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Pasaron 20 años antes de que se diera esta decisión. Este 3 y 4 de abril se adelantó la entrega de 10 predios, equivalentes a 110 hectáreas, que habían sido despojados y concentrados por dos familias ganaderas en el corregimiento de Salaminita, en el municipio de Pivijay, Magdalena. Tierras que se perdieron en medio de la violencia paramilitar que produjo el desplazamiento masivo de esta comunidad.
“Fue un momento muy alegre y a la vez triste, porque a muchas de las familias que nos entregaron tenemos personas que fallecieron con la esperanza de retornar”, comenta Lesa Daza, una de las líderes de este proceso. La sentencia es del Tribunal Superior de Cartagena, de la Sala Especializada en Restitución de Tierras y en la comunidad la esperaban con ansias. Hace menos de dos años, en agosto de 2017, por un fallo de restitución ya se habían entregado 38 títulos de propiedad de los lotes del centro poblado de Salaminita que fue arrasado, pero faltaban los predios rurales.
El día de la entrega de los lotes del caso poblado, al lado y lado de la carretera, donde se alzaban las dos hileras del pueblo de 49 casas, mujeres y hombres pusieron banderas blancas y atravesaron un pendón con el mensaje: “Aquí renace Salaminita”. Eran alrededor de 70, y en su mayoría eran mayores de 60 años.
Pie de foto: Martina García es una de las mujeres mayores de Salaminita que falleció sin poder retornar a su lote despojado.
La lucha
La lucha ha sido larga y eso explica que muchos de los habitantes de Salaminita murieran sin alcanzar a regresar a sus tierras. Quienes viven todavía anhelan su regreso sin olvidar esos días de terror.
El 7 de junio de 1999, los paramilitares al mando de Tomás Gregorio Freyle, conocido como Esteban, del frente Pivijay, adscrito al bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, convocaron a cada uno de los pobladores que estaban en la zona rural y en el centro poblado en una de las tiendas de este corregimiento.
Reunidos en ese lugar, los obligaron a presenciar la masacre de tres personas, entre las que se encontraba la mujer que por doce años había sido la Inspectora de Policía del corregimiento. Se trató de María del Rosario Hernández y dos jóvenes: Óscar Barrios y Carlos Cantillo.
Días después, los paramilitares regresaron al centro poblado y con una máquina bulldozer derribaron las casas y estructuras que encontraron a su paso. Juan Hernández Montenegro, de 65 años, fue de los últimos que salió.
“Los vi. Una mañana Gitano cogió una Caterpillar y desbarató el colegio, le quitaron los techos y las paredes a las casas. Aquí se quedaron después de que sacaron a todos y cuando pasaban los buses, bajaban gente que luego la mataban. Los enterraban más acacito. Me fui cuando me pegaron el tiro en la cabeza”, dice y cuenta que su corcovear es producto del balazo del que nadie sabe cómo se salvó.
De su corregimiento solo quedó un letrero del río que pasa cerca y lleva el nombre Salaminita. Y a pesar de la dimensión de su tragedia, pasaron más de 14 años, antes de que sus pobladores pudieran iniciar el proceso de restitución.
La mayoría ya se habían desplazado. Sólo algunas personas, en su mayoría, habitantes de la zona rural, de las veredas El Jardín y La Suiza, decidieron quedarse en sus fincas, aunque eso significó un grave deterioro en sus condiciones de vida como consecuencia de la destrucción del centro poblado y , en otros casos, la muerte.
Esa fue la suerte de Antonio Araque Bolaños y María Eloísa Gutiérrez, una pareja de viejos que fue asesinada, el 23 de agosto de 2000, porque se negó a irse de su finca “Bella Dama, aseguraron que era lo único que tenían. Con el abandono de las casas, los hombres del frente Pivijay comenzaron a hacer presencia permanente en el caserío, saqueando desde los cables eléctricos hasta la Virgen.
En este contexto de violencia, y aprovechando la situación de necesidad y extrema pobreza en que se encontraban quienes se habían desplazado forzadamente, las familias Rueda Acevedo y Díaz Quintero, terratenientes de la región, ofrecieron comprarles los predios, en la mayoría de los casos, por precios irrisorios. Algunas personas decidieron vender. Otras en cambio, se negaron a hacerlo y resistieron por varios años las presiones y amenazas de los terratenientes y de paramilitares, hasta que ante la gravedad de la situación y temerosos de las consecuencias que su negativa pudiera acarrearles, finalmente accedieron a vender los predios.
“A la mayoría le ofrecieron $100 mil por lote, muchos vendieron por temor. Yo no, eso es lo único que tengo”, recuerda Juan Hernández. Díaz Quintero, por el contrario, ha dicho, a través de su abogado en el proceso, que “adquirió los predios de buena fe”, pagando un precio superior por estos, ya que él “compró derechos de posesión porque el derecho de dominio ya lo tenía”. Además, dijo que en su caso no se podía aplicar la Ley 1448 de 2011, porque los hechos investigados eran de 1999 y él hizo la compra en 2003.
Los argumentos fueron desestimados por el juez de restitución. Entre otras porque consultada la información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), con base en un censo rural para el año 2009, y después de realizar un pormenorizado estudio de títulos de los predios del corregimiento, se encontró que las familias Rueda Acevedo y Díaz Quintero, poseían vastas extensiones de tierra que comprenden, predios ubicados en la zona rural como aquellos que integraban el centro poblado del antiguo corregimiento de Salaminita.
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Fue así como estas dos familias se hicieron a cerca de 35 predios rurales, adjudicados por el Incora a familias campesinas, y 49 lotes del centro poblado que conformaban el antiguo corregimiento de Salaminita. “Un claro fenómeno de concentración de la propiedad, y a la vez, una drástica alteración en los usos de la tierra”, dice Paula Villa, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas que acompaña el caso.
A esto se suma que Vicente Rueda Guarín y Adolfo Díaz Quintero, integrantes y principales representantes de las familias que hoy figuran como opositoras en el proceso, han sido señalados por paramilitares desmovilizados como financiadores de este grupo armado ilegal. Estas pruebas llevaron a que hoy la Fiscalía adelante un juicio por desplazamiento forzado y concierto para delinquir en contra Adolfo Díaz, porque Vicente Rueda ya falleció.
Pie de foto: Los pobladores de Salaminita crearon su propia asociación de víctimas en 2014: Asorenacer.
La diligencia
La diligencia de la entrega de los predios rurales, que se dio esta semana, no fue fácil aunque esperaban que fuera peor. Los opositores no hicieron presencia el primer día alegando que no fueron notificados, aunque el único responsable de esto es su abogado. Por eso fue necesario decretar allanamientos en las diligencias para lograr entrar a los bienes y hacer posesión de los mismos. En algunos casos se llegó a acuerdos para que los propietarios del ganado que había lo reubicarán y para que otros tenedores desocuparan de manera voluntaria, a través de subsidios entregados por la alcaldía para su reubicación.
También quedaron pendientes tres predios que se entregarán en junio. Ya que en uno de ellos había presencia de menores de edad, hijos de los trabajadores de los opositores en el caso. En los otros dos se encontró más de 72 reses de ganado, aunque los opositores aseguren que son más de 350 y no pueden trasladarlos por el verano que afecta los pastos de la zona. Pero para la abogada Villa se trata de una estrategia dilatoria de los opositores para seguir beneficiándose de los predios.
Pie de foto: En las diligencias hizo presencia la Procuraduría, Defendoría del Pueblo, ICBF, Alcaldía de Pivijay, Unidad de Restitución de Tierras, Policía, Comisión Colombiana de Juristas y Ejercito.
"En la diligencia que se hizo en los predios encontramos predios enmontados, pero también otros en muy buen estado. Yo diría que el balance fue bueno porque se entregaron 10 parcelas en total en el Jardín y en la Suiza", resaltó Erika Rangel, una de las líderes del proceso.
Lo que viene
La restitución de estos predios rurales está antecedida por otra decisión importante para esta comunidad. Se trata de la sentencia del 16 de diciembre de 2016, que ordenó la restitución del centro poblado de Salaminita, a favor de 38 familias a quienes ya se les hizo entrega material de los lotes. De hecho, la alcaldía de Pivijay ya hizo entrega de los títulos y avanzó en la instalación del servicio de energía. Sin embargo, dos años después, el Ministerio de Vivienda sigue sin cumplir la orden de construcción de las casas. Tampoco se ha cumplido por parte de las instituciones en la construcción del centro educativo y el puesto de salud, ordenados en la sentencia, así como las demás ordenes tendientes a la reconstrucción del centro poblado que fue arrasado.
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“En este pedacito quedaba el cementerio, allí la cancha de fútbol, más allacito, la escuela”, decía Juan Hernández Montenegro, de 65 años, mientras apuntaba un terreno enmontado, cercado por las fincas Montevideo y Los Naranjos en este rincón al occidente del Magdalena. Allí donde quedó un “Telecom, la casa de María, el puesto de salud, el billar El Hoyito, la tienda El Peque, que administraba Nelly…”, refiere.
Un pueblo que no existe todavía más que en la memoria de sus pobladores. Por eso la comunidad de Salaminita espera que las órdenes del fallo de restitución se cumplan y, además, de los predios lleguen los proyectos productivos y la construcción de viviendas. Es la única forma de que Salaminita realmente vuelva a renacer. “Lo que se viene es trabajo duro porque nos falta reconstruir el predio para poder tomar una buena posesión y armar proyectos productivos para el sostenimiento de nuestras familias”, asegura Lesa.