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Desde hace meses ambientalistas y ciudadanos de Santander y Norte de Santander estaban programando una marcha - carnaval llamada “Un grito por la vida”, en Bogotá, con la que esperaban exigirle al gobierno nacional la protección del páramo de Santurbán y el rechazo de la licencia ambiental a la multinacional Minesa para explotar oro en las cercanías del páramo, principal fuente hídrica de la región.
Después de que el mandatario, Iván Duque, les dejara “plantados” y enviara a un delegado el pasado 23 de diciembre en XXX, los defensores del páramo decidieron apostarle a la calle. Querían que el gobierno escuchara a las regiones, y buscaron trasladar desde Santander hasta Bogotá a cerca de 3000 personas -en buses y a pie-, y de Norte de Santander a otras 300 personas.
Para conseguirlo intentaron todo. El mismo alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, había anunciado en sus redes sociales que donaría su sueldo para apoyar económicamente a los ambientalistas que viajaban hacia Bogotá el 15 de marzo. Los buses estaban contratados y también se había impulsado una “donatón” para ayudar a los participantes a costear los gastos. El mismo Cárdenas, junto a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, habían anunciado su participación en la movilización del 16 de marzo.
"Nuestro mayor tesoro es el agua, el páramo hay que conservarlo. Salgamos a marchar por nuestros páramos, por nuestras vidas, no podemos permitir que nos vean la cara, vamos a defender el páramo de las multinacionales que quieren extraer oro dañando el agua de 2 millones de personas de Santander, de allá vendrán muchas personas a las calles de Bogotá y aquí los vamos a apoyar, este es el grito por el agua", dijo entonces Cárdenas.
“Le vamos a exigir el 16 de marzo al presidente Iván Duque que no entregue la licencia a Minesa para la explotación de las minas de oro en cercanías al páramo. Ese proyecto afectará el suministro de agua para las futuras generaciones de los santandereanos”, afirmaban también los voceros del Comité por la Defensa de Santurbán.
Sin embargo, como cientos de eventos a nivel mundial y en Colombia, el brote del coronavirus (Covid-19), su llegada al país y la reciente declaración como “pandemia” también afectaron la movilización social. Este jueves el Comité anunció que se aplazaría la caravana programada para el próximo lunes después de que se decretara alerta amarilla en Bogotá y emergencia sanitaria a nivel nacional, cancelando todos los eventos públicos de más de 500 personas como medida de contención del Coronavirus.
“Hoy, no podemos ignorar o desconocer el contexto global de alerta mundial por el coronavirus. Tenemos que ser coherentes y así como hemos dicho salvemos el agua, salvemos los páramos, salvemos la vida, no podemos ahora promover desplazamientos de grupos humanos y convocar concentraciones poniendo en riesgo la salud y la vida”, aseguró el ambientalista, Erwing Rodríguez-Salah en declaraciones a Blue Radio; y quien también había advertido en su cuenta de Twitter que sería irresponsable y descontextualizado hacer el desplazamiento y las concentraciones.
Pese a las limitaciones para reunirse, la defensa del agua y del páramo de Santurbán -que se ha vuelto bandera en los Santanderes- no para. La fecha de la caravana ha sido aplazada, pero no cancelada. Ahora, el comité está invitando a nuevas acciones y a una huelga digital para el próximo 16 de marzo, que no pongan en riesgo la salud de los colombianos.
A nivel nacional invitan a izar la bandera de Colombia, a participar en al Twitteratón nacional por Santurbán desde las 7 am con el hashtag #16MSalvemosSanturbán y a participar en el cacerolazo nacional “un grito por el agua” desde las 7 pm.
A nivel local esperan hacer un plantón en el Parque de los Niños, en Bucaramanga, a las 3 p.m. y una rueda de prensa a las 7:00 am
“La verdadera pandemia que nos está matando es la megaminería y el extractivismo de las multinacionales en los ecosistemas esenciales para la vida”, insisten en el comunicado.
Mandatarios locales, concejales, ambientalistas, ciudadanos se han sumado a esta causa en la que finalmente la ANLA tiene la última palabra.
Hasta ahora, la autoridad continúa evaluando si le concede la licencia ambiental a Minesa en el proyecto Soto Norte. Por su parte, la multinacional, en su segundo intento por obtener el licenciamiento, entregó las respuestas a los 107 requerimientos que le había pedido la ANLA sobre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto ubicado entre los municipios de California y Suratá, el cual tendría una vida útil de 25 años y una producción promedio anual de 410.000 onzas en concentrados polimetálicos.