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hace 16 horas

“Política de restitución de tierras no ha cambiado”: Andrés Castro

El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, admite que en el sur del país este proceso está bastante “rezagado” y dice que no entrará en controversias sobre si hubo o no conflicto armado en el país. 

Andrés Castro llegó a la Unidad de Restitución de Tierras en septiembre pasado. / Cristian Garavito - El Espectador

El gobierno Duque se ha caracterizado por hacer varios cambios respecto a su antecesor. ¿Cambió la política de restitución?

No, no ha cambiado. Al contrario, diría que estamos confirmando y ratificando el compromiso de este Gobierno con las víctimas para que estos procesos de restitución de tierras se lleven a cabo. Estas son entidades eminentemente técnicas; no tienen un color político.

¿Les afecta la discusión actual sobre si hay conflicto armado en Colombia o no?

No, para nada. La ley que fue promulgada en 2011 tiene una validación por parte de la Corte Constitucional a través de la sentencia C-330 de 2016. Incluso, en ese pronunciamiento se logró que segundos ocupantes que no aparecían atendidos dentro de los procesos tuvieran compensación. Si esos segundos ocupantes son población vulnerable, no tienen que entrar a demostrar la buena fe exenta de culpa. Se entiende solo la buena fe y con eso ya son compensados.

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¿Acá hubo conflicto armado?

Voy a responder muy políticamente: aquí hubo víctimas, víctimas de la violencia, del terrorismo. Yo no quisiera entrar en esa polémica. Como le digo, yo valido lo que la Corte ha dicho frente a la política pública en restitución. Aquí no vamos a revisar la política.

Pero si usted se atiene a la ley, la ley dice que hubo conflicto armado.

En el artículo tercero lo dice.

La congresista María Fernanda Cabal presentó una reforma a la Ley de Víctimas, severamente cuestionada porque cambiaría la esencia de la restitución. Ella dice que los propietarios están saliendo perjudicados. ¿Es así?

La doctora Cabal pone el dedo en la llaga de un problema que hubo en la versión original de la ley. Pero, vía jurisprudencia, la Corte reconoció a los segundos ocupantes, y los jueces y magistrados hoy en día ordenan compensación para ellos. Si el problema era la atención a segundos ocupantes, a mi modo de ver, está resuelto. ¿Qué va a pasar con las personas que no fueron reconocidas en los procesos judiciales? Tal como estaba diseñado el modelo de la ley, donde había buenos y malos, víctimas y victimarios, esa gente quedó en la mitad y no fueron reconocidos. Nosotros estamos buscando atender a esos segundos ocupantes no reconocidos en procesos judiciales.

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¿No reconocidos porque no se hicieron partícipes en su momento en un caso?

No reconocidos en las sentencias de única instancia. Es decir, ellos pueden acudir a otras vías legales y judiciales. Por ejemplo, al recurso extraordinario de revisión ante la Corte Suprema, pero, para ello, se necesita demostrar nuevos hechos que hayan ocurrido en el despojo y que no hayan sido atendidos dentro del proceso. O pueden acudir vía tutela. Nosotros queremos revisar caso a caso en los territorios del país para revisar de fondo los procesos de restitución.

La congresista habla de una afectación a propietarios...

Segundo ocupante es aquel que sin tener nada que ver en el conflicto llega a un territorio, revisa títulos de propiedad y adquiere. Él aparece como titular del predio. Incluso, ese segundo ocupante, para desarrollar un proyecto productivo, pudo haber dado en garantía ese predio. Si el proceso de restitución (sobre un predio de estos) prospera y él no es reconocido, porque no es población vulnerable, va a perder el predio. Esas situaciones son las que se deben resolver. Estamos buscando atender eso para darles a los usuarios de restitución todas las garantías.

¿Cuál sería el llamado al Congreso?

No me corresponde a mí plantearle al Congreso nada.

Pero entonces la reforma no es necesaria si ya está por vía jurisprudencial esa atención a segundos ocupantes.

Usted lo ha dicho.

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Usted trabajó en Fedepalma y por ello varias organizaciones sociales han cuestionado su designación. ¿Qué les responde?

Me vinculé a Fedepalma en 2004 como secretario general. Y a partir de 2008 se creó un área que atendía todos los asuntos sociales. Yo, la verdad, me siento muy orgulloso de haber laborado durante casi diez años en el gremio, en un período donde hubo un crecimiento importante del sector. Como responsable y líder social del gremio, tenía a cargo los asuntos laborales, los temas de tierras, la vinculación de pequeños y medianos productores y la responsabilidad social empresarial. No tuve que ver con procesos judiciales ni asumía una representación legal o judicial de estos empresarios. Lo que hacíamos era socializar mecanismos como la restitución de tierras, preparando a los empresarios frente a eventuales procesos en los que podrían ser llamados a responder.

¿Preparándolos cómo?

En el proceso de restitución de tierras, en general, no en un caso específico. En 2013 me desvinculé del gremio. Tengo una empresa familiar: la firma Castro Forero Consultores, y desde ahí trabajé durante los últimos cinco años. No tengo ninguna inhabilidad o incompatibilidad. No me genera ningún conflicto de interés haber trabajado con el gremio.

¿Habría un cuestionamiento ético?

Las personas que me conocen en el desarrollo de mi actividad profesional no lo verían. Nosotros ilustrábamos. Por mi formación de abogado, podíamos emitir algunos conceptos que permitían darles luces a estos empresarios para que entendieran de qué se trataba este proceso, pero siempre desde la legalidad y la institucionalidad.

¿Desde Castro Forero Consultores trabajó temas de restitución?

Ninguno.

¿Qué metas se fijó cuando llegó a la entidad?

La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras del 2011 lleva cerca de siete años de implementación. Hoy se han restituido 338.000 hectáreas con sentencias y hay 45.000 beneficiarios restituidos. Estoy buscando culminar a 2021 la etapa administrativa. Es decir, la recepción y el trámite de las solicitudes para pasárselas a un juez. Dar trámite a las solicitudes que por alguna razón, fundamentalmente de orden público, no se han podido tramitar. Bien sea porque está suspendida la microfocalización o porque no se ha logrado microfocalizar. Esto es, que el Ministerio de Defensa nos otorgue el aval para ingresar en un territorio.

La Ley va hasta el 2021, ¿se debe ampliar?

Aspiraría a que no se requiera. Lo que hay que plantear sobre la mesa es que, desde el punto de vista judicial y de pos-fallo, en todo lo que es la restitución material y la puesta en marcha de proyectos productivos, otras entidades tendrán que hacerse cargo, porque allí ya no depende directamente de la Unidad.

Había una polémica sobre el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Esta entidad está incluida o no?

Sí. En el PND anterior, 2012-2018, se puso una meta de tramitar 9.500 solicitudes anuales, que se superó. Sin embargo, la restitución no es el trámite administrativo; esa es solo la primera etapa. En este PND tenemos dos indicadores de resultados. Uno, de implementación de proyectos productivos. Hoy tenemos 3.815 trayectos andando, la meta para el cuatrienio es llegar a 5.345 . Es una meta bastante ambiciosa. Y el segundo indicador se refiere a predios entregados y compensados con base en las sentencias, que no depende de la Unidad. La línea base está en 4.835 órdenes de restitución y compensación y la meta del cuatrienio es llegar a 8.090 predios restituidos y compensados.

¿Cómo va la restitución en zonas que están vinculadas a negocios palmeros, como el Catatumbo o Chocó?

En esas zonas, también en Urabá y Tumaco, no contamos con el aval de la Fuerza Pública para ingresar a adelantar el trámite administrativo de la restitución. Es decir, son zonas no microfocalizadas. Sí ha habido algunos casos específicos en donde se han adelantado procesos. Pero una precisión: el director general de la Unidad de Restitución no es el que sustancia los procesos, lo hacen los directores territoriales. Yo no firmo los actos administrativos de inclusión en el registro, no suscribo las demandas como abogado apoderado de una víctima. Lo que hacemos desde la dirección general son lineamientos, directrices, el cumplimiento de unas metas y un papel un poco de motivador de equipos.

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El decreto 1167 de 2018 fue polémico porque fijó un plazo para que las víctimas realizaran su solicitud de restitución. Está demandado ante el Consejo de Estado. ¿Era necesario?

El gobierno anterior expidió, el 11 de julio, el decreto 1177 de 2018 en el que se limitaba la recepción de solicitudes en restitución de tierras a tres meses después; es decir, hasta el 11 de octubre. Entre el 10 y el 11 de octubre hubo un acceso masivo de usuarios para presentar sus solicitudes. Del 12 de octubre (de 2018) hasta hoy, hemos recibido cerca de 1.500 solicitudes más.

¿Se van a tramitar?

Se dio la instrucción de no rechazarlas. Tenemos que resolver el trámite que les vamos a dar. Si la gente logra demostrar que no pudo presentar la solicitud antes por caso fortuito o fuerza mayor, le puedo dar trámite. El resto están en el limbo.

Entonces, si es una demora no justificada, no la estudiarían...

No podría, porque estaría violando el decreto que hoy en día está vigente.

Pero existe la posibilidad de que solo por el proceso de paz las personas se sientan con confianza para presentar sus peticiones...

Estoy totalmente de acuerdo. Por eso es importante el próximo pronunciamiento del Consejo de Estado. Incluso a través de la solicitud de suspensión provisional del decreto. Con eso ya sabemos a qué atenernos.

¿Pedirán la suspensión del decreto?

Queda un poco extraño hacerlo. Quisiera ser muy sincero. Cuando usted revisa la Ley de Víctimas y no ve que la ley haya limitado la presentación de las solicitudes, que no se le ha dado la potestad reglamentaria al Gobierno para restringir la presentación de solicitudes, ¿qué sentido tiene hacerlo? Para mí, las solicitudes deberían poder presentarse hasta la vigencia de la ley.

¿Por qué el gobierno anterior puso esa limitación?

Entiendo la lógica con la que se buscó limitar eso... que están paralizados los proyectos de inversión en el campo en tierras donde hay restitución. Es decir, que la restitución termina siendo un freno al desarrollo del campo.

¿Está de acuerdo con esa lógica?

Creo que pueden coexistir las dos cosas en la medida que si hubo fenómenos de despojo, hay que repararlos. Pero es cierto que un inversionista podría perder todo lo que ha invertido (en un terreno) si ahí hay restitución.

¿Hay alguna articulación en la Unidad con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)?

Estamos trabajando de la mano de la Consejería para la Estabilización para ir de manera articulada todas las entidades del Estado. Hay un piloto de esta intervención en el Catatumbo que se llama Catatumbo Sostenible. Nos hemos reunido en Tibú y mostramos el avance. Son reuniones mensuales y hemos logrado articulados con la Fuerza Pública, avanzar en la microfocalización tanto en Sardinata y Ocaña como en algunas veredas de Tibú. Entonces sí lo hacemos con municipios PDET.

Usted menciona zonas que son bastante “calientes” y en las cuales no se han podido empezar a tramitar solicitudes. ¿Qué hacer?

Son siete zonas: Catatumbo, Bajo Cauca, Urabá, la cuenca del Pacífico (Cauca, Chocó y Tumaco); sur del Huila, sur del Tolima y una parte del Caquetá. Pero no tengo cómo tramitar las solicitudes; no tengo el aval de la Fuerza Pública. Y no es solo que pueda entrar, es que yo voy con la Fuerza Pública. Los jueces para hacer diligencias judiciales ingresan con la Fuerza Pública. En el Urabá el año pasado asesinaron a ocho policías en una diligencia de restitución. Si va a haber una prórroga en la Ley de Víctimas tiene que ser para esos casos. Es más, cuando hay microfocalización se disparan las solicitudes.

¿Cuántas hay en esas ocho zonas?

A hoy, 27.000, sin estar microfocalizadas.

¿Cómo ven las amenazas y asesinatos de reclamantes de tierras?

Nosotros vamos de gancho con las víctimas en los territorios y eso nos permite hacer seguimiento a los temas de seguridad. En efecto, varios de los líderes sociales asesinados son reclamantes de tierras. Son treinta personas. Pero quiero precisar lo siguiente: no es porque sean reclamantes de tierras o porque haya procesos de restitución que ellos han sido amenazados y asesinados. Puede tener otra causa y otra relación. Para eso yo me remitiría a las investigaciones de la Fiscalía. Todo ese mecanismo que se creó el año pasado. El plan de acción oportuna nos ayuda mucho, porque podemos dar información al respecto.

¿Han percibido que existan alianzas entre opositores de procesos de restitución y grupos armados?

No tengo información.

El portal Verdad Abierta denunció que la directora territorial de Urabá, Dayra Reina Hernández, era representante de empresas en procesos de restitución. ¿Por qué fue nombrada allí?

Cuando llegamos en la unidad, la Dirección de Urabá estaba vacante con un volumen importante de solicitudes de restitución. En el caso de Dayra Reina, yo diría que tiene las credenciales como abogada y en el ejercicio profesional. En efecto, representó intereses de algunos opositores en restitución. Sin embargo, en todos esos casos, ella se ha declarado impedida. Eso no la descalifica para que sea directora de una territorial, conociendo como ella conoce la ley.

La Unidad comenzó en el gobierno pasado a analizar solicitudes en el sur del país, que incluye los despojos hechos por las Farc. ¿Cómo van?

Mal, muy rezagados. Cuando yo veo el mapa del país, entre más abajo, más rezagados estamos. Allí nos falta hacer un esfuerzo y es donde queremos realmente entrar. Obviamente, Caquetá es complejo, porque además de esas consideraciones de presencia de grupos alzados en armas, hay una dificultad física: está Florencia y a diez minutos es la selva. Hacer un operativo para un levantamiento topográfico o para recaudar pruebas no es tan sencillo. Hemos puesto también un énfasis muy grande en Meta, Caquetá, Tolima y Huila.

La Comisión Colombiana de Juristas publicó un informe que dice que en el gobierno anterior, para mostrar resultados de gestión, la Unidad se dedicó a negar solicitudes de restitución. ¿Han evaluado este asunto?

Cuando uno revisa en términos absolutos, estadísticos, encuentra que el 35 % de las solicitudes son aceptadas y siguen en el trámite de etapa judicial. El 65 % (unas 40.000 a la fecha) son negadas. Yo también tengo la idea de que es un alto número de rechazos.

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¿Van a revisar?

Estamos en ese ejercicio. Tengo que hacer es un análisis aleatorio representativo que permita establecer las causales de la negación. Luego, donde había lugar a la inscripción, yo reviso de fondo y de calidad si quedó bien sustanciado el proceso. Pero sí se pueden encontrar casos que quedaron mal sustanciados, o sea, que hubo un error. En esos casos se puede ordenar la revocatoria directa. Pero también voy a decirle, no es la mayoría de los casos.