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En la noche del Domingo de ramos, cuando las familias de Puerto Libertador, municipio del sur de Córdoba, estaban resguardándose por la emergencia de salud causada por la expansión del nuevo coronavirus, COVID-19, alrededor de 60 erradicadores y 40 miembros del Ejército Nacional arribaron al pueblo. En la mañana del lunes, cuando la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Acsucor) se percataron de esta situación, se acercaron a preguntarles a los foráneos sobre la razón de su presencia en las comunidades. En efecto, estos confirmaron que iban a erradicar frozadamente los cultivos. De ahí salieron en camiones hacia el corregimiento La Rica, y hasta hoy se han ido moviendo por diferentes veredas, arrancando las matas de coca que encuentran a su paso.
Es la segunda vez en el año que esto sucede en Puerto Libertador. La primera fue a mitad de febrero, cuando los campesinos se plantaron frente a los erradicadores y protestaron en contra de la acción. En ese momento la respuesta fue la llegada del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios). Acsucor denunció que en medio de esos enfrentamientos un hombre perdió un ojo y hubo otros heridos.
Pero en esta ocasión hay un agravante y es que los habitantes del municipio están confinados a causa de la cuarentena nacional, que comenzó el pasado 25 de marzo, para restarle velocidad a la expansión del COVID-19, el nuevo coronavirus que ha matado alrededor de 108.000 personas en el mundo. Esta vez los campesinos no salieron a protestar, pero no porque no necesiten el ingreso que les genera la coca mientras sustituyen por otros cultivos. Al contrario, lanzaron un pedido de auxilio a los gobiernos, regional y nacional, para que les den alternativas para tener con qué comer durante el aislamiento.
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Esta situación que viven hoy los campesinos cordobeses es la misma que han venido enfrentando en las últimas dos semanas varias comunidades en Caquetá, Putumayo y Catatumbo. Allí también se han adelantado operativos de erradicación forzada, en medio de la crisis por coronavirus, a través de la aspersión localizada de glifosato. Y tal como había anunciado el Ministerio de Defensa que sucedería, los operativos avanzaron hacia la región del sur de Córdoba.
En Puerto Libertador hay 1.752 familias acogidas al Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Es decir, se comprometieron a arrancar la coca y sembrar otros cultivos con este programa que surgió de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc. El Estado, a su vez, adquirió otros compromisos, como el pago de $1 millón mensual durante un año, un proyecto de seguridad alimentaria, asistencia técnica y un proyecto productivo de ciclo corto y otro de ciclo largo. Hoy, dos años después de que los campesinos firmaran el plan, Raúl Álvarez, vicepresidente de Acsucor, dice que apenas están implementando el proyecto de seguridad alimentaria.
Pero para las familias que no se acogieron al PNIS, que son quienes tienen la coca que queda en el territorio, dicen los campesinos, la situación es todavía más grave. Confluye la inseguridad del territorio, que actualmente está controlado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). De hecho, una de las razones que identifican los campesinos por las que estas familias no firmaron los acuerdos de sustitución es precisamente porque había amenazas contra quienes lo hicieran. En Córdoba, como en otras regiones de Colombia, ser líder de sustitución de cultivos es peligroso.
Por esta razón, después de los enfrentamientos de febrero, se conformó una mesa en la que participaron autoridades locales y regionales, instituciones y campesinos para discutir y determinar cómo se iba a apoyar a esas familias que se quedaban sin sustento después de la erradicación. Sin embargo, esta instancia no se volvió a reunir y en esta nueva emergencia no han recibido respuesta de parte de ninguna institución.
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A esto se suma el temor por la salud. Raúl Álvarez dice que tienen miedo, pues no conocen la procedencia de los erradicadores y no tienen cómo protegerse. “Nosotros EN nuestro territorio tratamos de cuidarlo con guardia indígena, pero nos pasa esto y no podemos tener control sobre nuestro territorio. Y no sabemos si vienen o no contaminados, o vienen y se contaminan acá. Nos causa bastante desconfianza”, dice. Y agrega que esto agrava la situación de las familias que quedaron sin sustento. “Las familias deben quedarse en su territorio y en sus casas, y esas familias actualmente están pasando necesidad. No tenían grandes extensiones de cultivos, media hectárea, cuartos de tierra, y de eso sobrevive la gente. Nosotros desgraciadamente nos encontramos en total abandono por el Estado”. De acuerdo con las cifras más recientes del Ministerio de Salud, en el departamento de Córdoba hay 13 casos identificados del coronavirus pero el subregistro puede ser mucho más alto.
Se refiere también a que, en Puerto Libertador, en el casco urbano, solo existe un Camu (Centro de Atención Médica de Urgencia), y en los corregimientos y veredas hay puestos de salud o enfermerías que no cuentan con personal de salud permanente. Actualmente se han presentado casos de malaria, y tampoco hay atención adecuada.
Finalmente, el pedido de los campesinos de Córdoba es que se respeten los acuerdos de sustitución voluntaria. “Pedimos que, en vez de satanizar y decir que el programa de sustitución voluntaria fracasó y que lo que se necesita es la erradicación forzosa o las fumigaciones aéreas con glifosato, se fortalezca e implemente”, sentencia Raúl Álvarez. El Ministerio de Defensa, por su parte, ha dicho que continuarán los operativos de erradicación en regiones como el Pacífico Nariñense, el Bajo Cauca y Norte de Santander.
* “Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus".