Pandemias y remedios: ¿cómo prevenir colapso social?

/ G. I. Plus

Ante la crisis económica y social desatada por la pandemia del COVID-19, el Gobierno nacional ha optado por las medidas ad hoc, hasta el momento, de carácter transitorio y específicas para este caso. Así, el programa Ingreso Solidario, creado para mitigar los efectos de la emergencia sanitaria, busca transferir por una vez $160.000 a hogares pobres seleccionados, cuya identificación se ha dificultado por problemas con las bases de datos. Medidas adoptadas por otros países, como la inyección de recursos adicionales al seguro de desempleo no pueden implementarse aquí de inmediato por falta de la institucionalidad para hacerlo. Familias en Acción, por ejemplo, incentiva la salud y educación de la niñez pobre, pero es un programa poco sensible a las fluctuaciones del empleo y el ingreso.

A raíz de los problemas de escasez, derivados de la guerra, EE.UU. adoptó el Acta de Producción para la Defensa en 1950, norma que ha sido utilizada en épocas de paz para forzar a las empresas a producir bienes esenciales para la supervivencia (respiradores, actualmente).

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Los llamados estabilizadores fiscales automáticos, aquellos impuestos y transferencias diseñados para contrarrestar las fluctuaciones económicas sin la intervención discrecional del gobierno, se instauraron, sobre todo, en países desarrollados, en respuesta a la Gran Depresión de los años 30, y en muchos de ellos se han mantenido y servido para enfrentar nuevas crisis. En Colombia, dichos estabilizadores son marginales.

Considerando las amenazas inminentes de la pandemia a la supervivencia, proporcionar ayuda de emergencia (atención médica, alimentos, subsidios) es un imperativo de la acción estatal. Pero, más allá del corto plazo, escoger respuestas satisfactorias de política pública se torna en un rompecabezas. Las intervenciones de distanciamiento físico requeridas para lidiar con la emergencia sanitaria crean, en un comienzo y quizás después, una tensión entre salud y economía. Con todo, la necesidad de una institucionalidad que ayude a resistir los tiempos tormentosos luce incuestionable.

Entonces, conviene dotar al sector público de una mejor caja de herramientas para encarar crisis socioeconómicas y desastres naturales. Valdría la pena ponderar la inclusión allí de algún tipo de ingreso básico.

Y, sin embargo, las señales en este terreno son poco alentadoras.

En lugar de acudir a tributos probados como los impuestos al patrimonio y sobre los dividendos, los cuales pueden incrementarse y calibrarse para gravar a los ricos en forma progresiva y no confiscatoria, se recetan paliativos improvisados y caritativos. Que los congresistas donen un mes de salario o que los empleados públicos y contratistas del Estado que devengan más de $10 millones aporten, por tres meses, entre 15 % y 20 % de sus remuneraciones.

Este tipo de respuestas encuentran su parangón en la esfera privada: “La asamblea de accionistas del Grupo Aval, reunida de forma virtual, aprobó distribuir dividendos por 1,34 billones de pesos”, según los periódicos; a su turno, el principal dueño del conglomerado anuncia que “donará $80.000 millones para enfrentar el coronavirus”. Nótese que la donación es por una sola vez y equivale a 6 % de los dividendos distribuidos (el sector financiero en 2019 obtuvo utilidades de $17 billones).

Pese a que son contribuciones importantes, la caridad no es un buen sustituto de la tributación con vocación de permanencia.

El régimen pensional ni siquiera navega bien en tiempos ordinarios; corregir sus deficiencias de cobertura y equidad haría económicamente menos vulnerables a los viejos en emergencias como la de hoy. El statu quo abunda en declaraciones a favor de la vejez digna de los trabajadores, mientras magnifica los beneficios de la capitalización individual. A sabiendas de que más del 80 % de los afiliados no reunirá el capital suficiente para conseguir la jubilación, los fondos privados de pensiones promocionan, como si fuera un logro, la devolución de los saldos acumulados en la cuenta de ahorro individual “con los intereses que han generado esos recursos”. Anuncian una rentabilidad anual histórica real del 8 %, omitiendo decir que la presunta rentabilidad está calculada antes de descontar los exagerados costos de administración que cobran a sus afiliados.

Revivir la economía va a requerir políticas fiscales expansionistas. Sesgar su financiación hacia el crédito convencional sería probablemente inviable y contraproducente. El constituyente de 1991 dejó abierta la puerta para que el banco central financie al Estado mediante operaciones de mercado abierto o emisión monetaria directa. Se trata de salvar al que se está ahogando y el celo ideológico ortodoxo no es una justificación válida para impedir el uso de estas opciones.

Con más veras cuando son recurrentes, no periódicos, los desastres y las crisis demandan una institucionalidad para resistirlos y prevenir el colapso social. No obstante, los factores reales de poder de Colombia parecen indecisos o desinteresados en desarrollarla. Por ahora prevalecen las respuestas tácticas y algo efectistas.

* Decano, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia

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