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En la vereda Patio Bonito, municipio de Moñitos, Córdoba, nunca ha habido servicio de internet. Lorenzo Morales, un joven estudiante que vive allí, se rebusca con su celular en mano una barra de señal que le permita conectarse con sus profesores. Algo similar vive Andrés Saavedra en la vereda el Berlín, del municipio de Milán, Caquetá. Para conectarse tiene que caminar por calles de barro y piedra suelta hasta una inspección de Policía con el fin de estar en línea. Lo propio deben hacer los alumnos de Daniel Melo, instructor del Sena regional, quien desde el casco urbano de San José del Guaviare les envía material por WhatsApp. Pero muchos no tienen dónde recargar sus datos o no tienen dinero. Eso hace que, como le ha ocurrido a Bárbara Uribe, profesora en Carepa, Antioquia, solo 10 de sus 200 estudiantes hayan sido contactados por ella en los últimos 15 días desde que empezó a regir en el país la cuarentena. Su educación está en vilo, al menos así será hasta el 31 de mayo, teniendo en cuenta la nueva medida del Gobierno nacional al suspender las clases presenciales a causa del coronavirus. (Lea: Los colegios públicos de Colombia no están preparados para dar clases virtuales)
Por eso, desde hace más de una semana está rodando en internet una petición firmada por la Red de Información y Apoyo para las Familias Rurales. Se trata de “un paquete de datos mínimo viable para que esta población esté informada, y para que los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes tengan acceso a plataformas de formación, de tal manera que se les favorezca la posibilidad de descargar guías de aprendizaje y el envío de actividades desarrolladas o, simplemente, pueden usar su WhatsApp para recibir material educativo y enviar documentos y tareas a sus docentes de escuelas rurales que no cuentan con plataformas virtuales”. Así se lee en el portal Change.org que ya acumula más de 2.000 firmas.
Para tener una idea del problema, la falta de internet afecta a 1’969.969 estudiantes rurales y rurales dispersos, es decir que no habitan en la cabecera municipal y que, por lo general, no cuentan con servicios públicos. Esta fue la estimación hecha por MinEducación hace dos años para su Plan Especial de Educación Rural. Para entonces, se contaba con un total de 103.494 educadores que hoy son testigos de que “el tema de la virtualidad en las zonas rurales no funciona”. Así lo manifiesta Margarita María Sáenz, directora de Enseña por Colombia, una de las organizaciones que impulsó la petición radicada ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil) que agrupa a Claro, Tigo y Movistar. Estos tres operadores en telecomunicaciones representan el 98 % de la industria nacional.
La falta de capacitación en las TIC y la baja cobertura en internet en las zonas rurales son los principales problemas identificados por los 101 profesores de Enseña por Colombia y por los 1.873 jóvenes inscritos a la Fundación Planeta Rural. Tal vacío, repetido en encuentros virtuales y llamadas telefónicas con líderes comunitarios, refleja que la lista de plataformas de educación virtual dispuestas por el Gobierno como Aprende Digital, Ukanbook, Saberes e Ingeniosos, no son accesibles para esta población. Tanto así que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha alertado que el acceso desigual a estas herramientas es un efecto perjudicial del cierre temporal de escuelas a causa del virus SARS-CoV-2. (Vea aquí nuestro especial sobre el coronavirus)
Ante ese panorama, la aplicación de mensajería WhatsApp es la alternativa que han sugerido los profesores debido a que su consumo de datos es liviana y que, en la mayoría de las familias rurales, hay un celular con el que puedan comunicarse con sus estudiantes. El riesgo más latente es que, como ha venido reportándose, sus alumnos se dediquen a los trabajos del campo y deserten del colegio o las instituciones a las que están matriculados. “Lo importante ahora no es que los jóvenes avancen mucho en el plan curricular de sus escuelas sino que mantengan el contacto con sus docentes para prevenir y manejar situaciones de violencia que se pueden generar en el interior de las familias”, comenta Sáenz.
En respuesta a la petición, Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, argumentó que a través del decreto 464, firmado la semana pasada, los operadores garantizaron un paquete mínimo vital de comunicaciones para planes pospago y prepago. Esto se traduce en 200 mensajes de texto y navegación gratuita a 20 direcciones de internet (url). Entre ellas, el portal educativo de MinCultura, Señal Colombia, Fundación Red Papás, MinEducación y Sena Virtual, entre otras relacionadas con salud y emergencias.
Sin embargo, “este mínimo vital es más para comunicarse. Sin internet, los jóvenes no pueden tener acceso a la educación virtual. Hay que tener presente que las escuelas rurales no cuentan con plataformas ni urls, eso condena a esta población al peor aislamiento de su historia. A través de esas páginas no pueden enviar una tarea a sus profesores, ni siquiera obtener una guía de aprendizaje”, señala Nazly Ortiz, directora de Planeta Rural.
Frente a esta realidad, Hoyos reconoce que desplegar infraestructura a estos sectores tomaría tiempo, tanto como construir una carretera para llevar redes y antenas hasta veredas apartadas. Pero ofrecer más de un mínimo de conexión, como lo pide hoy esta población que representa el 22,9 % de la población colombiana, sería posible con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC). “Este fondo, al que anualmente los operadores deben destinar $1,2 billones, se creó con el objetivo de financiar soluciones de acceso universal para población vulnerable, en otras palabras, para cerrar la brecha digital”, explicó el presidente de Asomóvil, quien afirma que el presupuesto del fondo es de “poco más de $1,442 billones para la vigencia de este año”.
Si bien hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta del MinTic, de acuerdo con su página, este fondo está destinado a financiar los planes, programas y proyectos de las TIC sociales que disponga el Gobierno. De allí podrían salir recursos para aliviar la urgencia de los profesores y estudiantes rurales que tienen suspendidas sus actividades educativas y que podrían continuar así dos meses más. Porque para ellos no existe la virtualidad.