A tres años de la firma del Acuerdo de Paz

Los desafíos del laboratorio de paz del Cauca

El norte del departamento alberga tres espacios de reincorporación de excombatientes de las Farc, pero es además un corredor estratégico del narcotráfico y el lugar donde las disidencias siguen reclutando jóvenes. Aun así es un laboratorio de experiencias de convivencia.

Las tierras pertenecen al resguardo indígena de Tumburao y de acuerdo a un comodato a 25 años se las facilitaron para el cultivo de aguacate y para un proyecto de Piscicultura. / Fotos: Lía Valero

Por: Fernanda Barbosa*

“Hagamos una minga”, dice el escudo de Caldono, en el nororiente del Cauca. En el segundo municipio más afectado por tomas guerrilleras en Colombia, este trabajo colectivo de origen indígena se está desarrollando en proyectos productivos, diálogos y talleres de formación y articulación entre víctimas y excombatientes.

“Somos un laboratorio de paz”, afirma el líder social Farid Julicué. Sin embargo, luego de casi tres años de la firma del Acuerdo de Paz se vuelven visibles nuevos y viejos desafíos. “No hay un hospital de urgencias, faltan vías, conexión y trabajo para los jóvenes. Ellos son caldo de cultivo para los grupos armados porque no tienen un peso”, añade el caldoneño.

Casi 33.000 personas viven en Caldono, entre el casco urbano y las veredas. De ellas, 75 % son población indígena, según datos del DANE. El municipio es parte de un corredor en medio de las montañas verdes de la cordillera Oriental que conecta el norte del Cauca, incluyendo Jambaló y Toribío, con otras partes del país, como el Huila, el Tolima y, por ese camino, Bogotá. Durante más de tres décadas, la geografía, la ausencia estatal y las rutas del narcotráfico hicieron del lugar un blanco de diferentes actores armados, incluyendo las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Quintín Lame, además de la Fuerza Pública.

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Entre 1997 y 2014, Caldono fue víctima de 248 incursiones de la guerrilla de las Farc, según los registros en la agenda de Julicué. Solo en el casco urbano hubo 76 ataques, la mayoría a través de cilindros que explotaron en el pueblo y destruyeron casas, un colegio y un hogar religioso. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) tiene identificadas nueve tomas y 21 ataques guerrilleros en el municipio, y el Instituto Geográfico Augustín Codazzi señala 225 “acciones de conflicto armado”.

Tras la firma del Acuerdo de Paz, algunos pobladores dicen que la vida en el pueblo mejoró. “Uno ahora saluda a los policías, al Ejército. Antes, si los saludábamos nos decían sapos. Uno anda tranquilo. Ya no hay cilindro, bala o todo eso. Uno saluda a todo el mundo”, dice Rosalba Guetio, de 70 años. Otros ven que la lógica de la guerra se recicla. Es el caso de Irma Pilcué, de 33 años, quien nunca pudo encontrar al hermano que se unió aún joven a las filas de las Farc. “Lo busqué, pero nadie nunca me ha dado razón de él.” La herida, aún abierta, se profundizó en el fin de octubre, cuando un sobrino se fue de la casa para unirse a otro grupo. La presencia de hombres armados se nota en las noches en Caldono, cuando se escuchan camionetas pasando por el municipio, en la ruta del narcotráfico.

La población local se ha sentido directamente amenazada. Hace menos de dos semanas, autoridades de la zona indígena de Sa’th Tama Kiwe, como el pueblo nasa denomina el área, denunciaron haber recibido panfletos con amenazas firmadas por el “Cartel de Sinaloa”. Además, pobladores de zonas rurales han identificado intentos de reclutamientos de jóvenes. En uno de los casos les han ofrecido a varios de ellos $600.000 a través de mensajes de Whatsapp, supuestamente difundidos por el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Caldono no es el único municipio del nororiente del Cauca donde el conflicto se ha reciclado. A poco más de 38 kilómetros de allá, en Santander de Quilichao, el pasado viernes hubo la explosión de un camión bomba frente a una estación de Policía, que dejó a tres agentes muertos. A 76 kilómetros de Caldono, en Tacueyó, Toribío, el 29 de octubre una masacre victimó a la neehwe’sx (autoridad tradicional nasa) Cristina Bautista y a cuatro kiwe tegnas (guardias indígenas, cuidadores del territorio). El crimen fue atribuido por pobladores y autoridades a la columna Dagoberto Ramos, disidencia de la exguerrilla de las Farc.

 
Familiares e indígenas de la comunidad Nasa se despiden de Cristina Bautista, la neehwe'sx de Tacueyó que fue asesinada en una masacre junto a cuatro personas más de la Guardia Indígena, el pasado 29 de octubre.
Lía Valero

Los últimos registros de violencia hicieron que la atención nacional se volcara a la región, donde esos grupos vinculados al narcotráfico enfrentan las normas de comunidades indígenas que combaten la presencia de la droga en sus territorios. Tanto el Consejo Indígena del Cauca (CRIC) como el gobernador del departamento, Óscar Ocampo, han atribuido a las disidencias los panfletos y amenazas firmadas supuestamente por otros grupos.

Antonio Pardo, delegado de las Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) en el Cauca, afirma que esas bandas no son formadas mayoritariamente por excombatientes.

“En el Cauca hay 16 o 13 grupos armados, dependiendo de donde se para uno. Cada uno tiene 100 militantes o 1.300 hombres armados. Si el 95 % de los excombatientes en el Cauca están [acogidos al proceso de paz], solamente tenemos 30 embolatados. Es decir, que los 1.200 son personas de la comunidad que no tienen alternativas y que han encontrado en la guerra una forma de sobrevivir”, añade.

Diálogos para la reincorporación

Después de la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, el resguardo nasa de San Lorenzo en Caldono recibió una zona veredal para los excombatientes, el actual espacio territorial de capacitación y reincorporación (ETCR) Carlos Perdomo, en la vereda Santa Rosa. “Según el Acuerdo, no era posible hacer zonas campamentarias en tierras indígenas. Pero analizamos que era viable, pensamos en los recursos y proyectos productivos que vendrían para la comunidad”, cuenta Óscar Dizú Chocué, gobernador del resguardo entre 2016 y 2017. La otra motivación para participar de cerca en el proceso de reincorporación se debió a que más del 80 % de los guerrilleros de la columna móvil Jacobo Arenas, que actuó en la zona, eran indígenas. “Eran comuneros que se habían ido hacía cinco, diez, quince años. Pensamos que teníamos que recibirlos de regreso”, añade.

En total, 438 excombatientes realizaron su entrega de armas en la zona veredal del municipio, según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Actualmente, cerca de 40 familias viven en el ETCR Carlos Perdomo y 238 personas están vinculadas a los proyectos productivos desarrollados a través del espacio, como los cultivos de aguacate hass, la piscicultura, el tomate de árbol y la porcicultura. Para los dos primeros, un diálogo con las autoridades del resguardo de Tumburao, en Silvia, permitió la cesión del terreno a los excombatientes en régimen de comodato. Parte de los exguerrilleros están en otros lugares del municipio, que también tienen una nueva área de reagrupamiento (NAR). El proceso de reincorporación no tiene un lugar obligatorio para desarrollarse y los excombatientes pueden elegir estar agrupados o desarrollar su proceso de vuelta a la vida civil de forma individual, en otros espacios. El departamento del Cauca recibió otros dos ETCR, en los municipios de Miranda y Buenos Aires. Además de los proyectos productivos que intentan incluir a la población de las veredas, Dizú Chocué agrega que los exguerrilleros han ayudado en temas de infraestructura, trabajando colectivamente para arreglar caminos y partes del acueducto.

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La presencia de una mayoría indígena vuelve la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz un tema central. El texto reconoce que los pueblos étnicos “han sufrido condiciones históricas de injusticia”, “han sido afectados gravemente por el conflicto armado” y que “se deben propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos”.

Su puesta en práctica debe incluir el diálogo de las instituciones con las comunidades para la realización de una reincorporación comunitaria, lo que no se ha concretado en el nororiente del Cauca, según el defensor de derechos humanos de pueblos indígenas Samuel Escobar. “El Estado no ha avanzado ni concertado el capítulo étnico con las comunidades y víctimas”.

La convivencia de los reincorporados bajo las reglas de los resguardos indígenas, y entre víctimas y excombatientes, es un desafío que varios pobladores de la región señalan. “Las autoridades han realizado espacios para hacer el reintegro a la comunidad. Eso no resuelve las heridas que están abiertas, pero abre el espacio para resolverlas”, añade Samuel Escobar, también coordinador local de la Fundación Pax Colombia.

Además de las iniciativas desarrolladas por el Estado, existen los proyectos que Escobar denomina “reincorporación comunitaria silenciosa”, es decir, aquellos que poseen menos visibilidad, pero que se destinan a capacitar a pobladores locales y a exguerrilleros de forma integrada. Entre ellos están la formación en el bachillerato ofrecida en Caldono y el taller Tejiendo Derechos Humanos, que promueve encuentros de la comunidad, mayoritariamente entre mujeres, para enseñar tejido y reflexionar sobre sus derechos. Participan del taller tanto víctimas como excombatientes, entre ellas Floribel Guetio Cerón, de 33 años, una de las facilitadoras.

 
La Guardia Indígena sigue defendiendo su territorio de la presencia de grupos armados y narcotraficantes.
Lía Valero
 

“Sabemos que se puede lograr un cambio”, afirma Flor, como es conocida, que estuvo con la guerrilla de las Farc de los 13 a los 22 años. Se desmovilizó en 2007 y en la vida civil fue presidenta se su vereda. Este año se postuló al Concejo por el “partido de la rosa”, como llaman localmente a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). La adaptación del nombre del partido se relaciona con las marcas dejadas por el conflicto.

Otra iniciativa de diálogo desde la comunidad partió de Farid Julicué, que lidera una asociación de víctimas para 480 familias. Pensando en abrir las puertas para la reconciliación, el líder ha organizado foros y diálogos entre excombatientes y víctimas. En el encuentro de julio de 2017, en la misma escuela de varones que había sido atacada diez años antes, tres excombatientes se sentaron al lado de víctimas, hablaron de varios hechos que habían sucedido y pidieron perdón.

Los excombatientes “tienen que entrar a formar parte de nuestra sociedad, compartir con nosotros, compartir ideas, trabajo. Y se ha logrado. Hay que aprender de ellos, y ellos de nosotros, pero no olvidar. Uno tiene que estar muerto para poder olvidar”, afirma María Griselda Patiño, miembro de la asociación de víctimas liderada por Julicué.

***

Alguna de estas experiencias se expusieron durante el conversatorio “Reincorporación en el norte del Cauca. Balance tres años después de la firma del Acuerdo Final”, que se realizó en Bogotá el 19 de noviembre, con el apoyo de la Fundación Pax Colombia.

** La Paz en el Terreno es una alianza periodística entre Colombia 2020 de El Espectador y Rutas del Conflicto, que recibe el apoyo de la Friedrich-Ebert-Stiftung Fescol en Colombia.

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