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Detrás de esos aplausos nocturnos tan resonantes en las redes sociales y aquellas etiquetas de héroes en la pandemia, la realidad es diametralmente opuesta: el personal de la salud sufre discriminaciones en su vida cotidiana. Miradas temerosas, buses y taxis que los pasan por alto, restaurantes que no los dejan ingresar y vecinos que les prohíben la entrada a sus hogares. Esas son algunas de las estigmatizaciones que padecen día a día, debido a su labor estoica por atender a los pacientes contagiados por el coronavirus. Usar bata blanca y tapabocas en la calle puede ser ahora el pasaporte a la picota pública.
Expulsado por sus vecinos
Cuando Cristian Botache, médico interno, salió en la madrugada a trabajar en un hospital de Cali su portero lo paró en seco: “joven, ayer los vecinos se reunieron y quieren que se vaya”. Quedó congelado, no había cumplido una semana viviendo allí. Verlo uniformado despertó el pavor de sus vecinos, que amenazaron con irse del edificio sin pagar las penalizaciones de los contratos. Y Cristian, cabizbajo, decidió irse a donde su tía, aunque ya encontró un nuevo lugar dónde vivir.
“El problema fue porque me vieron con el uniforme. Quedé emocionalmente muy golpeado, los vecinos amenazaron a la administradora y le exigieron que me fuera. Dijeron que nadie que viniera de un hospital podía vivir allí. A raíz de mi denuncia mucha gente se ofreció a ayudarme. Esto no puede seguir pasando, mucha gente me ha dicho que no consiguen transporte y que los que los llevan les cobran el doble por llevarlos. Muchos han optado por no usar el uniforme ante la discriminación en las calles, así sea una forma de identificación con las autoridades”, reconoce.
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Cristian, quien está terminando el semestre 12 de su carrera de medicina, reconoce que en su hospital están tomando todas las precauciones para no convertirse en portadores del virus. “Uno llega al trabajo, deja el maletín y se pone un uniforme diferente con tapabocas, gafas, guantes, gorro. Mantenemos la distancia, hay constante lavado de manos. Hay muchos protocolos”.
Rechazado por su propio pueblo
Edward Vergara es terapeuta respiratorio en el hospital San José de Buga (Valle del Cauca). Vive a unos kilómetros de allí en Calima-El Darién, pero lleva una semana sin poder dormir en su hogar con su esposa y sus dos hijos. Tiene la entrada del municipio cerrada.
“El alcalde, en pleno parque municipal, me señaló y le dijo a la gente: ‘¡Este es el que cuida a los contagiados!’. Lo empezaron a aplaudir y a mí me empezaron a abuchear. No tengo por qué sentirme así, no estoy haciendo nada inadecuado. Yo entiendo que hay miedo, pero es absurdo que esto se convierta en discriminación. Es una falsa solidaridad: de dientes para afuera aplauden, pero en las calles es otro mundo. Y es triste porque nosotros somos la primera línea de defensa de la población, pero nos están tratando como criminales”, admite Edward, quien aceptó el hospedaje de unos compañeros suyos del hospital en Buga. Este viernes presentó la denuncia formal en la Procuraduría Regional.
Por su lado, el alcalde Martín Mejía, médico de profesión, argumenta que no puede exponer a su población. “No es contra él, es contra todas las personas que viven en otras partes. Él no está sufriendo ninguna discriminación, se tomó una decisión general por parte de la comunidad que ni entramos ni salimos del pueblo. Él es uno de los factores de riesgo más grandes que tenemos porque él toma las muestras del COVID-19. En Bogotá, por ejemplo, hay personas de la salud quedándose en hoteles. Yo estoy para defender a 18.000 personas, no para casos individuales”.
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Sin embargo, Edward asegura que en el hospital está manteniendo todos los protocolos de seguridad necesarios. “Tenemos equipos avalados por la OMS. Cuando llego al hospital me cambio el uniforme y me pongo el institucional. Cuando me toca atender a un paciente sospechoso de coronavirus pido el kit que viene con un pantalón de tela acartonada, una bata de ese material y luego me pongo otra bata manga larga desde el cuello hasta los tobillos. Y después un overol especial antiporos que trae gorro. Tengo cuatro trajes encima, más las botas, las gafas, el tapabocas y la careta. Luego de atender a un paciente sospechoso me quito los trajes y se desechan y me baño con jabón. Si hay un nuevo posible caso, se repite esa rutina. Y cada kit cuesta 250.000 pesos, no nos están negando ni un peso para la protección del personal médico. Y antes de llegar a mi casa estoy bañado y con otra ropa”.
Pequeñas discriminaciones
A Mónica Cárdenas no le quisieron vender una torta y una bebida en una panadería a la que fue con un compañero suyo del Hospital Regional de la Orinoquia en Yopal. ¿La razón? Su indumentaria. “Acá no le vendemos a los médicos, me hacen el favor y se salen”, les dijeron.
“Nos tocó irnos. No es solo a mí, a una compañera el otro día no le paró ningún taxi. A otro no lo atendieron en un supermercado. En las residencias nos miran mal. La gente tiene que entender que cuando entramos a un hospital las medidas de higiene para que no seamos portadores del virus son muy estrictas. Nosotros usamos batas encima del traje, además de caretas, tapabocas, guantes. No sé qué pasa, ha sido muy incómodo el rechazo. Esa es la otra cara de la moneda: no vamos a poder hacer nada por la ropa quirúrgica, de nada sirve que nos aplaudan o nos llamen héroes cuando ni siquiera nos van a vender algo de tomar”.
La historia de Diana Urrego, que trabaja en una IPS en Bogotá fue calcada. “Salí de mi trabajo en consulta externa a comprar unos panes en una panadería. Y una familia gritó: ‘¡Esta señora no debería estar acá, no piensa en que contamina a todo el mundo!’. Yo iba con el uniforme y el tapabocas. Se pararon y se fueron del lugar de una forma muy despectiva. Y otro día me subí al carro de uno de mis compañeros, ambos con el uniforme, y un señor que estaba sacando a su perro nos gritó que éramos unos desconsiderados y que debíamos ir aparte cada uno a pie. Dijo muchas cosas horribles”.
Ante estas situaciones, el personal de la salud ha creado un movimiento en redes sociales llamado #AyudoAQuienMeCuida, una red que invita a los profesionales a manifestar sus dificultades con respecto a la vivienda, transporte e implementos de protección a través de un formulario y un correo (ayudoaquienmecuida@gmail.com).
La Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) manifestó su rechazo a las discriminaciones que están sufriendo médicos y enfermeras en un comunicado en el que le pidió acompañamiento al Ministerio de Salud y Ministerio del Trabajo.
“Es una sensación de tristeza, porque estamos cumpliendo nuestra labor y somos la primera línea de acción frente a esta pandemia. Este es un llamado a la tranquilidad porque los trabajadores de la salud cumplimos esos lineamientos de la OMS sobre bioseguridad en nuestros trabajos. Insisto en ese mensaje de tranquilidad y confianza a que confíen en que el personal cumple con esos protocolos y lineamientos para reducir el contagio hacia uno y hacia los demás”, argumentó Marcela Fama, presidenta de la SCP.
Un personal de salud que, bajo distintas ópticas es reconocido, pero que en el mundo real sufre del rigor de la discriminación y las miradas de pavor. Tal como le ocurrió a Salomé Karwah, una enfermera que en 2014 fue el rostro de portada de la revista Time por su lucha en Liberia contra el brote del ébola. Un virus que se llevó a sus padres, hermano y tíos y del que ella logró recuperarse para salvar la vida de varios contagiados.
Sin embargo, Salomé falleció en 2017. Y no por el virus. Luego de que empezó a convulsionar, tras el parto de su cuarto hijo, no fue atendida por negligencia y falta de solidaridad de los médicos por el temor de contagiarse, aún así sus pruebas fueran negativas desde años atrás. Un símbolo que cobra valor en tiempos en los que la indiferencia es la otra enfermedad que tienen que combatir aquellos encargados de salvar vidas.