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En medio de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus –que solo en Colombia deja 470 casos confirmados, cuatro muertos y ocho recuperados–, este jueves la organización Transparencia por Colombia emitió una serie de recomendaciones para hacerle frente a la corrupción en tiempos de pandemia, haciendo énfasis en la integridad de las compras y contrataciones públicas.
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En su informe, el organismo señala que, si bien la atención urgente de la crisis es la prioridad, hay cinco líneas estratégicas en materia de uso de recursos públicos para afrontar la emergencia. En primer lugar, “máxima apertura en la información de las contrataciones”; segundo, la activación de mecanismos pro-competencia; tercero, fiscalización en tiempo real; cuarto, identificación plena de recursos utilizados y los responsables de su ejecución; y, finalmente, amplia rendición de cuentas públicas.
“La pandemia nos exige acciones sin precedentes. Las acciones que se implementen alrededor de estas cinco líneas pueden contribuir a un uso más eficiente de los recursos, y a evitar riesgos de corrupción que afecten la atención a la emergencia, que van desde la administración desigual de las ayudas destinadas a las poblaciones más vulnerables, hasta riesgos de captura de beneficios y recursos por parte de algunos actores con intereses”, señaló Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.
El organismo destacó medidas adoptadas por el gobierno de Iván Duque, como la declaración del estado de emergencia, que “facilita la acción de las autoridades, dotándolas de mecanismos para responder de manera contundente a la emergencia, incluyendo el uso ágil de recursos públicos (…) la transparencia en la toma de decisiones es esencial para asegurar que esos recursos se orienten de manera efectiva para aliviar los impactos en salud y en economías locales, y al mismo tiempo contrarrestar riesgos de abuso del poder”.
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Frente al primer punto, relacionado con la apertura de la información pública, Transparencia por Colombia señala que permitirá no solo a las autoridades, sino a la misma ciudadanía tomar decisiones de salud pública “de manera oportuna y fundamentada en datos confiables”, contribuyendo a la prestación directa de servicios de salud, como para el uso de recursos en proceso de compras y contrataciones públicas.
Por ello, se recomienda fortalecer el uso de herramientas como SECOP II, contribuyendo a ampliar la publicidad de la contratación en todos los niveles de gobierno y aumentando la agilidad en las transacciones de compras de las entidades públicas. “Es indispensable que no se genere un abuso de la urgencia manifiesta para la contratación directa. También, las autoridades deben controlar a tiempo riesgos de manipulación de precios y colusión”, advirtió Transparencia.
Se señala también la responsabilidad de los entes de control para hacer un monitoreo en tiempo real para vigilar que el dinero “vaya a donde debe invertirse para superar la crisis, en particular en la atención a poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad”. En paralelo, agrega el organismo, deben mantenerse y fortalecerse los mecanismos de denuncia ciudadana sobre posibles usos indebidos de la atención prioritaria.
“El seguimiento a los dineros destinados para la emergencia económica no se deben ver como barreras para su ejecución, se trata en gran medida de aplicar los mecanismos que ya tiene la institucionalidad y cuidar lo que nos preocupa a todos”, dijo Hernández.
Transparencia por Colombia concluye el informe señalando que debe primar la plena transparencia y claridad sobre el presupuesto público que se requiere para atender la pandemia, por lo que sugiere concentrar en una sola plataforma toda la información relevante sobre los recursos utilizados en el marco de la emergencia: montos, fuentes, afectaciones presupuestales, entidades responsables, distribución sectorial y geográfica, etc.
“Esta es una opción que el Gobierno Nacional, con el apoyo del Ministerio de Hacienda y la Gerencia de la crisis deben considerar urgentemente”, precisó.