Los cuestionamientos a las capturas de la campaña Artemisa contra la deforestación

Herlinda Páez de Fonseca, de 73 años, y su nieto Yeison Ascencio Medina cumplen detención domiciliaria en el espacio de reincorporación de la vereda Colinas, en San José del Guaviare. / Gustavo Torrijos

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Poco antes de las 9:00 a.m. del pasado 2 de septiembre, en la vereda La Esperanza, de Puerto Rico (Meta), aterrizaron varios helicópteros Black Hawk de la Policía de los que desembarcaron miembros del Ejército y de la Dijín que allanaron varias fincas de la vereda. Los helicópteros habían salido de la base Antinarcóticos de San José del Guaviare con el objetivo de ejecutar seis órdenes de captura contra personas que la Fiscalía señalaba de cometer delitos ambientales en zona del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena, en el sur del Meta.

Horas después, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, llegó al lugar para entregar el resultado del operativo, que presentó como la sexta fase de la Operación Artemisa, aquella que lanzó el gobierno de Iván Duque en abril de 2019 para contrarrestar la deforestación en los parques naturales. El balance que entregó Trujillo fue el siguiente: “Tras una labor de varios meses de inteligencia fueron capturadas ocho personas, siete de ellas en flagrancia y una por orden judicial, que deberán responder por los delitos de invasión, daño en los recursos naturales y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Durante la operación se incautó material como carabinas, siete armas de fuego, motosierras y guadañas. La sexta fase de la Campaña Artemisa permitió la recuperación para su protección de más de 248 hectáreas ubicadas en el Parque La Macarena”.

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Un día antes de ese operativo, Yeison Ascencio Medina, un defensor de DD. HH. de Puerto Rico, había llegado a la finca de su abuela, Herlinda Páez, ubicada en esa vereda, a llevarle unos medicamentos, como siempre lo hacía. Estando allí, aceptó la petición de su abuela de quedarse y al día siguiente ayudarle a recoger la cosecha de maíz.

En esa finca, llamada Buenavista, vivió Herlinda Páez de Fonseca, según cuenta ella y certifica la Junta de Acción Comunal, desde 1977. Allí llegó con sus hijos desde el Huila, luego de la muerte de su esposo en esa región del país. Llegó a esa zona luego de la colonización dirigida por el Estado entre las décadas de 1950 y 1960 para ampliar la frontera agrícola en las tierras de los Llanos orientales. Según su relato, es una de las fundadoras de lo que hoy se conoce como la vereda La Esperanza. Cuando se asentó allí, tumbó monte con su familia y se dedicó a la siembra de yuca, caña, maíz y arroz. Luego, cuando la bonanza de la coca llegó a la región, sembraron también ese cultivo de uso ilícito. Años después arrancaron la coca y ahora tienen casi cincuenta cabezas de ganado en un terreno de unas 200 hectáreas. “De las 200, alrededor de ochenta están limpias, el resto son montaña”, dice Herlinda Páez.

Contra ella, un juzgado de Medellín emitió por solicitud de la Fiscalía una orden de captura el 1° de octubre de 2019, por los delitos de invasión de área de especial protección ecológica, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales e incendio. Era una de las seis órdenes de captura con las que se llevó a cabo el operativo el 2 de septiembre.

Durante esa mañana, las autoridades allanaron las fincas en las que estarían las personas que serían capturadas. Estas no fueron encontradas, pero las autoridades se llevaron a otros campesinos de la zona en un hecho calificado por los pobladores como “una pesca milagrosa”. Como lo relató la fiscal 17 especializada contra violaciones de DD. HH., Marta Lucía Yepes, en la audiencia de legalización de las capturas, lo que ocurrió fue que en medio de la operación hallaron a otros campesinos en zonas aledañas a las fincas allanadas y consideraron haberlos encontrado en flagrancia, cometiendo el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica. Por eso, los capturados fueron Nelson Vargas Olaya, Arquímedes Pérez León, Eliseo Álvarez Reyes, Humberto Villalobos Díaz, Yeison Mauricio Camayo, José Freddy Ocampo, Herlinda Páez de Fonseca y Yeison Ascencio, su nieto.

En el caso de este último, él y su abogado denuncian que fue capturado luego de que se ofreciera a acompañar a su abuela, de 73 años, hasta San José del Guaviare, adonde fueron trasladados. Una vez allí, denuncia Ascencio, le notificaron que también quedaba capturado al encontrarlo en flagrancia invadiendo el parque.

Pero, además, durante el allanamiento a esa finca las autoridades encontraron dos carabinas calibre .22 y una escopeta calibre 12 Gauge de fabricación hechiza, todas en mal estado, con las que les imputaron tenencia ilegal de armas a Herlinda Páez y a su nieto (ver las armas en imagen adjunta). La escopeta, cuenta Herlinda Páez, es una reliquia que se trajeron desde el Huila y que perteneció a su esposo fallecido. Desde que él murió no se volvió a disparar esa arma. Las dos carabinas las dejó allí un trabajador de la finca desde hace alrededor de cuatro años que nunca se las llevó, y desde entonces permanecieron en esa habitación hasta el pasado 2 de septiembre, cuando las encontraron las autoridades.

Según un investigador en balística, quien conceptuó que pese a su mal estado físico igual eran aptas para disparar, la fiscal les endilgó a Herlinda Páez y a su nieto (quien no vive en esa finca) el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Lo mismo le ocurrió al campesino Eliseo Álvarez, a quien en su finca le fueron encontradas una carabina de fabricación hechiza calibre .22 y una escopeta de fabricación hechiza calibre 16 Gauge.

A Herlinda Páez de Fonseca la Fiscalía también la acusó de los delitos de invasión de área de especial de importancia ecológica, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, incendio y tenencia ilegal de armas de fuego. A su nieto, quien estaba en esa finca por casualidad, le imputó invasión de área de especial importancia ecológica y tenencia ilegal de arma de fuego, lo mismo que al campesino Eliseo Álvarez. A los otros cinco capturados les imputó solo el delito de invasión de área protegida, al encontrarlos allí, pese a que, como lo reconoció la fiscal en la audiencia, no se puede probar que han invadido el parque o le han causado daño. Así quedó evidenciado en la imputación que le hizo al capturado Nelson Vargas Olaya:

“La Fiscalía le imputa que ayer 2 de septiembre fue usted encontrado al interior del Parque Nacional Natural de La Macarena permaneciendo en ese lugar. No podemos aseverar que usted lo haya invadido, pues solo tenemos noticia de su permanencia en dicho lugar y le estamos imputando en calidad de autor por estar allí en ese parque y poner en peligro los bienes protegidos, los recursos naturales y el medio ambiente. Su presencia al interior del parque afecta gravemente el ecosistema”, dijo la fiscal.

Para el abogado defensor de los capturados, Francisco Gómez, la argumentación de la Fiscalía es un callejón sin salida. “Mal hace la Fiscalía en señalar que a todo el que pise el parque hay que capturarlo. Entonces no habría espacio en los helicópteros y habría que llevar autobuses, porque es mucha la cantidad de gente, es una vereda completa llamada La Esperanza. De hecho, ahí hay hasta escuela aprobada por el Estado, que pertenece a la sede principal de un colegio de Puerto Rico”.

Por eso, en realidad Vargas Olaya y los otros cuatro capturados a los que solo se les imputó invasión al parque fueron dejados en libertad un día después del operativo, con la condición de no volver al área protegida. A las tres personas capturadas vinculadas con la tenencia de escopetas se les emitió medida de aseguramiento domiciliaria. Sin embargo, dice el abogado, por ley el tipo de arma que les incautaron está catalogada como arma deportivapues en el caso de las carabinas su calibre es menor a 22 y en las escopetas su cañón supera las 22 pulgadas, esto es 56 cm.

Yeison Ascencio, hoy en detención domiciliaria, sostiene que en el caso suyo y de su abuela se trata de una persecución de las autoridades pues un hijo de ella, Pedro Fonseca, fue en su momento guerrillero de las Farc, conocido como Franco, y comandó el frente Camilo Tabaco en el municipio de Puerto Rico. Sin embargo, en la audiencia la fiscal respondió a ese señalamiento y negó siquiera tener conocimiento de esa relación familiar. Pero con base en eso y en un comunicado del partido FARC, que rechazó esa captura en su momento, la fiscal sostuvo que ella tendría relación con organizaciones criminales.

“Su posible vinculación con organizaciones criminales está dada por algo que se muestra como un hecho notorio y es una publicación que en el día de ayer hizo el partido FARC, en donde deplora la captura de doña Herlinda, pero además de eso dice que se le está haciendo a ella el seguimiento y la judicialización por ser la madre de un desmovilizado. Lejos está eso de ser algo que siquiera tuviéramos en cuenta dentro de la carpeta: podrían revisarla de arriba abajo y jamás habríamos tenido noticia de eso. Ni siquiera la Fiscalía sabía que doña Herlinda era la mamá de un desmovilizado. Pero eso en este momento como hecho notorio muestra que ella tiene vinculación con grupos al margen de la ley y fuera de eso el hallazgo en su residencia de un arma”, dijo la fiscal.

Estas ocho personas capturadas, de las cuales cinco fueron dejadas en libertad, abren el interrogante sobre contra quién han sido dirigidas las intervenciones de la Operación Artemisa. Un reciente estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que analizó el papel de la fuerza pública en la protección del medio ambiente, estableció que “el balance costo-beneficio de estas intervenciones termina siendo desfavorable para el Estado. Algunas estimaciones señalan que un solo despliegue en el marco de la Operación Artemisa tuvo un costo de $800 millones, dejando como balance 17 capturas de personas que en la mayoría de los casos fueron dejadas en libertad”.

Luego del operativo en Puerto Rico (Meta) en septiembre, las autoridades llevaron a cabo la séptima fase de esta operación en las veredas La Estrella y Ciudad Yarí, de San Vicente del Caguán (Caquetá), el pasado 12 de octubre. El balance de ese operativo lo entregó el ministro de Ambiente, Carlos Correa: 1.461 hectáreas en Zona de Reserva Forestal de la Amazonia recuperadas y diez personas por delitos ambientales capturadas. Además, fueron inhabilitados elementos usados para deforestar y dos puentes asociados a vías ilegales sin conexión entre poblaciones. Hasta el cierre de esta edición, el Ministerio de Defensa no respondió un cuestionario enviado por El Espectador sobre los recursos invertidos y los resultados que ha arrojado la Operación Artemisa, entre ellos el número de capturas y si fueron dejados o no en libertad. Sin embargo, el balance que hizo este Ministerio al término del último operativo señala que en las siete primeras fases de Artemisa se han protegido 7.626 hectáreas principalmente en los parques de Tinigua, Serranía del Chiribiquete, La Paya, Sierra de La Macarena y Picachos. En octubre de 2019, las capturas iban en 224 por delitos ambientales, según la Fundación Ideas para la Paz.

“Los grandes deforestadores son los gamonales que llegan en helicópteros, o incluso en avioneta, o en camionetas 4x4 blindadas y les pagan jornales a los campesinos y los mandan a que tumben bosque para ellos extender sus ganaderías. (Las autoridades) dicen que la disidencia. Sí, es cierto. Pero no es la disidencia tan fuerte y no tiene la maquinaria para pagar la tumbada de 70, 200, 500 hectáreas como lo están haciendo. Claro que es la gente que habita allí, pero porque les pagan un jornal”, asegura Islena Rey, presidenta del Comité Cívico por los DD. HH. del Meta y Premio Nacional a la Defensa de los DD. HH. en 2013.

En abril de 2019, cuando se lanzó la campaña Artemisa, el presidente Duque dijo que tendría tres propósitos: “Primero, parar lo que he denominado esa hemorragia deforestadora que se ha visto en los últimos años. Dos, que recuperemos nuestra selva tropical húmeda, nuestros bosques. Y tres, que judicialicemos a los que están detrás de esa cultura deforestadora”. Y el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, también presente en el lanzamiento, agregó: “Quiero registrar que los delitos en materia del medio ambiente están saliendo de los códigos para llegar por primera vez a los juzgados. Estamos judicializando por primera vez a autores de ecocidios, a autores de delitos de invasión de zonas especialmente protegidas”. Hoy, Herlinda Páez y su nieto Yeison Ascencio cumplen su detención domiciliaria en el espacio de reincorporación de las Farc de Colinas, en San José del Guaviare, donde se reincorpora a la vida civil Franco, el hijo mayor de ella.