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El Gobierno expidió un decreto para enviar a prisión domiciliaria, a cerca de 4.000 reclusos (mayores de 60 años y con enfermedades críticas), y, a pesar de que esta semana empezaron a salir los primeros beneficiados a prisión domiciliaria, una extensa lista de delitos quedó excluida. Al eco de las críticas que dicen que esta norma no es suficiente se sumó la Procuraduría que le pidió al Ministerio de Justicia aplicar el Código Penal, pues la ley ordinaria en realidad es más beneficiosa que el tan anunciado decreto de emergencia.
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De acuerdo con el Inpec, hay 1.565 personas que continúan en custodia pese a haber cumplido la pena impuesta; 13.742 ya cumplieron las 3/5 partes de su sentencia, 846 sufren una enfermedad catastrófica y 13.465 fueron sindicados de delitos hace más de un año. “Para los casos de personas con enfermedades catastróficas es necesario garantizar la intervención de profesionales idóneos que determinen sus condiciones de salud, en caso de no contar con las certificaciones respectivas expedidas por el Sistema de Seguridad Social”, dijo el procurador Fernando Carrillo en la petición enviada a la ministra Margarita Cabello.
La Procuraduría considera que, de aplicarse el Código Penal la descongestión de las cárceles se resolvería en un menor tiempo. Aunque en condiciones normales, se supone que el Código es la norma vigente, en muchos casos la población privada de la libertad no puede, por ejemplo, acceder a un abogado para que radique una petición de libertad ante un juez de ejecución de penas, como es el trámite requerido para quienes hayan pagado 3/5 partes de la pena, los mayores de 65 años, entre otras personas que, está diagnósticado, ya no deberían estar en la cárcel.
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La propuesta de la Procuraduría consiste en aplicar el Código penal manteniendo la ruta jurídica que propone el decreto de excarcelaciones, en el cual el Inpec se encarga de todo el papeleo de los solicitantes ante los jueces de ejecución de penas y garantías. La propuesta es un intento por destrabar estos procesos y darle más viabilidad a la razón por la que nació el decreto: resolver el hacinamiento para evitar un contagio masivo de COVID-19.
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En la carta, Carillo le hizo más sugerencias "urgentes" a la ministra Cabello para afrontar la emergencia carcelaria en medio de los temores que hay de que se dispare un brote del nuevo coronavirus, que ya está presente en seis centros de reclusión. Por este mismo tema, el procurador les pidió información a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y al Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL, "sobre la ruta de intervención y el cronograma establecido para la toma de muestras de covid-19 en los establecimientos carcelarios del país".
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