exguerrilleros. Esta vez el foco estará sobre Meta, Guaviare, Arauca, Huila y Tolima, de donde han salido desplazados decenas de excombatientes en los últimos meses.

A puerta cerrada, los magistrados de la sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchan este miércoles de primera mano una nueva petición de los exguerrilleros de las Farc. Esta vez, proteger la vida de los excombatientes que viven fuera de los espacios de reincorporación en el oriente del país. Este diario conoció detalles de la información que la antigua guerrilla entregará a esa jurisdicción con la esperanza de que cesen los asesinatos en contra de sus integrantes.

Si bien el foco de la audiencia es la situación del municipio de Mesetas (Meta), el partido apostó por entregarle a la jurisdicción un detallado balance de lo que ocurre en la región oriental e incluso en zonas aledañas como el sur del Tolima y el departamento del Huila, según le dijo a este diario Felipe León, abogado de la FARC. De hecho, el Huila, una de las zonas más críticas para los exguerrilleros de las Farc y donde habitan alrededor de 500 de ellos, será una prioridad en el encuentro y Casika Atahualpa, exguerrillera y lideresa de la zona, explicará a los magistrados la urgencia de poner la mirada en esta región.

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Seis excombatientes y dos de sus familiares asesinados, un atentando con explosivos, dos atentados con arma de fuego y 13 excombatientes con sus familias desplazados es el saldo que en los últimos meses han dejado los grupos armados en el Huila y particularmente en Algeciras. En este último, el pasado jueves 17 de julio ocurrió la masacre en la que cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas un menor de edad.

Además de las vidas que se han perdido, por cuenta de los desplazamientos forzados los proyectos productivos van quedando a su suerte. Uno de los casos que se pondrá en conocimiento de la JEP es el de la cooperativa Cafepaz. Para 2020, en esa iniciativa se tenía proyectado tener plantados mil árboles de café y habían coordinado con un aliado comercial en Popayán la entrega de 150 toneladas de café seco para comercialización. Hoy, siete miembros de la cooperativa y sus familias están desplazados y lo que habían avanzado se fue al piso.

Situación similar a lo que ocurrió en la vereda El Diamante, en Uribe (Meta), otro de los casos más importantes que se expondrá en la audiencia. Con la diferencia de que esta vez fue la mayoría de quienes allí se reincorporaban quienes tuvieron que salir de la zona por amenazas contra su vida. Al menos 30 de ellos abandonaron las iniciativas productivas que venían ejecutando. En un año, criaron 230 cabezas de ganado, cuatro caballos y 115 ovejos, y lograron cultivar 34 toneladas de maíz, otras cinco de harina y una tonelada de harina de soya. Hicieron cursos en buenas prácticas ganaderas, realizaron publicidad de la cooperativa y varias actividades con la población del municipio de Uribe. En total, con apoyo de cooperación internacional y el dinero de los exguerrilleros que recibieron por el Acuerdo de Paz, recogieron más de $1.300 millones, cuya inversión hoy está en riesgo.

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Hoy algunos de los que salieron desplazados están dispersos en distintas regiones del país, pero otros continúan en el departamento a la espera de concertar con el Gobierno un nuevo predio donde puedan empezar de nuevo con sus iniciativas productivas. Esos mismos excombatientes ya habían sufrido a su vez un primer desplazamiento, cuando en noviembre de 2017 salieron de Tumaco, donde se asentaron desde antes de dejar las armas, hacia El Diamante, de donde tuvieron que salir en junio pasado.

Tanto la situación de los excombatientes en El Diamante como lo que ocurre en general en el departamento del Meta y el Guaviare será detallado a la JEP por Juan de Jesús Monroy, conocido en la guerra como Albeiro Suárez, quien lidera a los exguerrilleros que se reincorporan en la vereda La Pista, inspección La Julia, del municipio de Uribe. Según le dijo a este diario ese excombatiente, uno de los principales asuntos que pondrán en conocimiento de ese tribunal de paz es “el aumento de la presencia del paramilitarismo en el territorio y el control que ejercen en Villavicencio, Granada, Guamal, Acacías, Puerto Lleras, Puerto Rico, Mapiripán y ahora en Vista Hermosa, fundamentalmente en las veredas donde se está haciendo la erradicación de coca.”

Igualmente, denunciará la disputa que habría en el territorio entre dos grupos disidentes de las antiguas Farc, los que se denominan como la Segunda Marquetalia y aquellos que ya hacían presencia en la zona, fundamentalmente el frente Séptimo al mando de Gentil Duarte. “Por esa situación los excombatientes en reincorporación quedan en medio de varios fuegos”, advirtió Albeiro Suárez.

También incluirá en su intervención lo que sucede en la región del Guayabero, entre el sur del Meta y el Guaviare, como consecuencia de los operativos de erradicación forzada en la zona. Esto porque entre esta zona de esos dos departamentos hay cerca de 1.700 excombatientes que se han visto afectados directamente por la tensión entre las comunidades campesinas y el Ejército. De hecho, varios líderes de las movilizaciones en el Guayabero son excombatientes de las Farc que hoy habitan la zona y asumieron un liderazgo en ese proceso. Era el caso de Yoanny Yefer Vanegas. quien fue asesinado el 27 de junio en esa región, luego de participar activamente en las manifestaciones.

(Lea también: Las denuncias de los campesinos del Guayabero contra el Ejército y las disidencias)

Lo que tienen en común Algeciras, El Diamante (Uribe) e incluso el Guayabero, es que son escenarios donde se han levantado lo que el partido FARC denomina Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), que en la audiencia de este miércoles se pedirá reconocer, pues esa es una de las peleas que ha tenido el partido FARC con el Gobierno, que no reconoce esas áreas. “El problema con las NAR es que son una realidad de facto, pero no existen como una figura jurídica regulada. Lo que se busca es explicar incluso las razones por las que nacieron, entre las que se encuentran limitaciones en los espacios territoriales, y muchas otras, que llevaron a buena parte de los excombatientes a continuar su proceso de reincorporación de manera colectiva, pero en otros espacios. Eso es lo que hoy conocemos como la nueva geografía de la reincorporación”, dijo el abogado Felipe León.

El encargado de presentar ante el tribunal de paz la situación de las NAR en el país – que son alrededor de 90, según la FARC – es Marcos Sánchez, delegado de esa colectividad en el Consejo Nacional de Reincorporación. “Las NAR no han sido reconocidas como espacios de reincorporación colectiva. Esta falta de reconocimiento las ha llevado a ser excluidas de los programas del Gobierno en materia de reincorporación. Tienen serios problemas de seguridad y no tienen las herramientas necesarias para lograr una reincorporación integral, no están contempladas en los programas de acceso a tierra ni de vivienda. Todo lo que han logrado lo han hecho a partir de sus esfuerzos y la ayuda de la cooperación internacional y, por ejemplo, en el caso de El Diamante, que no es el único, la situación de seguridad ha destruido sus logros. Las necesidades de estos espacios de reincorporación colectiva son muchas, pero el punto de partida es que se reconozcan”, le dijo a este diario.

Por eso, explica Felipe León, se buscará que la JEP promueva algún tipo de concertación o diálogo con autoridades locales para que las NAR puedan entrar a hacer parte del ordenamiento territorial de los municipios donde están, y, asimismo, que se articule con el Ejército y la Policía la seguridad perimetral en estas áreas de reincorporación. Además, si bien luego de la primera audiencia territorial con ese tribunal, que tuvo como foco principal la situación de Ituango (Antioquia), la JEP emitió medidas cautelares de protección para los excombatientes y le ordenó al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y al consejero para la Estabilización, Emilio Archila, poner en marcha varios mecanismos pactados en el Acuerdo de Paz para la protección de esa población (principalmente el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, Sisep), hubo otros puntos que quedaron por fuera de esa orden.

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Uno de ellos, dice el abogado, “un llamado categórico – o al menos un llamado, porque no lo hubo – a la Fiscalía General, en términos de justicia, impunidad, esclarecimiento y desmantelamiento de las organizaciones criminales” que atentan contra la vida de los firmantes del Acuerdo.

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