Colombia asumirá este jueves una serie de compromisos en materia laboral ante Estados Unidos —entre otros, la efectiva protección de los derechos de los trabajadores y el esfuerzo por llevar a los victimarios de sindicalistas a instancias de la justicia– dentro de una estrategia que busca darle el impulso definitivo al Tratado de Libre Comercio (TLC) en el Congreso estadounidense. Y será el presidente Juan Manuel Santos quien, en reunión que sostendrá esta tarde en la Casa Blanca con su homólogo norteamericano, Barack Obama, ratificará ese plan de acción que ya cuenta con el visto bueno de los líderes demócratas y republicanos en el legislativo de Estados Unidos.
En contraprestación, el presidente Obama presentará a su Congreso antes del 15 de junio el TLC, el cual podría estar aprobado en agosto. Y aunque George W. Bush ya había enviado el Tratado a dicha instancia en abril de 2008, rompiendo la tradición establecida para la ratificación de acuerdos comerciales, lo hizo sin contar con el beneplácito y consenso de los líderes de ambos partidos, razón por la cual se entorpeció su trámite. Sin embargo, y no obstante que para muchos se trata de un éxito del presidente Santos, hay quienes consideran extraño que Estados Unidos le haya pedido ahora compromisos adicionales al Gobierno colombiano y por fuera del texto del TLC como condición para enviarlo al Congreso.
Dichos compromisos, con fechas concretas y conocidos por El Espectador, tienen que ver con la prevención de la violencia y el enjuiciamiento de los autores de crímenes de sindicalistas. El gobierno Santos deberá, por ejemplo, para el 22 de abril ampliar el ámbito de aplicación de su programa de protección de líderes sindicales y antiguos activistas que pueden ser amenazados por su pasado. Para el 30 de julio, eliminar el actual retraso de las evaluaciones de riesgo para miembros de las centrales de trabajadores que han pedido protección y garantizar que en un futuro la Policía diligencie todas las evaluaciones en un período máximo de 30 días. Y también para el 22 de abril, revisar el programa de relocalización y protección de profesores para hacer frente a los elevados riesgos que estos enfrentan, al igual que colaborar con el gobierno de Estados Unidos para asegurar que el programa los proteja de manera eficaz.
Para el 15 de junio, Colombia deberá promulgar una reforma al Código Criminal con el fin de criminalizar y penalizar, con penas de hasta cinco años de prisión, toda acción o amenaza que pueda afectar negativamente los derechos de los trabajadores, incluyendo las amenazas en contra de organizadores laborales e interferencia con los derechos que tienen éstos a organizarse y negociar colectivamente. Y a más tardar en diciembre de 2011, la Policía Nacional deberá asignar 95 investigadores judiciales de tiempo completo para que apoyen a los fiscales en los casos de crímenes sindicales y así hacer frente a la acumulación de casos y acelerar los procesos.
Los compromisos de Colombia incluyen también a la Fiscalía General de la Nación, que deberá, entre otros puntos, implementar directrices al CTI y a los fiscales para mejorar los procesos de detección, investigación y procesamiento de crímenes de sindicalistas; llevar a cabo análisis sobre antiguos casos de homicidio con el fin de identificar los móviles y los autores intelectuales; desarrollar y mejorar el programa de entrenamiento de la Policía y los fiscales con el asesoramiento del Departamento de Justicia y Trabajo de Estados Unidos y, para mayo 20, desarrollar un plan para fortalecer la capacidad y el número de fiscales e investigadores en las oficinas regionales.
Estados Unidos le exige igualmente a Colombia acelerar la entrada en vigencia, de junio de 2011 a julio de 2013, de disposiciones legales que incluyan multas significativas para prohibir el uso indebido de las cooperativas de empleo que, en su concepto, “socavan los derechos de los trabajadores”. La nueva reglamentación incluiría multas para las empresas que violan las leyes de cooperativas y se niegan a crear y mantener relaciones directas de trabajo con los trabajadores afectados.
Por último, en el compromiso que asumirán hoy Santos y Obama, se estipulará la obligación de mantener los cinco derechos fundamentales promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los trabajadores, y a someterse a un proceso legal si uno u otro lado no cumple. Esos derechos son: la libertad de asociación o derecho a formar y afiliarse a un sindicato; el derecho a la negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso; la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación laboral y la ocupación por motivos de sexo, raza u otros.
De otro lado, Colombia y Estados Unidos se comprometerán a la aplicación efectiva de los derechos de los trabajadores; de las leyes de salario, horas, seguridad y la salud; y a rendir cuentas sobre las obligaciones tanto laborales como comerciales. Ambos países deberán responder por la violación de los compromisos, lo cual implica sanciones comerciales y multas.
Walid Makled iría a Venezuela
El presidente Santos expuso en Nueva York , en una entrevista para Univisión, las razones para enviar al presunto narcotraficante venezolano Walid Makled a Caracas. Pese a que EE.UU. también lo ha solicitado, Santos dijo que con Venezuela existe un tratado vigente que prioriza la extradición cuando el delito es homicidio, como es el caso de Makled en el vecino país. La segunda razón es que la Corte Suprema recomendó tener en cuenta al primer país que hizo la solicitud, y la tercera es quien haya presentado más cargos. En ambos casos Venezuela lleva las de ganar.
Cómo cumplir con los requerimientos de EE.UU.
Las condiciones que pondrá Estados Unidos a Colombia para la aprobación del TLC obligarían a una serie de reformas en materia laboral que, necesariamente, deberán pasar por el Congreso de la República. “Aunque resulta un tanto odioso que sea el gobierno estadounidense el que ponga las condiciones laborales para el país, hay que convertir estos condicionamientos en la oportunidad para hacer la gran reforma laboral, señaló el senador Roy Barreras, de la U.
Por su parte, la senadora Dilian Francisca Toro, presidenta de la Comisión Séptima de temas laborales, señaló que en EE.UU. hay un desconocimiento de lo que se ha avanzado en temas laborales en el país, mientras que Camilo Romero, senador de la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales, indicó que Colombia ya tiene compromisos adquiridos en materia laboral con la OIT: “Se trataría sólo de cumplir con ellos, que se resumen en dos palabras: trabajo decente”.