En Catatumbo respaldan el PDET y rechazan militarización del territorio

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El primero de noviembre se relanzó en esta región el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. Las comunidades piden cumplir al pie de la letra lo que quedó allí plasmado y dicen que ello sacará la coca del territorio.

En las montañas del Catatumbo hoy se sienten las consecuencias del asesinato de Dimar Torres. Poco más de seis meses han pasado desde que al excombatiente de las Farc lo asesinaron integrantes del Ejército Nacional en una vereda de Convención, pero pocas semanas desde las últimas revelaciones que dan cuenta de que el crimen fue planeado y trataron de ocultarlo. El hecho profundizó la desconfianza, alimentada por décadas, que existe entre los campesinos del Catatumbo y el Estado. Para los primeros, el segundo solo ha pisado estas tierras a través de la bota militar y la mirada a sus comunidades ha pasado siempre por la estigmatización.

Pero esa barrera entre unos y otros ha empezado a tener algunas rupturas luego de la firma del Acuerdo de paz. En particular con uno de los puntos claves que quedaron plasmados en el documento firmado en La Habana y que ha empezado a arrojar los primeros frutos. Se trata de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), acordados en el primer punto, el de la Reforma Rural Integral, que el pasado viernes convocaron al gabinete ministerial a las 16 subregiones allí priorizadas.

Al Catatumbo, una de ellas, llegó una delegación encabezada por el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, para socializar lo avanzado hasta ahora en este territorio. El mensaje que recibieron allí, de parte de líderes campesinos, es que su presencia no puede ser esporádica y que la mirada a su región debe estar comprometida con lo que plasmaron en el PDET y no solo con el aparato militar.

 

Un salón comunal en la vereda Cuatro Esquinas fue la obra entregada en el relanzamiento del PET en el Catatumbo

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A mediados de 2017 iniciaron las primeras reuniones en las veredas de los ocho municipios que integran el PDET del Catatumbo, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, para ir recogiendo la visión de las comunidades sobre su territorio y lo que debería ser la hoja de ruta para su desarrollo en la próxima década. Tanto los líderes como los representantes de las instituciones que participaron en el proceso, coordinado por la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), coinciden en que en un principio fue muy difícil romper la desconfianza de los campesinos hacia el Estado, acostumbrados siempre a promesas incumplidas y abandono. Pero se fue abriendo paso el consenso.

Yamile Rojas, coordinadora para el Catatumbo de la ART explica que en los primeros meses de 2018 lograron pasar de las veredas a los municipios recogiendo los aportes de las comunidades campesinas. Sin embargo, fue allí cuando sintieron con mayor fuerza uno de los mayores desafíos que ha tenido la construcción del PDET en esta región, quizá más que en muchas de las otras 16 subregiones: el conflicto armado.

Para esos meses se recrudeció la confrontación entre el Eln y el Epl, grupos con importante influencia en la zona, lo que amenazaba la libre participación de los líderes. Aún así, de los municipios pasaron a la subregión y en septiembre de 2018, en Cúcuta, se logró la firma del PDET, en un proceso en el que participaron alrededor de 8.700 campesinos. La importancia de lo que quedó allí plasmado la resume Wilmer Pino: “Con que nos cumplan solamente el 50% de lo que quedó escrito ahí en el PDET, con eso estamos más que satisfechos”.

Lo que allí quedó plasmado es de enormes proporciones. En últimas, a lo que le apunta es a revertir el histórico abandono en que el Estado ha dejado a la región y que hoy la tiene, entre otras, como una de las zonas con más cultivos de coca en todo el país. De hecho Tibú, en el Catatumbo, es el municipio con más área cultivada en todo el país (16.000 hectáreas). De ahí que, ante la falta de posibilidades para acceder a la educación superior o incluso terminar el bachillerato, los muchachos encuentren mejor suerte raspando la hoja de coca.

Las cuentas de Pino, líder de Teorama, son así: “Del 100% de los que se gradúan de bachillerato, un 10% logra acceder a la educación superior. Otro 30% accede de pronto a un trabajo legal, o trabaja en las parcelas de sus padres; y a un 60% le toca acceder a los cultivos ilícitos”. Pero el diagnostico del Catatumbo va más allá de la coca o de la pelea entre el Eln y el Epl que, dicen, no se ha apagado por completo. Milciades Pinzón, alcalde de Hacarí, da un ejemplo de la crisis que en salud tiene su municipio.

“Somos 14 mil habitantes y solo tenemos dos médicos rurales y una enfermera oficial, el resto es personal contratado (con terceros). Necesitamos que el ministerio de Salud revise la situación y se nombren los médicos que se necesitan para toda la población”. Por ahora, el PDET está en una etapa temprana de implementación y mucho de lo que se ha entregado hasta ahora son obras de pequeña infraestructura (salones comunales, comedores comunitarios, mejoras en sedes educativas, etc.).

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Sin embargo, ya se han dado las primeras puntadas para transformaciones de mayor envergadura. Juan Felipe Rodríguez es el gerente para el Catatumbo de la consejería para la Estabilización y coordinador de la estrategia Catatumbo Sostenible, que busca la articulación de entidades nacionales y locales para impulsar la implementación del PDET de esta subregión. Dice que uno de los mayores avances se ha dado en vías terciarias, que quedó en el PDET como una de las principales necesidades pues, entre otras, es una de las dificultades más grandes para dejar la coca por otros productos, porque sacarlos les resulta más costoso que lo que les deja el producido. “Se han aprobado $30 mil millones a través de Ocad Paz para el mejoramiento de vías terciarias de la región y además logramos el compromiso de una filial de Ecopetrol, que es Cenit, para la construcción de tres puentes en la vía Astilleros – Tibú, por $32 mil millones adicionales. Entonces, solo en vías terciarias hemos aprobado $60 mil millones”, asegura el funcionario. Son proyectos que están en proceso de contratación y, según Rodríguez, iniciarán ejecución en los primeros meses de 2020.