Por tutela de la Procuraduría, Inpec deberá trasladar a 71 presos de Villavicencio

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Juez encontró que los derechos fundamentales de los reclusos mayores de 60 años están “amenazados”, pues son población de alto riesgo en caso de contraer el COVID-19. Siguen privados de su libertad en una cárcel en la que el 33% de la población ya está contagiada con la enfermedad.

El juez tercero de Villavicencio (Meta) le dio la razón a la Procuraduría en una tutela que interpuso en contra del Ministerio de Justicia y el Inpec: los derechos de los internos mayores de 60 años de la cárcel municipal han sido vulnerados en medio de la pandemia. Por ende, les ordenó a las entidades encargadas de la custodia de las cárceles y de la política criminal elaborar un censo entre los adultos mayores que están privados de su libertad en el penal para luego determinar un plan de traslado al Centro de Atención Especializada El Yarí, en la misma ciudad.

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En este centro de reclusión, que tiene un hacinamiento de más del 99 %, ya hay 856 casos de COVID-19 sin que haya habido respuesta para las 71 personas privadas de la libertad que, por ser mayores de 60 años, enfrentan mayores riesgos en caso de contraer el nuevo coronavirus. Por ende, el juez encontró que los derechos fundamentales a la salud y vida en condiciones adecuadas “se encuentran seriamente amenazados por quienes legal y contractualmente están obligados a procurar su protección en condiciones dignas” el Ministerio de Justicia y el Inpec.

La Procuraduría denunció en su acción de tutela que, “a pesar de las medidas adoptadas por el Inpec para evitar la propagación del virus en las cárceles del país, es alto el número de contagios ocurridos en la de Villavicencio, lo que ha ocasionado el fallecimiento de algunas personas”. Y, una vez el juez constató la vulneración de derechos fundamentales y que en una ocasión así no queda más remedio que acudir a la tutela, falló a favor de los presos.

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En la sentencia, informó el Ministerio Público, el juez le da 12 horas al Inpec y al Ministerio de Justicia en las que deberá elaborar “un censo entre los cobijados por la tutela para establecer los casos positivos y negativos de covid-19, así como los que se encuentren en cuarentena o en recuperación”. Una vez este conteo esté terminado, deberá darse inicio al traslado de internos a El Yarí, un lugar recién construido para recluir a menores de edad.

La Procuraduría agregó que el traslado de los internos deberá hacerse así: “Primero tendrán que ser reubicados quienes no estén contagiados por el virus; posteriormente, quienes hayan superado la enfermedad, y, por último, las personas privadas de la libertad con diagnóstico positivo para COVID-19, una vez logren su recuperación total. El traslado del primer grupo deberá realizarse en las siguientes 48 horas a la elaboración del censo ordenado por el juez”.

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La cárcel de Villavicencio es el centro de reclusión con más casos del nuevo coronavirus en el país. Aunque fue construida para albergar a 800 personas, hoy hay más de 1.700 internos en los 7.200 metros cuadrados que tiene el penal. Los primeros casos se presentaron entre reclusos del patio Santander, que tiene unas 500 personas, pero pronto el virus alcanzó el otro patio, donde están las más de 1.200 restantes. Cuando se conocieron los primeros contagios, el Inpec aisló a 49 adultos mayores en un pequeño patio, donde antes eran recluidas mujeres. Al cabo de un par de días se confirmaron 15 nuevos casos entre los ancianos aislados. Ahora, más del 33% de la cárcel tiene coronavirus.

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