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Este sábado, el Gobierno, a través del decreto legislativo 516 de 2020, dio a conocer los cambios que afrontará la televisión nacional debido al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica que rige en el país desde el pasado 17 de marzo debido a la pandemia del coronavirus.
“Es una situación calamitosa no prevista que impide el normal desarrollo de estos contenidos audiovisuales, que requieren para su producción, en promedio, cien personas (artistas, productores, directores, realizadores, maquilladores, camarógrafos, sonidistas, catering, entre otros), lo cual, se hace necesaria la implementación de medidas que contrarresten la situación para evitar afectaciones mayores, y garantizar el funcionamiento de la televisión abierta radiodifundida como mecanismo de comunicación y difusión de contenidos de interés nacional y regional”, dice el Ejecutivo. (Le recomendamos: ¿Qué es el Estado de Emergencia Económica y Social?).
Por eso, a los canales nacionales y zonales se les bajó el porcentaje de producción nacional que deben cumplir en la programación, y en este tiempo de Emergencia Económica deben emitir un 20% de esta en el horario Triple A, y en los horarios que comprenden las 10:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, y las 10:30 de la noche y la media noche. (Ver decreto 516 del 4 de abril de 2020).
Hay que recordar que normalmente en horario Triple A (7:00 de la noche a 10:30 de la noche) debían emitir el 70% de programación de producción nacional. A su vez, desde las 2:00 de la tarde hasta las 7:00 de la noche, el 40% era de programación de producción nacional, y sábados, domingos y festivos, el Triple A era del 60% de programación de producción nacional.
Por su parte, la programación de producción nacional de los canales regionales y estaciones locales debe ser el 20% del total (antes era el 50% de la programación total).
Por su parte, la emisión de noticieros se mantendrá en las mismas condiciones y proporción realizada por los canales nacionales, regionales y estaciones locales a la fecha de la declaratoria de la Emergencia.
Por otro lado, el Gobierno informó que, de acuerdo con lo expresado por los gerentes de los ocho canales públicos regionales de televisión existentes en el país y el gerente de RTVC, el aislamiento preventivo obligatorio y la realización de las actividades laborales y académicas de manera remota, ha implicado la modificación y aplazamiento de cronogramas para la ejecución de producciones, la cancelación de espacios, eventos y requerimientos de apoyos logísticos, que se reflejan en una disminución de más de $70 mil millones en los ingresos de dichos canales, mientras que la proyección de necesidades de funcionamiento es cercana a los $62 mil millones.
En consecuencia, para garantizar la operación de la televisión pública regional como servicio público esencial e instrumento para la promoción de la cultura, la identidad nacional y la información en todas las regiones de Colombia, el Gobierno determinó que es necesario ajustar el porcentaje de recursos de fortalecimiento que estos canales pueden destinar a funcionamiento, para permitir que salvaguarden los recursos requeridos para continuar operando ante la ocurrencia de una situación calamitosa no prevista, generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, que impide el normal desarrollo de la operación de los citados canales.
La creación de programas de televisión requiere de la intervención y contacto de un número importante de personas, que varía dependiendo de las características de cada uno y que puede llegar a convocar entre 100 y 200 personas solo en su producción.
Así mismo, para la realización de producciones nacionales, es necesario un equipo de producción compuesto por entre 100 y 200 personas, público de 150 personas en estudio y más de 250 personas en lugares abiertos, por lo que la prohibición de realizar eventos y reuniones con más 50 personas afecta la cadena de valor frente a la elaboración de producciones nacionales para televisión.
El Gobierno Nacional recalcó que dichos porcentajes dispuestos en el artículo 33 de la Ley 182 de 1995 “son exigencias de imposible cumplimiento en el contexto actual (…) debido a las medidas que han sido ordenadas respecto del distanciamiento social y la limitación de la movilidad durante el aislamiento preventivo obligatorio, y que deben acatarse de manera prevalente para contener y mitigar la pandemia causada por el coronavirus”.