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Heydeer Palacio, gobernador de Guaviare, entregó más de 7.000 mercados para la población vulnerable durante la cuarentena. La Contraloría anunció que se iniciaría una investigación por un presunto sobrecosto del 19% en estos kits alimentarios, el ente de control dijo que cada kit se adquirió en $251.000, cuando el precio de referencia es $211.062. Inicialmente, Palacio le dijo a El Espectador que la alerta era sobre un primer contrato con fecha del 26 de abril, pero que él había hecho una renegociación al día siguiente que el ente de control no había tenido en cuenta.
El 24 de abril la Contraloría dijo que iniciaría una indagación preliminar por los presuntos sobrecostos, lo que permitirá determinar si hay mérito para abrir proceso de responsabilidad fiscal. Ya se confirmó que la indagación es respecto al contrato final. En diálogo con El Espectador el Gobernador habló sobre los presuntos sobrecostos y cómo el departamento está atendiendo la pandemia, evitando que el virus llegue al territorio ya que el sistema de salud es limitado.
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¿Qué medidas han tomado para ayudar a la población vulnerable durante la cuarentena?
En el país fuimos los primeros en comprar mercados, compramos en total 7.000 ayudas humanitarias. Sabíamos que la cuarentena se iba demorar, entregamos un mercado que le alcanza para todo el mes a una familia normal. Entregamos a 500 familias en Miraflores, 650 en Calamar, 1.000 familias en El Retorno y 2.300 en San José; en total serán 7.000 personas beneficiadas. Esas ayudas las compró la Gobernación porque aquí todavía no han llegado los mercados del Gobierno.
Muchas personas han dicho que no tienen para el arriendo, se dio una ayuda de 150.000 pesos en efectivo para 500 personas vulnerables; y 300 familias que trabajan como gestores culturales recibieron un subsidio de 200.000 pesos. También la Gobernación cancela el recibo de energía a personas de estratos 1 y 2 y campesinos del departamento, aproximadamente 18.000 beneficiarios. En el municipio de El Retorno y Calamar los alcaldes pagan acueducto y alcantarillado.
La Contraloría informó que se realizaría una investigación por presuntas irregularidades en los contratos de esos mercados. ¿Qué pasó con los contratos?
Como Gobernador tenía que contratar mercados, no solo para la capital sino también para los otros tres municipios. A Miraflores se llega en avión y para llegar a Calamar son 75 km por carretera destapada, por eso se habían puesto unos costos el 26 de marzo que se firmó el contrato. El día 27 la señora de los contratos dijo que no nos iba a transportar los mercados hasta los municipios, porque el kilo de flete a Miraflores estaba en 2.200 pesos, por ejemplo, si se llevaba un kilo de arroz, costaba más el transporte que el arroz. Al día siguiente modificamos el contrato con la señora y se le recibió en el almacén, eso hizo que los precios quedarán a precio de San José, de compra en supermercado.
Desde el día 27 de abril que inició la entrega de mercados, nosotros teníamos precios justos y los mercados eran grandes, garantizaban que una familia de cinco personas pudiera estar 20 días. Nuestra gente quedó feliz, los que recibieron los mercados. El contrato inicial fue por 4.701, pero le adicionamos 2.350, en total son más de 7.000 mercados. La Contraloría está haciendo la investigación a nivel nacional, imagino que van a empezar a averiguar en todos los supermercados a qué precio estaba la yuca, el arroz, frijoles; pero todo está bien. Nosotros antes de que iniciara el escándalo ya habíamos renegociado, porque fuimos los primeros en entregar en el país.
¿Con la renegociación bajó el precio inicial? ¿Cuánto?
No, el contrato quedó por el mismo valor, pero nos dieron más cantidad, por ejemplo, si antes nos iban a entregar tres libras de lentejas, ahora nos entregaban cinco.
¿Entonces aumentó la cantidad de beneficiarios?
No, lo que aumentó fue la cantidad que entregamos en cada mercado. La Contraloría está haciendo una investigación a nivel nacional, pero ahora en otros lugares del país con los mismos precios ya se archivaron las investigaciones.
¿El costo extra del 19% ya no existe en el segundo contrato?
Lo que dijo la Contraloría es sobre el contrato inicial, aún no se han pronunciado sobre el contrato que renegociamos. No es lo mismo comprar un mercado que comprar 7.000, el contratista tiene que pagar mano de obra, empaque, etc. Nosotros entregamos toda la información, pero estamos esperando que ellos se pronuncien.
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¿Este 24 de abril la Contraloría afirmó que el caso pasa a indagación preliminar, estos sobrecostos son del segundo contrato?
Sí, la investigación ya es sobre los valores finales del contrato.
Usted afirmó que los sobrecostos iniciales se debían al flete desde San José entre los municipios y que en la renegociación estos ya no estaban porque se modificó la entrega a la oficina de San José. Al revisar los contratos estos no estipulan costo de flete y desde el principio el lugar de entrega es la capital del departamento. En cambio, en el acto modificatorio se evidencia una baja en los precios, en algunos casos muy alta.
A las personas que se invitaron a cotizar se les manifestó que debían entregar en los diferentes municipios, pero al firmar el contrato el día 26 de marzo la oficina jurídica estableció que se debía entregar en el almacén de la gobernación. Eso nos permitió el día 27 renegociar los precios y aumentar cantidad en los productos a entregar. Y el valor de los productos obedece a el valor del producto en cualquier supermercado, más el valor de las estampillas del departamento del 13.5, más impuestos nacionales, más la logística para el empaque de los 7.051 mercados: mano de obra, transporte, empaque y otros imprevistos del suministrador. Por eso este contrato no tiene sobrecostos, además los precios finales son más económicos que los de la Gobernación del Atlántico y muchas otras del país. Y en la época que se compraron había desabastecimiento en todo el departamento, por el acaparamiento que se dio antes de la decisión presidencial.
¿Cómo está el departamento en cuanto a infraestructura hospitalaria?
Tenemos tres hospitales de primer nivel y uno más de segundo nivel en San José del Guaviare. No contamos con Unidad de Cuidados Intensivos. Hemos venido mejorando, pero tenemos los problemas de todo el país; se les debía a los empleados, pero me he preocupado por garantizar que al menos los salarios queden al día en el hospital departamental. Iniciamos la construcción de Unidad de Cuidados Intermedios, se dio un plazo de máximo de 20 días porque tenemos diez respiradores para el hospital departamental de San José del Guaviare. Cuando una persona se enferma de gravedad, lo remitimos al Meta, Villavicencio es nuestra capital en salud.
¿Cómo los ha afectado la cuarentena?
Económicamente la comunidad tiene muchas necesidades. Nosotros estamos libres de coronavirus por las decisiones que tomamos como Gobierno, desde el 17 de marzo estamos aislados, se restringió el ingreso al departamento, se cerraron los aeropuertos, aislamos a las personas que habían estado en el extranjero y los cuatro municipios quedaron aislados entre sí. Ya llevamos un mes de cuarentena y ahora manejamos pico y cédula; eso ha generado que peluqueros, riferos, zorreros, los que viven del día a día, vendedores ambulantes se encuentren mal económicamente.
¿Han recibido apoyo del Gobierno nacional?
Las personas de familias en acción o adultos mayores han recibido el dinero; pero a la Gobernación o a las alcaldías no ha llegado ni un peso. El único apoyo que recibimos fue por parte del gobernador de Cundinamarca que nos envió 10.000 litros de alcohol.
¿Qué apoyos le piden al Gobierno central para llevar mejor esta crisis?
Lo más pronto posible necesitamos que llegue ayuda humanitaria porque se nos están acabando. Pedimos que nos liberen nuestros recursos de ahorro como los del FONPET, tenemos ahí en excedentes unos 35.000 millones de pesos. En el tema hospitalario hemos solicitado que a través de los recursos de ciencia y tecnología nos permitan fortalecer nuestros laboratorios de salud pública. Solicitamos camillas, respiradores y que lo más pronto posible la Nueva EPS, la única del departamento, se ponga al día con nuestra red hospitalaria. También pedimos al Gobierno que habilite las pruebas rápidas para que estos departamentos no tengan que esperar.
¿Por qué la Nueva EPS tiene deudas con los hospitales?
Los hospitales facturan mes a mes, pero la EPS tiene tercerizado los análisis de las facturas y se demoran todo un año en evaluarlas. Cuando llegamos la EPS debía meses de 2015, 2016 o 2017. Por ejemplo, al hospital departamental la deuda sube a los 11.000 millones de pesos. Todos esos remanentes que van quedando mes a mes hacen que no se le pueda pagar al día a los funcionarios. En el hospital departamental estamos al día, pero en la red de primer nivel se le adeuda al personal más o menos dos meses y medio. Ellos nos quedaron de cancelar en el transcurso de este mes.
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¿El departamento tiene abastecimiento?
Tuvimos desabastecimiento entre el 18 y 28 de marzo porque compramos todo en Bogotá, en Corabastos y allá la gente acaparó. Antes el flete por tonelada valía 90.000 pesos, ahora está más o menos en 130.000 desde allá y conseguir los camiones es difícil. Desde San José hasta Bogotá son seis horas y la vía está pavimentada, pero tenemos problemas con las vías internas. Hasta Calamar, son 75 kilómetros de vía destapada, de Calamar a Miraflores todo se hace por río o vía aérea, pero como en verano los ríos se secan no podíamos llegar con comida. Por ese mismo río también llega la comida a Vaupés. El verano estuvo hasta finales de marzo, ahora ya se está llegando por vía fluvial, casi todo es por avión, por agua se envía el combustible, los granos y lo que aguanta más días. Cuando hubo desabastecimiento, en Miraflores la gente pagaba algo más de 2.500 por kilo.
¿Qué está pasando con las comunidades indígenas durante la pandemia?
Nosotros los hemos atendido. A la población Nukak-Maku y a otra comunidad en la vereda Tomachipan les llevamos mercados. La alcaldía de San José atendió el resguardo Panuré y nosotros a las comunidades del Refugio y La Fuga, que son más de 100 familias numerosas. Ellos han manifestado que necesitan de un hábitat saludable, sus malocas están en pésimo estado, tienen necesidades con acueducto y alcantarillado, para eso estamos presentando un proyecto de regalías para filtros y acueductos, pero hasta el momento no se han aprobado.