Los líderes denuncian amenazas

Violencia y abandono en Ituango y Toledo (Antioquia)

Quienes habitan estos dos municipios del norte de Antioquia dicen que, tras el incumplimiento del programa de sustitución de los cultivos de uso ilícito, el megaproyecto de Hidroituango y la presencia de grupos armados, la gente se ha desplazado a cuenta gotas. No tienen trabajo y mucho menos sustento.

Líderes y lideresas de Ituango y Toledo piden una reunión con entidades municipales para garantizar su seguridad. / Fotos: Ruido

“Me tienen arrecho con tanta juepuerca preguntadera. Que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo o soy liberal. Me tienen berraco con tanta juepuerca averiguadera. Que si soy eleno que epelo si quiera, apoyo a las Auc o soy de las Farc”.

El campesino embejucao, una carranga de Óscar Humberto Gómez, apagó todas las conversaciones del bus. Quienes integraban la caravana humanitaria, que esta semana visitó el norte de Antioquia, la cantaban con ganas, animados por lo que se vendría los próximos tres días. Apenas salían de Medellín y esperaban que la alegría se extendiera hasta Ituango y Toledo, a ocho horas de distancia.

La caravana era en realidad un grupo de artistas, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos que decoró con banderas blancas un bus viejo y que esperaba alegrar las tardes de estas cabeceras municipales y de corregimientos aún más distantes, a seis horas en chiva y por carreteras destapadas, como Santa Rita y La Granja.

Tenían claro que el objetivo era acompañar a líderes, lideresas y habitantes de estas comunidades, que hoy se sienten amenazados por el hambre, los grupos armados, el megaproyecto de Hidroituango y una lista de pactos, dicen, no cumplidos por el Gobierno después del Acuerdo de Paz. Son pueblos que se sienten solos. Y no solo se refieren a una cuestión física, propia de la distancia, sino de un Estado que es presente para exigir deberes, pero ausente para garantizar derechos.

Vea: (En galería): Líderes y lideresas del norte de Antioquia denuncian amenazas en su contra

“Pues miren señores, a todos ustedes yo les contesto y quiero que quede muy claro esto, yo no soy nadie hago el bien no el mal. Trabajo en el surco desde que el gallo me anuncia el día y solo consigo pa’ mi familia, poquitas sonrisas y aún menos pan”. Se acaba la canción, pero a la caravana aún le faltan decenas de kilómetros de vías destapadas que hasta hace muy poco era imposible recorrer. El norte de Antioquia es una de las zonas que más ha sufrido los impactos del conflicto armado por su ubicación estratégica que conecta con el Nudo del Paramillo con Urabá, pero también tiene salida hacia la región Caribe. Wiston Gallego Pamplona, miembro de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), recordó que esta subregión siempre ha sido llamativa para los intereses económicos legales e ilegales. No solo hay proyectos hidroeléctricos, como Hidroituango, sino que también ha sido un punto histórico de cultivos de coca.

La presencia de los frentes 18 y 36 de las Farc ha sido permanente hasta hoy. De hecho, justo esta semana, el diario El Colombiano publicó un video de disidentes de este grupo apoyando el rearme de los excomandantes de la extinta guerrilla liderada por Iván Márquez. Fue una noticia para el resto del país, pero los líderes y lideresas cercanas al Nudo del Paramillo han denunciado las presiones de este grupo armado, comandado por Ricardo Abel Ayala, conocido como Cabuyo, desde que se firmó el Acuerdo de Paz.

Además de la guerrilla, este territorio tuvo que aguantar las incursiones del bloque Minero de los paramilitares que, según Gallego, fueron los responsables de las peores masacres, entre ellas las de El Aro y La Granja, zona rural de Ituango, cometidas entre 1996 y 1997. Y los combates entre estos dos actores.

Varias organizaciones de derechos humanos han denunciado el posible vínculo de estos grupos con el despojo de tierras para la puesta en marcha de Hidroituango, otro de los problemas que, insistieron los ituanguinos, no los deja vivir. Desde el año pasado, la comunidad tiene que comunicarse con el resto del país a partir de protocolos y horarios de movilidad impuestos por Empresas Públicas de Medellín (EPM). Por otro lado, hay algunos damnificados a la deriva, que no fueron reubicados ni están en proceso de reparación, pues la empresa señaló que no estaban registrados en el censo.

 
 

 

Promesas no cumplidas

La carretera hacia el corregimiento de Santa Rita, la primera parada de la caravana, aún tiene rastros de la época más dura del conflicto, como casas abandonadas con marcas de la Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Y cuando no son evidentes, quienes vivieron las violencias las recuerdan. “Esta vista que a usted le parece bonita era un punto de retenes de ‘paras’ y guerrilleros. Quienes estaban en la lista negra, los mandaban por el barranco. Ahí debe haber una cantidad de calaveras. Aquí vaciaron cuerpos por volquetadas”, contó Dorancé Durango, líder de la Asociación Campesina de Ituango.

En este momento hay grupos armados que se reorganizaron tras la desmovilización de las Auc. Mientras avanzaba la chiva, Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la organización Sumapaz, explicó que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se apropiaron de las montañas. Esto produjo un aumento considerable de la violencia. De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación, solo en Ituango se triplicaron los homicidios. Mientras en 2017 se presentaron 18 asesinatos, en 2018 la cifra aumentó a 52 homicidios.

“Desde 2016 hay una violencia sistemática, generalizada, muy fuerte que parecía que no se iba a volver a presentar”, dijo Zapata, para quien la peor parte la llevan los líderes y lideresas sociales. Después de la firma del Acuerdo Final han asesinado al menos 18. Los principales afectados, según la CJL, han sido quienes pertenecen a Juntas de Acción de Comunal y decidieron apoyar el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Los grupos armados saben quién entra y quién sale. Apenas llegó la caravana a Santa Rita se encontró en medio de la vía unos palos y unas piedras de donde colgaba ropa interior de hombre. Durango llegó hasta el punto, se fijó que no hubiese ningún artefacto y despejó la zona. “Un mal chiste”, afirmó. Pero el resto pensó que era una forma de avisar que estaban cerca.

La chiva entró al pueblo y se estacionó en el parque central ,donde los jóvenes artistas de la caravana se transformaron en payasos. Con un parlante lograron reunir a un grupo de 50 personas que disfrutaron con las ocurrencias de los actores y, que al final, participaron en un ejercicio de escribir qué querían cambiar del corregimiento. Los niños y niñas fueron los primeros en responder sin sugerencias de los adultos: “Menos guerra, más paz”, “Queremos más alegrías”, “Más estudio, menos guerra”.

“No necesitan que les digamos algo. Ellos lo saben”, aseguró Patricia Echavarría. “Estamos agradecidos porque alguien se acordó de nosotros. Este pueblo es muy aburrido. No hay nada que hacer. La gente se ha ido poco a poco. Los domingos no son lo mismo. ¿Y sabe por qué? Me da pena y miedo decirlo, pero eso ya todo el mundo lo sabe: por la coca. Empezaron a arrancar esas matas, pero el Gobierno no cumplió, como siempre, y los campesinos se quedaron pobres. Se fueron”.

 
 

Dorancé Durango opinó lo mismo. Para él no se trata solo de un asunto de soledad, sino de hambre. Hay varias causas que han provocado que el PNIS no esté marchando como debería en las 23 veredas de Santa Rita. Por un lado, las confrontaciones armadas sacaron corriendo a las familias campesinas cansadas de la violencia. Solo quedaron 430 en el programa, que recibirían $12 millones en efectivo y $24 millones en proyectos productivos.

“Ellas solo recibieron el primer desembolso de $2 millones en junio… ¡imagínese! El proyecto lo empezamos en abril de 2018. Aun así fue un alivio. Con eso se esperaban dos cosas: que la ONU verificara lo avanzado y que a principios de septiembre llegara el segundo desembolso más grande para arrancar con los nuevos proyectos”, agregó Durango. Pero la ONU no llegó. Las razones: la inseguridad y la emergencia de Hidroituango, que amenazaba con inundar el municipio. Por eso no se efectuó el segundo pago del Gobierno.

Los únicos que llegaron fueron los militares. De hecho, estaban presentes en cada punto donde paró la caravana. Para el líder, su presencia se ha convertido en represión contra el campesino: “Con el PNIS y el programa de Antioquia Libre de Coca se militarizó la zona para arrancar a la fuerza. Se suponía que íbamos a sustituir si se cumplían los plazos, pero ya vamos a pasar a octubre y no seguimos el cronograma. Todo va a atrasado y mientras tanto, ¿de qué vivimos? Un cultivo no se empieza con $2 millones. Algunos volvieron a sembrar, pero el Ejército quita los cultivos a la fuerza. Hay maltratos de por medio”. Por eso los campesinos se han desplazado poco a poco. Según el líder, la mayoría se va hasta Nariño, donde es más fácil cultivar la coca.

Además de Santa Rita, La Granja y El Aro viven una situación similar. Diana Palacios, lideresa del corregimiento del Aro, dijo que la situación en su comunidad es peor, porque ni siquiera existen vías de acceso. Los habitantes solo pueden llegar en mula y tardan, al menos, nueve horas. Palacios denunció que en el pueblo quedan aún los vestigios de las casas que quemaron los paramilitares en la masacre de 1997.

El incumplimiento se convirtió en un tormento para esta lideresa, no puede ir a El Aro por amenazas. “Me llegó un escrito en el que me decían que si quería continuar con vida me tenía que ir de la región. Me dijeron que me iban a proteger, pero ese proceso de evaluación puede tardar dos años. De todas formas, no creo que un policía sea una solución real. Colombia no puede ser un país de escoltas. Ya no puedo volver a mi tierra. Hago liderazgo desde la distancia. Tengo miedo y además no tengo empleo”.

Tanto Durango como Palacios creen que esas amenazas parten de ser la cabeza del programa de sustitución y por eso consideran que si les pasa algo es culpa del Gobierno, pues ellos son quienes les dan la cara a sus comunidades frente a los incumplimientos y los retrasos.

Ante estas denuncias, la Alta Consejería para la Estabilización aseguró que en Ituango el programa tiene vinculadas 795 familias, de las cuales el 82,6 % son cultivadoras de coca, mientras el 15,5 % son recolectoras de hoja de coca. Ahora están a la espera de que Naciones Unidas realice un segundo monitoreo para verificar la erradicación voluntaria y, “luego de ello, se efectúa el segundo pago y se inicia la contratación de los servicios de asistencia técnica integral para las familias”.

Amenazas contra líderes del río Cauca

La caravana siguió. La segunda parada fue la cabecera municipal de Ituango. Frente a la iglesia, los payasos comenzaron el show. Mientras las risas se oían en la plaza, María Delfa Misas, de 75 años y baja estatura, se acercó a preguntar de qué se trataba la actividad. Al enterarse de que era una caravana humanitaria, abrió los ojos e intentó sacar rápidamente un papel. Tenía anotadas todas las playas del río Cauca donde trabajó y hoy están inundadas por la represa.

“Yo era barequera. Saqué oro en todas estas playas y ya no están. ¿Usted me puede ayudar a denunciar que no tengo trabajo y estoy pasando mucho sufrimiento, mucha hambre? Empresas Públicas de Medellín (EPM) no nos reconoce porque dicen que no estamos en el censo, pero eso es culpa de ellos que no fueron a donde nosotros estábamos”.

María Delfa forma parte de las comunidades que llevan más de un año reclamándoles a EPM y a la Gobernación de Antioquia ayuda y reparación. La compañía le negó todas sus peticiones con el argumento de que su nombre no estaba en las listas del censo cuando arrancó el proyecto. Pero ella los desmintió: “¡Cómo me van a decir que me inventé que el río me lo dio todo: mi casa, mi trabajo, mi familia! Uno no se puede inventar una vida así y vivir en los albergues porque sí”.

 
 

La organización que ha defendido los intereses de los barequeros y la lucha por el río Cauca ha sido Ríos Vivos. Varios de sus integrantes también acompañaron la caravana. Rubí Estela Posada, una de las líderes del movimiento, aprovechó para mostrar los albergues donde viven mientras las autoridades municipales resuelven su situación ante la desatención de EPM. Es una casa de tres pisos que no tiene equipamiento, apenas unos cuartos donde pusieron los colchones. Le angustia que el 11 de noviembre tienen que entregarlo y no tienen a dónde ir. Una preocupación que le “impide seguir con su liderazgo en la defensa del territorio”, insistió.

Pero su mayor preocupación la expresó al día siguiente, en la tercera parada: Toledo. Para llegar hasta el lugar hay que pasar por Hidroituango. A veces permiten el paso de los buses por los túneles y otras por el ferry. El porqué nunca ha sido aclarado, pero Ríos Vivos insiste en que hay un temor de EPM de que le hagan una protesta o atenten en contra del proyecto. “Ya nos conocen. Cuando nos ven, nos mandan por el ferry”, expresó Oliva Gómez, otra integrante del movimiento. A los 10 minutos tuvimos que atravesar las aguas verdes de la represa. “Mire bien esta agua. Eso no era así. Nuestro Cauca era amarillo. Acabaron con todo”.

Después de tres horas de recorrido desde Ituango, la caravana arribó a este municipio que la semana pasada fue noticia por el asesinato del candidato de la alianza del Partido de la U, Cambio Radical y Centro Democrático, Orley García. Además del show cultural, las organizaciones sociales convocaron una mesa territorial de garantías para que defensores y defensoras de derechos humanos de los municipios de Toledo e Ituango denunciaran las amenazas en su contra. Ahí tomó la vocería Posada.

“A mí me dicen todo el tiempo: usted se asoma a las orillas del río Cauca y la matamos. Pero la Unidad Nacional de Protección hace un estudio con un diagnóstico de “ordinario”. Hay varias personas amenazadas y no queremos terminar como otros compañeros. Está el caso del esposo de una integrante que lo asesinaron después de la evacuación. Dejó 11 hijos”, denunció la lideresa.

Pero ella no fue la única. Otros miembros, que prefirieron no revelar su nombre y que pertenecen a Toledo, donde también se presentaron damnificados, expresaron su preocupación. Uno de ellos, guardián del río Cauca, le comentó a este diario que incluso funcionarios de la compañía le recomendaron callarse, pues está vigilado constantemente y en riesgo. También denunciaron estigmatizaciones de la institucionalidad y de la sociedad civil, que los tildan de guerrilleros o mentirosos. Tanto los defensores y defensoras de Ríos Vivos como los de la Asociación Campesina de Ituango piden que estos hostigamientos paren. Están embejucaos y solo quieren que no los jodan más.

Ante las denuncias en contra de los hostigamientos, EPM respondió: “Es falso que haya presiones u hostigamientos por parte de nuestro personal. Sin embargo, es un tema que la comunidad y los mismos medios deben tratar con las autoridades competentes”.

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Laura Dulce Romero @Dulcederomerooo

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