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A través del decreto 639 del 8 de mayo del 2020, el Gobierno creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), con el que subsidiará mensualmente el 40% de un salario mínimo a todos los trabajadores de las empresas o entidades sin ánimo de lucro que reporten una disminución del 20 % o más en sus ingresos. La medida estará vigente para los meses de mayo, junio y julio.
El decreto indica que podrán ser beneficiarios las personas jurídicas que hayan sido constituidas antes del 10 de enero de 2020, que cuenten con un registro mercantil que haya sido renovado por lo menos en 2019 (para empresas constituidas en los años 2018 y anteriores) y que demuestren la disminución del 20 % o más en su facturación.
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“El subsidio será́ canalizado a través del sistema financiero. Para este fin, los equipos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP) y de la Unidad de Regulación Financiera (URF) trabajan con las instituciones financieras en la reglamentación e implementación del programa”, explicó el Ministerio de Hacienda.
Las empresas no podrán recibir subsidios más de tres veces, y aquellas que no utilicen los recursos para el pago de nóminas, que incumplan con los requisitos o que incurran en falsedad de documentos solicitados, no volverán a acceder a dicha ayuda.
“Este aporte solo podrá ser usado para el pago de los salarios de los empleados de los beneficiarios. Las empresas y sus representantes legales que utilicen los recursos con otro propósito se enfrentarán a sanciones fiscales y penales”, añadió la cartera.
El Gobierno espera comenzar a recibir la documentación correspondiente en las entidades financieras a partir del 18 de mayo. Estarán entregando los recursos durante la última semana del mes de mayo.
Acopi pide incluir a personas naturales
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) pidió al Gobierno incluir en el PAEF a las personas naturales que se encuentran registradas ante las Cámaras de Comercio y cumplen con la responsabilidad de aporte social y económico de sus empleados.
De acuerdo con el gremio, que cita la base de datos de PILA, 250.000 de los empleadores aportantes son personas jurídicas y generan 6’600.000 empleos formales, mientras que y 300.000 empleadores son personas naturales que representan 800.000 empleos formales.
Aunque la cifra es menor, Acopi asegura que se trata de empresas que tienen una mayor vulnerabilidad estructural y que, al recibir ayuda, podrían contribuir a mitigar los efectos sobre el indicador de desempleo.
“Por otro lado, conocedores del esfuerzo y trabajo mancomunado con Confecámaras, para atender a trabajadores independientes, vendedores ambulantes, entre otros, solicitamos que se priorice en esta cohorte a más de 1 millón de empresas que cumplen con el criterio de tener Registro Mercantil, independiente de la ausencia de aporte al PILA”, añadió el gremio por medio de un comunicado.