“La Fiscalía sabe que no tenemos nada que ver”: señalados del atentado al Andino

Andrés Bohórquez, Boris Rojas, Juan Camilo Pulido y Alejandra Méndez tras recobrar la libertad el pasado 9 de junio.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El pasado 9 de junio salieron de la cárcel varios de los procesados por el atentado al centro comercial Andino, ocurrido el 17 de junio de 2017, en Bogotá. Se vencieron los términos del proceso penal en su contra, por el delito de rebelión. Y si bien, la Fiscalía los señala de tener nexos con el Eln, de pertenecer al Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), de ser los responsables de instalar varios artefactos explosivos en Bogotá y Pereira, y de poner la bomba que acabó con la vida de tres mujeres, en el baño del centro comercial, pasados tres años desde su captura el ente acusador no ha podido llevarlos a juicio. Por esta razón, quedaron libres y, aunque seguirán vinculados al proceso, ahora podrán insistir en su inocencia fuera de prisión.

Lo liberados por orden judicial fueron Andrés Bohórquez, Juan Camilo Pulido, Boris Rojas, César Barrera, Santiago Sandoval, Lizeth Rodríguez y Alejandra Méndez. Siguen en la cárcel Natalia Trujillo, Lina Jiménez e Iván Ramírez, estos dos últimos a la espera de audiencias en la que se resuelva su situación. Aunque todos habían quedado libres en agosto de 2018, luego de que la Fiscalía pidiera de manera extemporánea la prorroga de medida de aseguramiento por el caso Andino (del cual no ha empezado el juicio), fueron recapturados bajo un nuevo cargo: rebelión, el cual ellos califican como un montaje. Violeta Arango, señalada por el mismo atentado, es prófuga de la justicia y se cree que está en las filas del Eln.

Entre las últimas noticias del caso, se supo que Trujillo firmó un preacuerdo con la Fiscalía. Según la Revista Semana, ella daría información de supuestas actividades delictivas del MRP. En la primera entrevista que Boris Rojas (BR) y Juan Camilo Pulido (JCP) le dan a medios desde que salieron de la cárcel, afirman que Trujillo es inocente, pero aseguran que hizo el arreglo con la Fiscalía por desespero. Se defienden de las acusaciones que les ha hecho el ente investigativo, denuncian falta de imparcialidad de la Procuraduría, relatan que personas de sus entornos han sido perseguidas y piden continuar el proceso judicial en libertad.

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¿Cómo han recibido la noticia de la libertad?

BR: Es una gran noticia y muy esperada. Existe la sensación de que por fin se hace algo dentro del cauce regular del debido proceso. A la Fiscalía se le vencieron también los términos de la ley 1908 (extiende los términos judiciales a investigaciones contra el crimen organizado) que, de manera ilegal nos aplicó. No había posibilidad de aplicarla por vigencia temporal y pese a ello tenía la intención de mantenernos en la cárcel. Es una libertad muy amarga porque Lina e Iván siguen presos. Además, existe la posibilidad de que la libertad sea revocada y, peor aún, el montaje del centro comercial Andino sigue marchando. No hemos podido demostrar nuestra inocencia y eso es amargo.

¿Dónde estaban el día del atentado?

JCP: Estaba en un almuerzo, dos amigos me estaban celebrando el cumpleaños, porque yo cumplo el 12 de junio.

BR: Estaba en el apartamento de la hermana de César (Barrera) esperando a mi compañera (Lina Jiménez), que se había ido a un matrimonio. Me quede todo el día ahí estudiando. Nos enteramos del atentado por la tele, como todo el mundo.

¿En qué va el proceso del Andino?

JCP: No se ha cumplido la primera etapa de las audiencias preparatorias, porque la Fiscalía no ha querido entregar todas las pruebas que la jueza segunda especializada le ha ordenado descubrir tres veces. En la última audiencia, el 25 de junio, la jueza le dio una semana más para que entregara soportes pendientes de unos 35 informes o si no le compulsaba copias por desobedecer una orden. El Fiscal no va a poder cumplir, porque no los tiene. Si los presenta son fabricados, porque no existen.

BR: Además, la Fiscalía prometió esas pruebas y las anunció, para asegurarnos y para mantenernos presos.

¿Tiene algún ejemplo de lo que falta?

BR: Certificados de primer respondiente del Centro Comercial Andino no hay. Si aparecen, son fabricados. Hay un informe de la policía francesa que la Fiscalía no lo ha entregado en español porque, a pesar de que fue una de las grandes banderas para mantenernos en la cárcel, a la hora del té dice que no le parece pertinente. Ese informe da cuenta de que no tuvimos nada que ver. Desde el punto de vista del material probatorio tienen problemas, porque eso les va a contrariar su propia teoría del caso.

JCP: Por ejemplo, las actas del reconocimiento fotográfico, en el que un testigo nos inculpa a Andrés (Bohórquez) y a mí del petardo panfletario de la Dian, del 17 de enero de 2017. Esas no existen. El reconocimiento está viciado, porque requiere un procedimiento para evitar que el testigo sea manipulado. Tenemos claro que la Fiscalía indujo al testigo a reconocernos, porque el atentado fue el 17 de enero y la primera vez nos capturan el 16 de marzo (señalados de portar un explosivo). Desde ese momento la Fiscalía nos identificó y el 22 de junio (tres días después del atentado) fueron a decirle al testigo que nos reconociera.

¿Quién es ese testigo?

JCP: El señor que estaba mostrando el apartamento del edificio, ubicado en la carrera séptima con 32. Hizo un reconocimiento diciendo que Andrés y yo entramos al apartamento, supuestamente nos reconoció en unas fotos que le presentó la Fiscalía. ¿Si la Fiscalía estaba tan segura, por qué no lo buscó en marzo? Esperó al atentado del Andino para empezar a montar el caso.

¿Por qué dicen que la escena del crimen fue alterada?

JCP: Como a los 15 días del atentado reunieron a las aseadoras, los celadores y los administrativos, lo cerraron un domingo en la noche para hacer una reconstrucción. La Fiscalía presentó un video, como un render, y les comenzó a decir más o menos cómo fue la escena del crimen, los indujo a que respaldaran su teoría. Nuestra defensa debía estar ahí para poder tener acceso con los testigos directos y nunca fuimos llamados. Estábamos en La Modelo cuando escuchamos que la Fiscalía estaba haciendo eso. Además, el centro comercial fue reabierto como uno o dos días después del atentado, eso no tiene ningún sentido.

¿Tienen algún ejemplo que apoye el señalamiento de que el proceso es un montaje contra ustedes?

BR: Hay testigos que afirman que encontraron un señor en el baño con un paquete de pastel, muy pesado para hacer un pastel, y que se le quedó en el baño de mujeres. Le avisaron que se le quedó, lo recogió, pero tiempo después el mismo señor estaba en el baño con otro tipo y con el mismo pastel. La esposa del director de City Paper dijo que encontró a dos tipos en el baño, les reclamó, se pusieron nerviosos y se fueron. La Fiscalía desechó eso, la primera línea de investigación y la más obvia fue desechada y empiezan a hacer un esfuerzo por rellenar el absurdo más grande, a fin de cubrir a los verdaderos culpables. Por cubrir al fantasma del pastel, terminamos nosotros metidos en el cuento.

La Fiscalía habló de unos videos que serían pruebas en el proceso ¿Aparecen ustedes ahí?

BR: Están las secuencias de fotografías y en todas la Fiscalía concluye que no somos. La sospechosa de ser Natalia Trujillo, resultó ser una cliente del centro comercial. El que se parece a César (Barrera) era un señor que la Fiscalía investiga por narcotráfico. Todo eso lo sabe y les ha generado los vacíos que los trae hoy en día a estar esperanzados en el principio de oportunidad. Saben que van débiles para el juicio. No sé qué podrán decir, podrán decir otras cosas, pero en relación con el Andino estamos seguros de que la Fiscalía sabe que nosotros no tenemos nada que ver. Ahora, en el descubrimiento de pruebas empiezan a cojear. Las pruebas son débiles, tienen incongruencias y la única posibilidad que tienen es que se les aparezca la Virgen en forma de principio de oportunidad.

JCP: Pedimos que nos mostraran cuándo entramos al centro comercial, así fuera un día antes, una semana antes, pero no pudieron hacerlo, no tiene cómo. También concluyeron que técnicamente con la calidad del video no es posible determinar quién es quién.

Revista Semana dice que hay 300 elementos probatorios contra ustedes ¿Qué decir ante ese volumen de pruebas?

BR: No es cierto, son muchas menos. En el escrito de acusación puede haber unas 240 pruebas enunciadas, de las que la Fiscalía solo descubrió 160. De esas, 90 son informes de Policía. Dicen que son 300 pruebas, pero lo que la gente no entiende es que, por ejemplo: prueba número 1 "Plena identidad de Camilo Pulido", prueba número 2 "Plena identidad de Boris Rojas". Hay muchas pruebas que son eso. Sólo en pruebas de plena identidad hay 10.

JCP: La relación de nosotros con esos eventos es el gran problema de la Fiscalía, porque no tiene sino el testigo de la Dian y un testigo del evento de Pereira, del que señala a Cristian (Sandoval).

BR: En lo de Pereira, el fiscal que recogió el testimonio no estaba facultado para hacerlo. Ese testimonio es fraudulento. A Cristian lo trajeron asegurado, con el cuento de que tenían un video de él. Ese video no existe, porque él nunca estuvo allá.

JCP: En las audiencias de legalización de captura y de medida de aseguramiento la Fiscalía siempre dijo que lo tenía. Cuando llegó la hora de descubrirlo, no estaba.

¿Entonces cómo los vinculan a ustedes al proceso?

BR: La labor de la Fiscalía es coger hechos y unas personas, establecer unas circunstancias de tiempo-modo-lugar, para que exista un nexo causal entre las acciones de esas personas con los hechos. Eso no lo tiene la Fiscalía y no puede tenerlo, porque no existe. Por eso se la ha jugado por la teoría de la corresponsabilidad penal: hay un grupo armado organizado que concierta, comete diferentes delitos, entonces no importa quién comete qué, quién hizo qué, quién es de qué.

JCP: Ese es un “aprendizaje” de lo que pasó con el caso de Mateo (Gutiérrez). La Fiscalía se fue ciega a acusarlo de un hecho y lo vinculó directamente con un testigo y como no estaba segura, le salió el tiro por la culata, porque a esa misma hora estaba Mateo en la Universidad Nacional y justo tenía un video.

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BR: Tan cierto es que en el segundo montaje por rebelión nos pone como visitantes de los campamentos del Eln en Arauca, Casanare, Bolívar, La Guajira y toda la frontera con Venezuela, entre 2015 y 2017. Es decir, en cualquier lugar y en cualquier momento. El Fiscal dijo descaradamente que no tenía como propósito probar en qué campamento y con qué personas hablamos, porque como esa es una estructura nacional y secreta, la Fiscalía nunca podría enterarse dónde y cuándo estuvimos. Eso es ridículo.

La Fiscalía dice que usted (Boris) es ‘Ramón', comandante del MRP ¿Cuál es su versión?

BR: No es cierto. Desde el principio, como en la tercera audiencia cuando la Fiscalía expuso su teoría, me señalaron de ser el jefe de la estructura y el Ministerio Público intervino para decir “sí, es que se le nota, no es sino verle el porte y la actitud”. Eso consta en audios y parece que ese es el origen de la teoría de mi dirección sobre la tal estructura. El fiscal Héctor Julio Leguizamón Cardozo decía que todos hablaban conmigo y que eso demostraba que era el jefe. Revista Semana ha insistido que el MRP es una estructura ultraclandestina, que se maneja en triadas, que no se conocen entre sí, pero nosotros nos la pasábamos juntos ¿Dónde queda la idea de las triadas secretas si comíamos juntos, vivíamos en las mismas casas, nos la pasábamos en la universidad, veíamos los mismos cursos, muchos nos graduamos juntos, íbamos a las casas de todas las familias, estuvimos en las mismas fiestas juntos? Éramos un grupo de amigos. Que algunos hacíamos activismo en la universidad, todo el mundo lo sabe.

Sobre usted (Juan Camilo) recae una acusación por portar explosivos en Ciudadela Colsubsidio ¿Qué tiene por decir?

JCP: Yo no me encontraba exactamente al lado de donde encontraron el artefacto. En el primer reconocimiento topográfico que hizo la Policía me puso al lado. Supe que fueron al día siguiente y lo volvieron a hacer y me cambiaron de sitio. Hay muchas cosas ahí que están muy viciadas, porque fueron manipuladas por los agentes de Policía.

BR: Hay unas cosas en las que nadie se fija. La Fiscalía se inventa una estructura en la que yo aparezco como jefe. Yo no soy jefe, pero si lo fuera ¿Qué tiene que ver eso con el Andino? A mí me pudieron coger en flagrancia, pero eso no me hace culpable del atentado del Centro Comercial Andino, es una falacia para desviar la atención sobre una realidad específica y es, digo yo, que la derecha cometió el atentado para favorecer intereses políticos y no puede salir a aceptarlo, porque parece que en el momento no le funcionó y no van a salir a reivindicar semejante atrocidad.

Otra de las acusaciones es que ustedes visitaron campamentos del ELN ¿Qué tienen por decir?

BR: Eso no es cierto. La Fiscalía lo plantea en los términos de que fue en cualquier momento y en cualquier lugar. Se puede probar que entre 2015 y 2017 hice muchas actividades diferentes a ir a campamentos del Eln. La Fiscalía no se atreve a decir un día exacto, porque sabe que el día que ponga yo le puedo demostrar que estaba en otra parte.

JCP: La Fiscalía hace una acusación tan amplia para que nos resulte difícil poder decir concretamente qué estábamos haciendo en esos tres años. En lo poquito que aporta, desde el punto de vista testimonial, hay un miliciano del Eln que dice que nos vio, casualmente a los 10, entrando a los campamentos. Dijeron que éramos una estructura de triadas clandestina, pero terminamos en un campamento del Eln. Está tan mal elaborado el testimonio, que ese miliciano dice que conoció a Fulanito con el alias de “Mestiza”, a otro como “El Calvo”, “Barbas”, “Visajes”. Lo llamativo es que esos alias que nos pone el testigo son los mismos que nos puso la Policía. En la primera audiencia uno de nuestros abogados le preguntó a la Fiscalía cómo logró determinar nuestros supuestos alias, en una investigación de dos meses. El Fiscal respondió que los alias los puso la Policía para diferenciarnos en los seguimientos ¿Entonces por qué el testigo, que se refiere a unos supuestos hechos entre 2015 y 2017, ya sabía que nosotros teníamos esos alias?

Existe otro testigo en contra de ustedes en ese proceso ¿Qué tienen por decir?

JCP: El otro testigo comenzó siendo una mujer dice “yo era fulanita y ellos me hablaban de que tenía que ser segura como mujer para poder avanzar en la lucha revolucionaria”. Cuando avanza el testimonio dice “todos nosotros nos pasábamos a las mujeres”. Empezó como mujer y terminó siendo hombre: Daniel. Exactamente el mismo testimonio está presentado con otro nombre, son dos informantes diferentes que presentan el mismo testimonio. La Fiscalía se dio cuenta de eso tarde, cuando ya lo puso en el escrito de acusación y lo descubrió. Cuando lo va a soportar en la audiencia preparatoria desechó ese informe. Una abogada de nosotros lo metió.

¿Qué importancia han tenido esos testimonios en el proceso?

BR: La Fiscalía los usó para asegurarnos y, hay que decirlo, los jueces viendo esas porquerías vertidas en un escrito de acusación dijeron que “no había duda” de que pertenecíamos a una estructura y nos prorrogaron la medida de aseguramiento. Además, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá nos condenó antes en cualquiera de los dos procesos, para negar la conexidad, que nuestros abogados pidieron, dijo “es evidente que los señores aquí presentes pertenecen a una estructura terrorista, que desarrolla actos en función de su beneficio personal. Por lo tanto, son terroristas. También es evidente que pertenecen a una organización altruista que desarrolla actividades revolucionarias en el ámbito de una lucha por los demás. Caben las dos cosas, la rebelión y el terrorismo, entonces no hay conexidad”. Eso se llama prejuzgar ¿Por qué un magistrado es así? Indagamos y encontramos respuestas: Adalgiza Neira, delegada de la Procuraduría en ambos procesos, fue magistrada del Tribunal Superior de Bogotá y tiene muchos amigos allá.

Natalia tiene preacuerdo y principio de oportunidad ¿Por qué alguien que según ustedes es inocente se va a inculpar?

BR: Por desespero. La cárcel es dura y es más dura con las mujeres que con los hombres. La cárcel ejerce una presión mucho más berraca con una mujer. El trato de la guardia con las mujeres es muy feo. No todos los guardias, pero en general el trato es una mierda. Con los hombres la guardia se cuida mucho, hay un trato en pie de igualdad. El sistema patriarcal se ultrarrefuerza en la cárcel.

¿Ustedes creen que eso quebrantó a Natalia?

BR: Sí. A eso súmele estar preso sabiendo que es inocente, viendo las actuaciones irregulares de los jueces y el abuso constante al negar la presunción de inocencia y al ver que no importa el derecho, ni la razón, sino la razón de Estado al punto tal que legalmente obtuvimos la libertad en 2018, pero de manera arbitraria se montó un proceso en dos días y la perdimos. Natalia, por lo que conocimos, es muy frágil y vulnerable. Hay la percepción de que no existe justicia, de que no existe la posibilidad de acceder a la verdad y eso a una persona débil la quiebra. Para el segundo montaje, primero nos dieron la libertad y los directores de La Modelo, de La Picota y del Buen Pastor nos retuvieron ilegalmente tres días y cuando salimos nos recapturaron. Al más optimista de los optimistas eso le genera la idea de que estamos enfrentándonos a un poder que hace lo que se le da la gana con la justicia. Eso, entendido por una persona que es abogada, la llevó a plantearse un preacuerdo y un principio de oportunidad.

JCP: Ella no se autoincrimina. Ella dice que vio que Boris hacía, que el primo de Boris hizo otra cosa, que yo hice algo. En la otra declaración (ha dado dos) dice que vio que comentábamos otra cosa, que hubo presión sobre ella y que yo la amenacé. Ella hizo un preacuerdo en el que le rebajan de rebelión a sedición y le queda en 48 meses, condena que prácticamente pagó el año pasado y cuando iba a salir la recapturaron por el Andino. Lo que pasa es que los abogados de ella son tan desvergonzados y tan irresponsables que no pelean la ilegalidad de esa captura y cuando nos dan la libertad a nosotros ahí sí les dio por solicitar la audiencia de libertad. Nunca se autoincrimina porque es inocente, la conozco desde el 2011 y tuve una relación cercana con ella y sé que no tiene que ver con nada de lo que nos están señalando. Tiene un desespero y una depresión ya médica. Lo que permite concluir que fue producto del desespero es que no lo hizo cuando la capturaron o en los primeros meses.

¿En qué momento lo hizo?

BR: Cuando cambió de abogados y vinieron unos que son unos mercachifles acostumbrados a manejar así el derecho: negociar con la Fiscalía, cobrarle a la familia, sacar una plata aquí, sacar un preacuerdito.

JCP: Ella pidió una nulidad procesal y la ganó en el Tribunal, porque la Fiscalía no la acusaba de nada en el proceso del Andino ¿Por qué una persona que no tiene ninguna acusación de la Fiscalía va a aceptar algo de lo que no la acusan? Vamos a los vencimientos de términos en el segundo proceso y nos aplican la ley 1908 que nos extiende los términos de 240 a 500 días, eso fue más o menos en agosto de 2019, y ese es el momento en el que ella se quiebra. Un mes después se dio lo del preacuerdo. La aplicación de esa ley fue para todos un baldado de agua fría, pensamos que ya no nos íbamos de la cárcel. Si no hubiera hecho eso ella estaría hoy libre. Lo del principio de oportunidad es incierto porque no sabemos qué va a decir: que nos conoce y que nos vio haciendo una cantidad de cosas que no tiene cómo sustentar.

En el artículo de Semana dicen que ella podría revelar que usted tenía armas y explosivos en una casa ¿Qué responde?

BR: Ella lo puede decir, pero ¿Cómo se puede demostrar que eso es cierto?

JCP: Ella dice en el preacuerdo que yo fui el que perpetré lo de Pereira y que la prueba de eso es que yo tenía un ipod el día que me capturaron y ahí tenía unas fotos. Ese ipod lo tiene la Fiscalía que nunca ha aportado las fotos que encontró ahí que soporten ese testimonio de ella. Ella dice en el preacuerdo que Boris tenía armas y explosivos en el apartamento ¿Cómo lo va a probar?

BR: ¿Y por qué no lo denunció? Si usted y yo vivimos juntos y yo me doy cuenta que usted entra coca, fusiles, armamento, pues me voy.

¿Creen que van a demostrar ante la justicia que son inocentes, como ustedes dicen?

JCP: Es difícil por tantas irregularidades. Teniendo en cuenta el Ministerio Público que tenemos es difícil. Aspiro, por lo menos, a que lo podamos hacer en libertad y que no se vaya a revocar la orden de los jueces. Eso también nos va a permitir elaborar una defensa buena. En la cárcel llevábamos tres meses sin hablar con nuestros abogados mientras se estaban haciendo audiencias claves, eso viola la garantía de la defensa.

BR: No soy optimista porque, por un lado, hay un compromiso de la Fiscalía y del Ejecutivo de encubrir a los personajes del retrato hablado ¿Por qué no se desarrolló esa línea de investigación? Si nosotros no somos culpables hay que descubrir dónde están esos dos personajes, qué pasó con el Fiscal cuarto que inició esa investigación y luego desapareció, hay que descubrir por qué el Fiscal 13 le hizo un montaje a Mateo Gutiérrez, por qué cuando se dio el atentado el Centro Democrático salió casi a aplaudirlo porque creían que Santos se iba a caer, por qué el presidente, el fiscal general, el comandante de la Policía y el Ministro de Defensa se comprometieron públicamente a condenarnos. Cuando nos capturaron dijeron que habían capturado a los responsables, eso es una condena.

JCP: Hay que revisar los tuits de Daniel Mejía, que era Secretario de Seguridad para esa época y que ahorita es periodista de Blu Radio, dijo por nuestra libertad que somos terroristas. Cuando nos dieron la primera libertad, en 2018, también lo dijo.

¿Por qué el Estado querría encubrir a los responsables?

BR: Porque ese atentado tiene unas connotaciones políticas, electorales, da para revivir la seguridad democrática. Ese atentado da para destruir las posibilidades de la paz que se venía dialogando con el Eln y que se estaba firmando con las Farc. Destaparlo mostrando que existen otros responsables es un problema político para esos sectores de poder. El compromiso que ha demostrado la Fiscalía en condenarnos es tan grande como el que demostró el mismo Fiscal en esconder los audios de la compra de votos del Ñeñe Hernández para Iván Duque. Ese señor Miguel Olaya Cuervo cogió los audios de la ñeñepolitica y los escondió, es un fiscal que trabaja de manera directa para el poder ejecutivo, no tiene ningún escrúpulo. Es muy duro que lo diga, pero la juez segunda, que tiene el proceso del Andino también ha sido muy cuestionada por favorecer gente vinculada a ese poder. Por ejemplo, a los que secuestraron y torturaron a la periodista Julieta Duque. Es evidente que las dos juezas conocen ambos procesos, trabajan con las mismas pruebas, con la misma orientación que viene de la Fiscalía. Hay una definición política, no es un problema jurídico porque si la discusión fuera jurídica la Fiscalía va a perder. Lo más probable es que nos condenen.

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Ustedes han denunciado persecución a sus allegados ¿Cómo ha sido eso?

BR: Un día a una amiga lejana de César (Barrera) la abordó un tipo y le dijo que necesitaban hablar: “su mamá maneja taxi y está enferma, su hermana está muy enferma. Usted está en la Distrital y su familia en una crisis económica. Le propongo que nos colabore”. Le puso cita al otro día. La llevó a un hotel en Corferias, había dos personas extranjeras (uno norteamericano, el otro no se supo), tres agentes de la Sijín y le dijeron: “no estamos de acuerdo con el terrorismo y usted es amiga de terroristas, necesitamos que diga esto”. Ella en un principio se asustó mucho, no dijo nada, posteriormente contó lo que le pasó. Esa denuncia se presentó ante la Fiscalía. Lo que le dijeron que tenía que decir es lo que aparece en el testimonio del escrito de acusación de rebelión. Se hizo la denuncia, pero le asignaron la investigación a Héctor Julio Leguizamón, que tuvo el caso del Andino. A una prima de César la abordaron en un bus, le preguntaron por él y le dijeron que ella había sido amiga de Violeta Arango. Al papá de César le allanaron la casa dos veces, le cortaron el tubo del gas. También se robaron los computadores de tres abogados: a Nabil, hacia julio de 2019, a Gloria y a Luisa se les metieron a la oficina muy cerca de la recaptura para el segundo proceso. A mi mamá el año pasado la seguían dos tipos en moto, este año me ha contado que hay gente que se para fuera de la casa e intenta mirar para adentro. A unas amigas de Lina (Jiménez) después de que nos acompañaron a una audiencia les iban a hacer un allanamiento sin orden. Hay una cantidad de situaciones así. En los procesos han aparecido nombres de familiares y de amigos. Un testigo del caso de rebelión relacionó a una muchacha que estudió con Mateo (Gutiérrez) con un secuestro, dijo que ella visitó a Mateo en La Modelo y que planearon secuestrar a un tío de Mateo para pagar los abogados, de carambola tendieron el manto de duda sobre ellos. A ella le tocó ir a la Fiscalía a solicitar explicaciones porque es evidente que le iban a abrir un proceso, pero le respondieron que había sido archivado.

Violeta Arango presuntamente terminó en las filas del Eln ¿Se puede esperar que ustedes asuman el proceso ante los tribunales y no tomen una decisión similar?

BR: Es difícil decirlo porque sería ridículo decirle que me voy para el Eln. Es evidente que somos perseguidos políticos, las decisiones que tome en relación con eso son inciertas. Es una situación de desesperanza muy berraca porque para dónde cogemos, para dónde nos vamos, qué podemos hacer. No puedo saber cómo llegó Violeta al Eln, no puedo decir que voy a hacer lo mismo. Si lo miramos desde otro punto de vista, uno tiene otras concepciones políticas.

JCP: No veo una posibilidad así, no creo que una decisión de esas se tenga que tomar por tratar de “huir” o “escapar”. No creo que esa sea la salida.