En seis cárceles de Santander las medidas tomadas por COVID-19 son insuficientes: juez penal

Una tutela fue presentada en nombre de la población privada de la libertad de seis cárceles de Santander, en donde la Defensoría halló que ni siquiera contaban con protocolos claros de seguridad para prevenir el COVID-19. Un juez les dio la razón.

De acuerdo con el juez, las medidas tomadas en estas cárceles "no son suficientes para evitar contagios dentro de los penales en los que en algunos se presenta hacinamiento".Archivo El Espectador.

En las cárceles colombianas, el acceso al agua y a condiciones de salubridad son una consigna pendiente. Situación que no es diferente en las cárceles de Santander -que aún no reportan casos positivos de coronavirus- en donde ni siquiera se cuentan con protocolos para la prevención del COVID-19. La situación llegó a oídos del Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Santander, a través de una tutela, que acaba de fallarse a favor de los reclusos.

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En la tutela, presentada por la Defrensoría Regional de Santander, se recopila detalladamente cada llamado a las autoridades departamentales y municipales -ninguno fructífero hasta la fecha- para solucionar las condiciones en por lo menos seis cárceles de Santander. Se trata de los centros de reclusión de Málaga, Socorro, Vélez, la cárcel de Palogrande en Girón y la cárcel Modelo y de mujeres de Bucaramanga, en las cuales se pedía desde hace meses tomar medidas de protección para los internos y el personal del Inpec.

El Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Santander, al estudiar la tutela, dio un plazo de 48 horas al Inpec, la Uspec, el Consorcio Fondo de Atención PPL 2019 y los establecimientos carcelarios en los municipios demandados para que se realicen los giros presupuestales para la contratación directa de obras y servicios requeridos para mejorar la bioseguridad. 

En el trámite de tutela, la administración de las cárceles manifestó que, en algunos penales, se ha administrado, tanto al personal del Inpec como a los internos, kits de aseo y tapabocas. Además, si bien ninguna de estas cárceles cuenta con un protocolo diseñado siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud, en Girón se establecieron unas medidas de ingreso para evitar la llegada del virus a la cárcel.   

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De acuerdo con el juez, las medidas tomadas en estas cárceles "no son suficientes para evitar contagios dentro de los penales en los que en algunos se presenta hacinamiento (…) requiriéndose además que los penales cuenten con un protocolo de ingreso como el que está realizándose en Epams Girón”. Así las cosas, las administraciones de cada cárcel deberán adecuar con dos cabinas desinfectantes y lavamanos la entrada a cada penal.

El fallo también ordena que se les garantice los elementos necesarios para afrontar la crisis como tapabocas, guantes, antibacterial, jabones, límpido, entre otros, durante todo el periodo que dure la emergencia social y sanitaria. Ante la ausencia de espacios para tratar a los internos que pudieran contraer el virus, estos centros carcelarios deberán habilitar un espacio al interior para el aislamiento de los enfermos. Por su parte, el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 209 deberá garantizar el servicio médico y de enfermería las 24 horas.

Así las cosas, son por lo menos trece órdenes que autoridades carcelarias, municipales y departamentales estarán obligadas a cumplir en aras de garantizar el derecho a la vida, la salud y las condiciones dignas para todos los internos, menores de edad y personal del Inpec en estos centros de reclusión.

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Esta decisión se convierte en otra victoria para la población privada de la libertad desde que se anunció la presencia del virus en la cárcel de Villavicencio. El primero en obtener un fallo a su favor fue un recluso condenado a siete años de prisión por comercializar lotes ilegalmente y diagnosticado con coronavirus en Villavicencio que, además, sufre de diabetes y problemas de tensión.

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Redacción Judicial

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