Corinto: donde opera la ley del silencio

A la entrada de Corinto, en el segundo cementerio del pueblo, una aglomeración de gente acompañaba el féretro de un hincha del Deportivo Cali, asesinado en la noche del jueves 22 de agosto en esa municipalidad. Esa misma tarde, un fiscal del pueblo recibió una solicitud para exhumar el cadáver de Jovani Andrés Güitoto, un joven que mataron a principios de 2019 y que fue enterrado sin que su madre hubiera podido verlo. Ella relataba, en su carta al fiscal, que en vista de que Medicina Legal no hacía levantamientos de cadáveres en las montañas de Corinto, la funeraria Ospina (encargada de esta tarea) había levantado el cuerpo, lo puso en un ataúd, lo selló y lo entregó a la Fiscalía.

En las paredes del cementerio está escrito el nombre de otro joven, quien, según las autoridades, es el asesino de una docena de personas que cayeron en esta guerra que se libra en Corinto después del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc. “Harry vive”, dice el grafiti pintado con aerosol de tinta negra. “Harry” es un nombre muy mentado en las calles del pueblo. Lo mencionan para elogiarlo o para maldecirlo, cuando cuentan que era uno de los jefes de sicarios de la columna móvil Dagoberto Ramos, la disidencia del sexto frente que operó en esa zona durante cinco décadas de conflicto con las Farc. Hay otros jóvenes en bicicletas, otros que juegan fútbol, otros que merodean por las calles en motos, muchas motos, el 90 % de ellas ilegales, dijo una fuente de la Policía de la zona.

Corinto es un pueblo de 33.000 habitantes ubicado en las estribaciones de la cordillera Central. En los primeros ocho meses de este año, se registraron 51 homicidios, según la inspección de Policía local. Es decir, está dentro de los primeros cinco municipios pequeños con más muertes violentas en todo el país al lado de Bello (Antioquia), Buenaventura (Valle), Santander de Quilichao (Cauca) y Tame (Arauca).

En el caso de Güitoto no hubo procedimiento legal para levantar su cuerpo, tampoco en el del empresario Mauricio Bucheli López —secuestrado en diciembre de 2018 junto a otro comerciante que se escapó por obra de la guardia indígena—, quien fue encontrado muerto en el corregimiento El Palo, del vecino municipio de Caloto; justo en el cruce mortal donde también asesinaron a un chofer de un autobús de transporte intermunicipal en la tercera semana de agosto. El fin de semana pasado fueron encontrados tres cadáveres en las afueras del pueblo. Todos tenían una bolsa negra en la cabeza y el cuello amarrado con alambre de púas.

La vía que comunica la carretera Panamericana, en el valle del río Cauca, con Corinto y con la cordillera Central es la que arranca desde Santander de Quilichao, pasa por el casco urbano de Caloto (hasta donde no hay mucha amenaza) sigue por El Palo y sesenta minutos después de recorrer una carretera de cemento, angosta y solitaria, rodeada por abundantes cañaduzales, se llega al casco urbano de Corinto.

Esa vía no la transita el alcalde, Edward Fernando García. Dice que prefiere dar la vuelta por Puerto Tejada, más hacia Cali, para luego devolverse por la Panamericana hacia el centro del departamento, a Santander o Popayán, la capital. Tampoco se ven retenes militares, pero los pobladores sí han visto salidas esporádicas de hombres de camuflado con armas largas, otros de civil y con cortas, quienes se identificaron como integrantes de la columna Dagoberto Ramos. El transporte público continúa recorriendo esa calzada bajo el riesgo de la extorsión, los choferes conducen a velocidades insospechadas y peligrosas.

Las calles de Corinto están atiborradas de almacenes llenos de artículos de plástico y de aluminio, para la cocina y la limpieza de la casa. También hay una veintena de ferreterías, mujeres negras vendiendo chontaduro en las esquinas, panaderías, tiendas de barrio, tiendas de marihuana medicinal y cantinas. El ambiente es de mucha desconfianza entre los transeúntes que caminan raudos. En el parque central casi no hay personas y la Policía sale de la estación de vez en cuando para merodear por algunas calles del pueblo. Y no es para menos: los sicarios andan en motos y camionetas. Los asesinatos se han cometido a plena luz del día en los establecimientos comerciales o en las calles. Así como sucedió el 16 de enero de este año, cuando murió el subintendente Luis Alfonso López Barón en una emboscada con fusil M16 y pistola nueve milímetros.

Frente al parque, en una casa antigua de dos pisos, funciona la Alcaldía municipal. La oficina del alcalde, Edward García, queda en el primer piso, donde me atendió a finales de agosto. Confesó que la economía de su municipio depende en un 80 % de los cultivos de marihuana, lo que ha generado una cultura de ilegalidad. “Es difícil controlar el tránsito y hacer que la gente cumpla la ley. Eso afecta la gobernabilidad”, añadió el mandatario. Los cultivos de marihuana no están ocultos, están a la vista del público que llega al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira (Valle), desde donde, en las noches, si se transita por la Panamericana, se pueden ver a lo lejos los ranchos alumbrando como pesebres en las montañas de Corinto, Toribío y Caloto. Son los invernaderos, un invento que trajeron los paisas para triplicar la producción y hacer modificaciones genéticas, de las cuales han resultado más de veinte especies de marihuana tipo creepy, dijo el director de fiscalías del Cauca, Raúl González Flechas.

El 7 de agosto pasado, al despacho del presidente de la República, Iván Duque, llegó una carta en la que el gobernador del Cauca, Óscar Campo, le expresó su preocupación por la situación de inseguridad que vive su departamento. En ella relata lo que están padeciendo los caucanos en el último año, principalmente los pobladores de Miranda, Toribío, Caloto y Corinto, según su relato, por cuenta de los cultivos de uso ilícito que generan disputas entre grupos ilegales. En estos municipios, dijo el gobernador, existen cerca de 233 hectáreas de marihuana creepy en 249 invernaderos, cuyo potencial anual es de 750 toneladas del producto. Sin embargo, le contó al presidente sobre una realidad de a puño: los operativos de la Fuerza Pública en el último año han permitido la incautación de 89 toneladas, tan solo el 12 % de la producción. “¿Y el resto cómo y por dónde sale?”, preguntó el mandatario de los caucanos.

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La respuesta no es fácil, pero recorriendo estas carreteras, ensangrentadas por la guerra desde hace medio siglo, se puede entender dónde empiezan los eslabones de la cadena del narcotráfico y qué responsabilidad tienen los mafiosos que auspician a las disidencias de las Farc. Así lo afirmó Campo, quien comentó que pidió al Ministerio de Defensa y a la Fiscalía General de la Nación aumentar los controles sobre estas carreteras que unen a las cordilleras Central y Occidental, y de la Panamericana, que junta al Cauca con el Valle. Igualmente, establecer quién articula las disidencias, quién tiene los contactos para comercializar y quiénes son los compradores de la droga. Según el alcalde García, se estima que del norte del Cauca sale el 60 % de la marihuana ilegal que llega al interior del país. Corinto aporta el 20 %.

En Corinto está presente el Comando Operativo Apolo, con el Batallón de Alta Montaña N.° 8, ubicado a un kilómetro de la zona urbana. Hay unos 200 soldados del Ejército en la zona rural, en la estación de Policía hay veinte hombres con armas largas y los acompaña un comando de fuerzas urbanas del Ejército que tiene cincuenta hombres, dijo el alcalde García. El Espectador consultó al coronel César Sánchez, comandante del comando operativo, con el fin de saber cómo han sido los operativos contra las disidencias y la mafia. Sin embargo, aunque contestó la llamada, no respondió a la pregunta.

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El fiscal que me atendió en Corinto ocultó su nombre. Contó que el rumor más fuerte es que la columna Dagoberto Ramos, hoy al mando de Fernando Israel Méndez, alias El Indio, cargará una camioneta con explosivos para estrellarla contra la estación de Policía del pueblo en cualquier momento. Este año, en Corinto han sido capturadas quince personas por el delito de narcotráfico. “La cantidad más alta de incautación de marihuana que llevamos en lo que va de 2019 son 108 kilos”, informó el funcionario judicial. “Los retenes de la Fuerza Pública son esporádicos y yo tampoco estoy dispuesto a ordenar allanamientos, eso se lo he dicho a la Fiscalía. Uno aquí tiene que saber trabajar y, si no, ya no estuviera contándole este cuento”, agregó.

Corinto y Miranda están separados por una carretera recta de seis kilómetros, la otra ruta que comunica al Cauca con el Valle, pues en veinte minutos se puede llegar a Florida y Pradera. Por ahí también transitan carros con remolques cargados de caña que van para las plantas de los ingenios procesadoras de azúcar. Un agente de la Policía de Miranda, quien también reservó su nombre, me dijo que muchas veces en medio de los cargamentos iba camuflada la marihuana. Así se lo confesó un hombre que cayó preso por narcotráfico a mediados de este año. En Corinto, dijo el alcalde, hay 65 personas condenadas por transportar marihuana o cocaína, por ser campaneros o por otra actividad dentro de la cadena. El asunto: todos tienen casa por cárcel y a diario están obligados a reportar sus actividades a la Alcaldía.

“Acá opera la ley del silencio y la justicia no tiene dientes para enfrentar a estos grupos”, dijo el fiscal de la zona. Y contó un hecho cierto: a finales de abril de este año, tras la muerte de Harry, jefe de sicarios de la columna Dagoberto Ramos, en el operativo también fue capturado Jhon Mario Gutiérrez Bahamón, conocido como Jhon Maro, un joven que a mediados de agosto pasado se escapó de la estación de Policía de Villa Rica, ubicado en una orilla de la carretera panamericana. “Imagínese y qué vamos a hacer nosotros ahora con ese hombre suelto”, repuntó el funcionario.

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El movimiento de gente en el casco urbano de Corinto se explica porque históricamente este sitio ha sido un centro de comercialización, dijo el alcalde García. ¿Dónde están los que procesan, prensan y transportan la marihuana? Contrario a lo que sucede con la cocaína, que no se produce en esas montañas, sino que viene desde Caquetá, Putumayo y el sur del Cauca para atravesar la cordillera Occidental en búsqueda del Pacífico. En Corinto apenas existen 500 hectáreas de coca y en todo el norte del Cauca hay 17.000 hectáreas de café, resaltó el gobernador Campo, para mostrar que el reemplazo de los cultivos de uso ilícito es probable en algunos territorios.

Pero, en lugar de la sustitución de cultivos de uso ilícito, lo que siguió fue la suspensión del fluido eléctrico para que los invernaderos dejaran de funcionar. Sin embargo, la medida que dictó el exfiscal Néstor Humberto Martínez, en junio de este año, no ha funcionado. Por un lado, si bien hay cultivos industrializados, que son los que están en los grandes invernaderos, también existen 1.850 familias que no alcanzan a tener una hectárea sembrada de marihuana y que se inscribieron en el programa nacional de sustitución, que nunca avanzó más allá de esta fase.

En algunas partes han podido cortar la energía, pero en otras no. Los hombres de El Indio están vigilando los transformadores de energía para impedirlo. Así amenazaron a una líder indígena que estaba acompañando a los funcionarios de la empresa eléctrica, quienes también han sufrido ataques. De otro lado, hay acciones judiciales contra la medida, porque veredas enteras se quedaron sin el fluido eléctrico. En síntesis, los pesebres siguen alumbrando con o sin la medida.

El alcalde García es corinteño; un hombre sereno y decidido. Tanto que, en medio del proceso de paz y la calma que se vivía en el municipio, quiso salirles al paso a los cultivos de uso ilícito y formuló un programa especial para el desarrollo de la marihuana medicinal. Permitió que cerca de ocho empresas nacionales e internacionales llegaran al territorio para invertir en un producto que, dijo, sería el futuro de la legalidad para Corinto. En este momento, 800 familias están buscando la licencia del Gobierno para continuar el proceso. Sin embargo, contó García, se ha quedado solo y la ilegalidad sigue ganando el pulso. Incluso, les propuso a los ingenios azucareros que permitieran cambiar cien hectáreas de caña sembrada por cien de marihuana medicinal, pero tampoco tuvo eco. Aseguró que hizo un estudio y logró establecer que una hectárea de marihuana podría generar nueve empleos más que la de caña.

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Para salir de Corinto tuvimos que hacerlo en la única camioneta blindada que tiene el alcalde García, quien nos acompañó hasta Miranda, por una carretera bien pavimentada y que también conduce a los municipios de Pradera y Florida bordeando la cordillera Central. Hace poco a García le hicieron un estudio de riesgo para aumentar su esquema de seguridad, pero hasta ahora todo sigue igual. El fiscal con quien hablé no lo tiene, a pesar de que él es quien lleva todas las investigaciones por delitos de narcotráfico y viaja a Caloto, pasando por el triángulo de la muerte (El Palo) en su vehículo, para llegar a la oficina del juez.

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