Reincorporación en el Catatumbo

En Caño Indio siguen esperando que el Acuerdo de Paz les lleve agua, luz y carreteras

En las cuatro veredas que rodean este espacio de reincorporación de las Farc los catatumberos ya arrancaron las matas de coca, pero denuncian que gobierno no cumplió con la promesa de sustitución. Exguerrilleros y comunidad trabajan para impulsar proyectos productivos y el acceso a electricidad, agua y tierras.

“No ocultamos nada. Tenemos sueños y creemos en el cambio”, es una de las frases pintadas por los excombatientes de Farc. / Carolina Ávila.

“Yo estaba convencido de que el acuerdo de paz iba a cambiar muchas cosas. Nosotros decíamos al comienzo: como Caño Indio no tiene agua, luz, ni vías terciarias, con un acuerdo de paz y un piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito les iba a llegar lo que nunca habían tenido”. Con semblante serio, Dayro Vallejo, conocido como “Willy Peña” durante su vida en la guerrilla de las Farc, pronunció estas palabras cuando se le preguntó por qué decidieron instalar el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en un territorio tan apartado, de difícil acceso y en medio del Catatumbo, una de las regiones donde la violencia no se fue a pesar del acuerdo de paz. 

Caño Indio está localizado a 50 kilómetros de Tibú (Norte de Santander) y allí está el espacio de reincorporación “El Negro Eliécer Gaitán”. Aunque inicialmente el gobierno había anunciado que sería uno de los 11 espacios que se reubicarían por condiciones geográficas y de seguridad, desde el 12 de junio de este año los excombatientes lograron que se mantuviera la zona.  

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La razón para no irse es muy sencilla: están comprometidos con que termine de llegar la implementación del acuerdo de paz a las cuatro veredas que rodean el ETCR. Es una deuda histórica que los excombatientes del Frente 33 dicen tener con este territorio que años atrás fue escenario de guerra. El hacer su tránsito a la vida civil allí iba a permitir que por primera vez llegara el Estado con servicios públicos básicos y la opción de desarrollo económico desprendido del cultivo de hoja de coca. 

Y al principio fue así. Los más de 1.100 habitantes de las veredas Caño Indio, Palmera Mirador, El Progreso II y Chiquinquirá sí tuvieron algunos beneficios con la llegada de los excombatientes. “Si no hubieran estado acá, nosotros no hubiéramos recibido lo que llegó. El gobierno se acordó de nosotros”, dijo María del Carmen Mogollón, coordinadora de la Asociación de Mujeres de la vereda Palmera Mirador.

Tienen acceso a los servicios médicos básicos que hay todavía en el ETCR y algunas casas reciben electricidad por los dos generadores de energía que el gobierno instaló mientras comienza el proyecto de electrificación veredal. Más allá de eso, con la llegada de los exguerrilleros y el acuerdo de paz también fueron el plan piloto de sustitución de cultivos de coca. A cambio de coca habría palma, yuca, ahuyama, piña o ganadería.

Los excombatientes se encargaron de hacer pedagogía de los beneficios de la sustitución y de trabajar con las comunidades en la firma de los acuerdos con el gobierno. María del Carmen cumplió con la erradicación de las seis hectáreas que tenía, al igual que los demás habitantes de las veredas. Sin embargo, según ella, “este es el día en que el gobierno no nos ha cumplido con los proyectos de sustitución. La mayoría nos sosteníamos solo de la coca y ahora nos quedamos sin nada. Nosotros estamos esperando que nos cumplan con la palma que nos prometieron como proyecto productivo de ciclo largo”. 

Sustitución, la garantía de paz 

 

Los cuatro presidentes de las Juntas de Acción Comunal hablaron con Colombia2020 sobre el incumplimiento por parte del Estado. A su lado estaba Dayro Vallejo, quien desde su reincorporación trabaja como el encargado del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en Caño Indio. 

De acuerdo con él, el PNIS traía un beneficio de $39 millones de pesos por familia, pero solamente les cumplieron con los $12 millones del primer año y el desembolso de $1’800.000 para una huerta casera. Sin embargo, no han recibido los $9 millones para los proyectos productivos de ciclo corto y los $10 millones de proyectos de ciclo largo.

“El Estado colombiano dejó aguantando hambre al que sustituyó porque no ha cumplido con sus promesas de un programa de sustitución gradual y concertado”, denunció Juan José Castellanos, presidente de la vereda el Progreso II. A su lado, Pascual Gaviria, presidente de Caño Indio agregó que la gran mayoría de las familias optaron por la ganadería: “la esperanza de nosotros era aprovechar esos $19 millones en la compra de animales, pero el último pago lo recibimos en junio de 2018”. 

Tibú, según el informe de 2018 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es el municipio con más hectáreas de coca sembrada en Colombia: 16.096 hectáreas. Los líderes estuvieron de acuerdo en que la paz en la región depende del cumplimiento integral por parte del gobierno de la sustitución y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Es decir, del acceso a tierras, infraestructura, comercialización de productos, educación, salud y vías, entre otras cosas, que permitan disminuir las brechas sociales en Colombia. 

(Lea: Cultivando sacha inchi, los excombatientes de las Farc se quedan en Arauca)

Según Dayro, la coca en las regiones cumple el papel del ministerio de salud, vivienda o educación. “Y de seguridad, porque está ligada a que haya comida, bienestar social y tranquilidad, pero aquí no la hay porque se depende de la coca y no hay caminos alternos”. Aunque aseguró que el compromiso de la comunidad, con el acompañamiento de los excombatientes, es mantener su territorio sin coca, con el tiempo puede haber resiembra por la falta de confianza.  

Buscamos las respuestas a las preguntas de la comunidad en la oficina de la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación, pero no hemos obtenido respuesta. 

La propiedad de la tierra, la mayor dificultad

 

Los proyectos productivos de los 84 excombatientes que permanecen en el espacio y los avances en la infraestructura del ETCR van a paso lento. En el Consejo Nacional de Reincorporación no hay aprobado ningún proyecto colectivo o individual de este espacio. El más avanzando es un proyecto de ganadería que está en formulación por parte de diez excombatientes. Y hay otros en cola, de ganadería, piscicultura y uno que tienen en mente para trabajar en conjunto con la comunidad: una procesadora para hacer platos y vasos con almidón de yuca.

El más avanzado lo están definiendo para que se implemente en terrenos aledaños al espacio de reincorporación, pero hay inconvenientes con la legalización de tierras en el núcleo veredal. “Para el proceso de compra se necesitan como $100 millones”, precisó Lucy Giraldo, consejera política del partido Farc en Norte de Santander. 

Según ella, el gobierno les aseguró que no podían comprar el terreno porque, a pesar de que es baldío, ya tiene una figura de posesión por parte de una persona. El acuerdo fue que los excombatientes, con la ayuda de Pastoral Social y los palmicultores de la zona lo compraran. “Hasta hace dos meses solo llevábamos $11 millones ahorrados”, añadió Lucy. Si se logra hacer la compra, el título de propiedad quedaría a nombre de la cooperativa de excombatientes.  

Al respecto, Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) aclaró que el gobierno concertó con ellos la compra de un territorio aledaño para adelantar la construcción de infraestructura, sobre todo, para los proyectos de vivienda. “La otra posibilidad es legalizar esos territorios para adjudicarlos con titularidad. Esa es una ruta que tomaría aproximadamente de 12 a 14 meses en caso de querer titular a nombre de cada excombatiente, pero ya iniciamos el proceso de identificación jurídica con la Agencia Nacional de Tierras para hacer el trámite”, aseguró. 

Sin embargo, para los excombatientes de Caño Indio hay otros procesos que van atrasados. Entre ellos, el arreglo de las vías de acceso y la electrificación del núcleo veredal. De acuerdo con Wilder Franco, líder de la vereda Palmera Mirador, en esa región se da cualquier tipo de cultivo, pero la ganadería es la vía más rentable porque es más fácil sacar a los animales por vías maltrechas. “No se puede sacar un bulto de yucas dando botes. Acá no hay canales de comercialización ni vías de acceso”. 

La vía en “mejor estado” es la que comunica el ETCR con la vereda Caño Indio. El Ejército les ayudó a mejorarla, pero todavía sigue destapada, no le han echado balasto y con la lluvia se hace prácticamente imposible el paso de vehículos.  

Con respecto a la electrificación del núcleo veredal, los cuatro presidentes aseguraron que el proyecto comenzó incluso antes del acuerdo de paz con apoyo de las autoridades locales, pero se ha ido dilatando. Solo quedaron con energía cuatro casas y hasta ahí llegó. También denuncian que si bien los dos generadores de energía del ETCR son de gran ayuda, sienten que el Estado se zafó de la responsabilidad de implementar este servicio en su totalidad.

El director de la ARN aseguró que se está articulando con la Gobernación de Norte de Santander para un proyecto de largo aliento. “Estamos haciendo con el Ministerio de Minas un estudio para mirar cuánto cuesta. Va a tomarnos un poco más de tiempo mientras que conseguimos los recursos por parte del Ministerio y se construyen las viviendas de los excombatientes, pero tengamos presente que estamos en una transición de gobierno local”, resaltó. 

Lo mismo afirmó para el servicio de agua potable y saneamiento básico, que dependerán de los estudios y diseños de construcción de vivienda. Al final, entre estudio y estudio, aseguró que todo este proceso tomaría en hacerse realidad entre un año y medio y dos años. 

(Vea: En el Catatumbo no hay garantías de seguridad para la reincorporación de las Farc)

El festival campesino

 

No solo las malas noticias y las denuncias salieron a flote en el recorrido por el ETCR. Allí también ha sucedido algo importante que tanto comunidad como excombatientes resaltan como una iniciativa de paz. Hay unión y trabajo entre ellos, dejando sus diferencias atrás. Incluso con el Ejército se ha establecido una relación cordial. Antiguos enemigos ahora se protegen entre ellos. Esa es quizás, una de las razones por las cuales no se ha presentado ninguna situación de inseguridad, amenaza o riesgo en la zona, a pesar de la violencia que sí se vive en el Catatumbo por la presencia del Eln, Epl, Los Rastrojos y las disidencias del Frente 33 de las Farc. 

Desde que se firmó el acuerdo de paz hasta la fecha, han asesinado a 16 excombatientes en todo el Catatumbo, según Lucy Giraldo. Recientemente, se conoció a nivel nacional el asesinato de los excombatientes Arsenio Maldonado, Milton Urrutia y José Milton Peña, en un hotel de Cúcuta. O el atentado que sufrió el excomandante de las Farc, Emiro del Carmen Ropero, conocido en la guerra como ‘Rubén Zamora’, mientras recorría la vía hacia Convención (Norte de Santander). Él ahora es candidato a la asamblea departamental por Colombia Humana. 

Desde el gobierno manifiestan que se están haciendo esfuerzos por garantizar la seguridad de excombatientes, con más presencia y acompañamiento de Fuerza Pública para algunos de los que están fuera del espacio de reincorporación, que en total son 484 personas. 

En el espacio territorial de Caño Indio se sienten protegidos. Esto les permitió realizar con la comunidad el Festival de Identidad Campesina, que por primera vez se hizo en el espacio. Sucedió a mediados de octubre y atrajo a cerca de 200 campesinos de los caseríos aledaños. El objetivo fue dar a conocer todos los productos tradicionales y visibilizar el trabajo campesino. Presentaron allí los yogures de leche de búfala que hacen en la vereda Palmera Mirador, quesos, arepas de yuca y las arepuelas de cancharina; o cultivos que se dan en la zona, como el ajonjolí, la ahuyama, la papaya y la yuca. 

Hubo actividades deportivas, entre esas un partido de microfútbol entre los excombatientes y militares. También bolos, minitejo y rana en los cuales jugaron las familias, especialmente los niños de las veredas. Se presentó la agrupación musical cucuteña La Siembra, conformado por mamá e hijas, al igual que varios grupos de danzas folclóricas colombianas. Allí estuvieron todo el día, en un compartir entre militares disfrazados de payasos, excombatientes como anfitriones del evento y familias exhibiendo lo que cultivan en sus tierras. 

Algunos de los comentarios de los campesinos es que esta versión del festival fue una muestra de que comunidades y excombatientes están cumpliendo, a pesar de las falencias estatales con respecto al acuerdo de paz. “No solo es la reincorporación de los que estuvimos en armas, sino la reincorporación de quienes eran cultivadores de hoja de coca hacia la economía legal. Si el campo no produce, el país no se desarrolla. Si no hay apoyo para el campo, no hay paz”, aseguró José Manuel Coronel, uno de los excombatientes que exhibió los productos locales durante el festival. 

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Carolina Ávila Cortés / @lacaroa08

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