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Ecuador vive uno de los momentos más críticos de su historia reciente por cuenta del efecto devastador del coronavirus. El año pasado Lenín Moreno, contra todo pronóstico, pudo mantener la gobernabilidad gracias a un pacto con la derecha ecuatoriana, en especial con líderes históricos de Guayaquil que, durante buena parte del Gobierno de Rafael Correa, fueron la disidencia más visible a la llamada Revolución Ciudadana. Consumado ese pacto, y con los indígenas aceptando abandonar las calles y levantando los bloqueos, se pensaba que la dificultad más compleja de dicha administración serían las políticas de ajuste fiscal que demandaría el FMI a cambio de un paquete de ayuda económica.
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No obstante, desde la llegada de la pandemia a América Latina, todo ha sido una pesadilla para este país andino. El elevadísimo número de muertos y la precariedad para enfrentar la situación se explican al menos por tres razones. La primera es la pobre gobernabilidad marcada por la ausencia de Lenin Moreno durante esta crisis. A diferencia de sus homólogos en América Latina que constantemente informan, hablan, dirigen y lideran, el mandatario ecuatoriano parece cada vez más ensimismado. Un gesto revelador de su debilidad ocurrió con la insólita e inédita decisión de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, excandidata presidencial, de desplegar automóviles de la policía sobre la pista del aeropuerto José Joaquín Olmedo para impedir el aterrizaje de un avión de la compañía española Iberia que cumplía con una labor humanitaria. Se trataba de recoger a un grupo de ciudadanos europeos para traerlos de vuelta a su país de origen.
La alcaldesa justificó la medida en la urgencia por contener el coronavirus, sin tomar siquiera en cuenta que en el avión únicamente viajaba la tripulación. Las autoridades españolas protestaron, pues no solo se impidió el retorno humanitario de sus ciudadanos, sino que de forma atropellada y tosca se puso en riesgo la vida de sus tripulantes. Aún cuesta entender que la alcaldesa haya salido impune de semejante incidente diplomático, que en otras circunstancias hubiese ocasionado una tormenta política. Además de poner en evidencia la poca preparación de las autoridades ecuatorianas respecto de planes de contención del virus, quedó al descubierto la falta de liderazgo de Lenin Moreno y del Gobierno nacional, desafiado abiertamente por una autoridad local.
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El segundo factor consiste en las malas decisiones en materia de salud pública por parte del Gobierno Moreno y de su polémica ministra del Interior, María Paula Romo, atornillada contra viento y manera, a pesar de varias salidas en falso. En noviembre de 2019, las autoridades ecuatorianas no encontraron reparo en terminar el convenio con Cuba que les permitía a 382 profesionales de la salud laborar en 23 de las 24 provincias del país. La situación no solo era absurda por la necesidad de estos en una situación como la actual, sino porque aquellos acuerdos se firmaron en 2007 cuando Moreno fungía como vicepresidente de Rafael Correa, por lo que él mismo fue parte de su negociación. Distintas voces se han elevado solicitando a Moreno reactivar el convenio con Cuba, en la medida en que el déficit de especialidades que cubrían sus médicos se ha vuelto inocultable.
El pobre desempeño en salud se confirmó por la manera en que salió la ministra Verónica Espinosa en junio de 2019, en medio de un escándalo por la adquisición, presuntamente irregular, de kits para diagnosticar de forma rápida el VIH y por los que Ecuador habría pagado una suma cercana al millón y medio de dólares. Según adujeron algunos portales de información independientes, los kits habrían salido defectuosos. Por cuenta de su pobre gestión, la Asamblea Nacional aprobó una moción de censura en su calidad de exministra.
En su reemplazo fue nombrada Catalina Andramuño que presentó su renuncia en plena crisis del coronavirus dejando en evidencia el mal manejo por parte de la cabeza del Gobierno para enfrentar la coyuntura. En su carta, dirigida a Moreno, Andramuño expresó que no había contado con recursos para enfrentar la pandemia a pesar de que desde diciembre se venía solicitando actuar para su prevención y se había pedido una asignación presupuestaria que nunca se concretó. A esto se sumó una delicada denuncia porque le habrían impuesto funcionarios sin conocimientos en el tema de salud pública para enfrentar la situación.
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A estos factores coyunturales, se añade el enorme exilio ecuatoriano en España cuya mayoría salió tras la crisis entre 1999 y 2000, la peor en términos financieros de toda su historia. La pandemia en España habría provocado el retorno de numerosos ecuatorianos que no acataron las normas de confinamiento y en condición asintomática habrían contagiado a decenas, sin saberlo. En ese sentido, los controles en las terminales aéreas fueron insuficientes y como en otros escenarios dramáticos de esta crisis, la respuesta de las autoridades fue meramente reactiva. Por eso, no resulta anodino el dato de que Guayas, cuya capital es Guayaquil, sea la zona más representativa en términos de migración hacia España.
En medio de la profunda crisis, los seguidores de Rafael Correa han recordado su gestión durante el terremoto que golpeó la provincia de Manabí en 2016, por lo que no han dejado de denunciar la falta de gestión y liderazgo del actual mandatario. Para los críticos del correísmo, aquello constituye tan solo una muestra del oportunismo político del expresidente que, desde el exilio en Bélgica, se ha mostrado activo en redes sociales atacando sin piedad el abandono de sus emblemáticas políticas sociales. En medio de semejante pulso político, Ecuador espera contener los efectos de una crisis sin precedentes y que ha puesto al descubierto uno de los gobiernos menos preparados de la región para enfrentar la coyuntura.
Mauricio Jaramillo Jassir es profesor de la U. del Rosario.