Colombia es una fuente significativa de trata de personas, sobre todo de niños y mujeres que son usados para explotación sexual. Esta grave evidencia, citando reportes del Gobierno, quedó contenida en un cable diplomático enviado a Washington en marzo de 2007 con el rótulo: “Séptimo Reporte de Trata de Personas en Colombia”. Se trata de un extenso informe en el que se admitió, además, que existe información de que el país es una región de tránsito de víctimas provenientes de China, Ecuador y de otros países andinos.
El cable expresó que la mayoría de las víctimas colombianas son reclutadas a través de ofertas de empleo, estudio o matrimonio, y que los destinos de estas personas son España, Japón, Panamá, Hong Kong, Singapur, Malasia, Alemania, Perú, Chile, Suiza, Suecia, Tailandia, Reino Unido, Italia, Portugal, China, Filipinas, Holanda, Israel, entre otros. El motivo del tráfico es utilizar a las víctimas con fines de explotación sexual, trabajo forzado y esclavitud. La mayoría de los casos no son denunciados.
Según el reporte, el DAS estimaba que entre 45.000 y 50.000 colombianas trabajaban como prostitutas fuera del país. No obstante, la Embajada de Estados Unidos aclaró que estas estadísticas eran imposibles de verificar. En cambio, cada vez era más evidente que el conflicto armado en Colombia estaba impactando la trata de personas, pues al crear poblaciones de desplazados convertía a estos mismos contingentes humanos en personas vulnerables. Por eso se creía que este delito era mayor entre la población desplazada.
El cable diplomático admitió que el Gobierno colombiano estaba obstaculizado en su lucha contra el tráfico de personas por limitación de recursos y que dependía de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales. Además, agregó que existían casos de corrupción porque en algunas regiones no era muy difícil obtener identificación falsa para los papeles de viaje de las víctimas. Durante el periodo del reporte no se presentó esta última circunstancia, pero sí la limitación para proteger a las víctimas, incluso en programas de la Fiscalía.
En ese momento, la Embajada identificó cinco entidades públicas para trabajar en el combate a la trata de personas: el Ministerio del Interior y de Justicia, el DAS, la Interpol, la Cancillería y la Fiscalía. A ellas sumó 14 agencias integrantes del Comité Interinstitucional contra el Tráfico de Personas, con los mismos organismos más el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Educación, Policía, Procuraduría, ICBF, Fondelibertad, el programa de la Presidencia para el tema y la Unidad de Información y Análisis Financiero.
En otras tareas de apoyo a la lucha contra la trata de personas, el cable refirió que el DAS había creado un cuarto especial de entrevistas en Bogotá en el aeropuerto Eldorado para atender a las víctimas en su fase de retorno que quisieran ser aconsejadas en cuanto a sus derechos y a la forma de instaurar denuncias. Sin embargo, el informe fue claro en reconocer que la mayoría de víctimas temen por su seguridad y la de su familia y por eso siguen teniendo miedo de denunciar. Muchos casos pasan inadvertidos para las autoridades.
El cable destacó que Colombia carecía de un programa de restitución para las víctimas de este flagelo internacional, aunque algunas organizaciones no gubernamentales ya habían implementado programas para reintegrarlas a la sociedad. La principal ayuda gubernamental consistía en incluir a las víctimas en los programas de protección de la Fiscalía, siempre y cuando se activara una denuncia y a través de ella se dieran méritos suficientes para entablar cargos contra determinado traficante. La atención incluía refugio y ayuda.
Según el reporte, Colombia había aumentado sus capturas contra individuos responsables de tráfico de personas y, además, adelantaba 49 investigaciones. La expectativa estaba centrada en crear un centro de operaciones antitrata de personas en 2007. Pero advertía que muchos de los casos se estaban registrando en las zonas de frontera y que, incluso, algunas organizaciones no gubernamentales habían advertido la ausencia de una ley suficientemente fuerte como para controlar la actividad de los grupos armados ilegales en este delito.
A pesar de la existencia de una nueva ley para criminalizar la trata de personas y el incremento de las penas y multas por esta conducta, definitivamente el sector más vulnerable, según el informe a Washington, seguía siendo el impactado por el conflicto armado. Teniendo en cuenta que el 74% de la población desplazada son mujeres y niños, era necesario implementar un plan de acción para la protección de víctimas. Entre las tareas por mejorar estaban la detección de pasaportes falsos y salidas de inmigración, así como la detección de patrones para el tráfico en países vecinos.
Casi cuatro años después de que el cable fuera enviado a la central en Washington, el problema de tráfico de personas en Colombia continúa siendo un negocio redondo para grupos criminales que delinquen en el país. Apenas la semana pasada el DAS, luego de 18 meses de investigación, logró capturar a ocho integrantes de una red de trata de personas en Armenia y Pereira que reclutaba mujeres jóvenes para ejercer la prostitución en bares de Colón, Panamá, y que ganaba hasta mil millones de pesos al mes por el ilícito. Sin lugar a dudas, una muestra fidedigna de que el Gobierno debería implementar mejores planes de acción en contra de este delito.