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Una caída en el crecimiento económico, una aceleración histórica del desempleo, un retroceso en los logros de la lucha contra la pobreza y la amenaza de quiebra del 60 % de la población trabajadora son algunas de las consecuencias que prevén los dos principales centros de investigación económica del país: ANIF y Fedesarrollo.
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En esta conversación, Luis Fernando Mejía, director del Centro de Investigación Económica y Social Fedesarrollo, y Mauricio Santamaría, presidente del Centro de Estudios Económicos ANIF, hablaron de la necesidad urgente de implementar una serie de reformas para reducir la informalidad y de compensar la caída en el ingreso de los hogares.
¿Cómo afectará a Colombia la amenaza de expansión del coronavirus? ¿Qué se puede esperar de la economía este año?
Luis Fernando Mejía: La semana pasada actualizamos la proyección y estamos haciendo algo realmente atípico: ir más allá de una cifra y calcular tres escenarios. En el primero, el más probable, si la cuarentena se acaba en mayo habría una rápida caída de la producción y la economía tendría un crecimiento del -2,7 %; en el segundo, si hay necesidad de otra cuarentena en el segundo semestre, la actividad económica se contraería al -5 %; la cifra más baja desde la gran depresión del siglo XX, y en el más pesimista tendríamos un crecimiento del -7,9 % si aun sin cuarentena la recuperación de la actividad económica es mucho más lenta, porque el consumo privado no reacciona. Pero la incertidumbre es muy alta, la economía mundial no había sufrido un choque extraordinario de esta magnitud probablemente desde 1918, con la gripe española.
Mauricio Santamaría: Nosotros tenemos una proyección más optimista que la de Fedesarrollo, pero bastante negativa para lo que ha tenido la economía colombiana. En el escenario central creceríamos 0 % este año, pero si no se da una recuperación rápida en el segundo semestre podríamos llegar al -1,3 %. Hemos basado mucho nuestros cálculos en lo que están perdiendo las personas, nos hemos dado cuenta de que a hoy los hogares vulnerables ya han perdido aproximadamente $10 billones, pero a finales de mayo ya serán $18 billones y si se alarga el aislamiento a finales de junio llegará a $30 billones. A medida que el tiempo pasa ya no son solo los informales los que quebraron, sino también los trabajadores de empresas pequeñas y medianas, entonces se rompen las cadenas de suministro y eso se transmite a mayor desempleo.
¿Qué tanto les han cambiado las cifras?
LFM: Nosotros publicamos una proyección en marzo de 1,2 % de crecimiento para 2020 cuando todavía no estaban tan claros los efectos del choque ni cuánto iba a durar el aislamiento obligatorio. En el intermedio hicimos una actualización de cuál podría ser el costo económico de la cuarentena y encontramos que cada mes restaba entre 4,5 y 6,1 % de crecimiento; la magnitud del impacto era muy sustancial.
MS: Creo que nuestra proyección va a cambiar pronto y se va a volver un poco más negativa, aunque en el fondo tengo la esperanza de que el primer trimestre haya sido muy bueno y que el último tenga una recuperación rápida para que amortigüe. Ahora estamos esperando que salga el dato oficial del PIB, eso nos va a dar por lo menos algo certero en qué basar la recuperación. Lo principal es una incertidumbre muy grande, estamos acostumbrados a hacer modelos de predicción económica en tiempos normales, donde se trabaja bajo supuestos no certeros, pero que se acercan bastante a la realidad; es más complicado hacer las proyecciones sin saber la magnitud del choque, como se va a transmitir a la economía y cuánto va a durar.
Si en marzo, con unas semanas de actividad económica, el desempleo fue tan alto, ¿qué podemos esperar de abril y qué debe hacer el Gobierno?
LFM: Yo quedé muy preocupado con la cifra de marzo de 1,6 millones de empleos perdidos porque en ese entonces no teníamos el efecto pleno de la cuarentena; fue un mes relativamente normal, no tuvo la afectación que esperamos para abril con la parálisis de la actividad económica. Desde que hay cifras mensuales (año 2000), no habíamos tenido una caída tan grande en materia de empleo, más del 7 % respecto al mismo mes del año anterior. La tasa de desempleo subió (280.000 nuevos desempleados), pero no al nivel en que se destruyeron los empleos. Esto amerita poder agilizar de alguna manera las entregas sociales, como ingreso solidario, que ha llegado a alrededor de 1,4 millones de hogares. Pero los montos son muy pequeños frente a las necesidades ($160.000), están incluso por debajo de la línea de pobreza extrema: deberían estar en el orden de $500.000 por persona.
MS: Aun con todos los cálculos que habíamos hecho, nos sorprendió negativamente el resultado de marzo, que tuvo solo un tercio del mes en cuarentena. Desde el principio, lo que más nos ha preocupado es el tema del empleo y por eso nos hemos concentrado en medir el impacto en los hogares. El Gobierno nacional entendió muy bien que este era un choque interno importante y diseñó programas de transferencias correctamente con un esfuerzo grande. Pero tanto el valor de la transferencia como el número de hogares incluidos es muy pequeño y no alcanza para cubrir las pérdidas, lo que se traduce directamente en graves problemas de bienestar, la gente de verdad está sufriendo y va a sufrir más a medida que se alargue el aislamiento. Cuando terminen de entregarse todas las ayudas estaremos hablando más o menos de $2 billones gastados, cuando la pérdida de ingreso de los hogares fácilmente va a llegar a los $16 billones.
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.
¿Y qué lectura hacen de los inactivos?
LFM: Estamos viendo un aumento muy grande de inactividad (1,7 millones); es decir, personas que salen del mercado laboral. El lío con la coyuntura actual es que es forzado, no voluntario, porque la gente no puede salir a buscar trabajo si está confinada en su casa. Si uno ajustara la cifra de desempleo por ese hecho, no sería del 12,6 %, sino que podría estar por el orden del 17 % del total de la población económicamente activa. Hay que implementar rápidamente mecanismos complementarios de protección al empleo y aumentar la cobertura; con todo lo que se está haciendo no se está llegando a más de siete millones de hogares y estimamos que hay unos diez millones de hogares pobres y vulnerables, de los 15,6 millones que tiene el país en total.
MS: Una cosa que sí se pudo predecir con cierta certeza es que, en efecto, los empleos informales de sectores vulnerables fueron los que más se afectaron: se perdieron más de 1,5 millones de puestos en total; una cifra aterradora que nunca se había visto. Y se escondió el dato en el hecho de que muchos se movieron a la inactividad, cosa que todavía no entiendo bien. Pareciera que hubo algún cambio de metodología. Si no hubiera sido por eso, la tasa de desempleo habría sido altísima, del orden del 16,5 %. Esa pérdida de empleo se traduce en pérdida de ingreso de los hogares de más o menos $1,2 billones, según su salario promedio por los diez días que duró la cuarentena. Es una cifra terrible que nos deja asustadísimos y nos puso en otro escenario.
¿No es momento de empezar a pensar en una política pública para disminuir la informalidad laboral?
LFM: Es absolutamente esencial. Los economistas por años hemos sido muy enfáticos en la importancia de reducir la informalidad laboral, que es muy alta, cercana al 60 % de la población empleada a escala nacional. Esta crisis ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de una economía que depende de una fuerza laboral mayormente informal y la necesidad de repensar los mecanismos para corregir este problema de manera efectiva y continuar profundizando algunas reformas, como la reducción de parafiscales en 2012, que en su momento eliminó el 13,5 % de los costos no salariales asociados con la contratación del empleo formal y que aunque fue muy polémica un año después dejó ver una disminución de la informalidad de 53 % a 48 % en las 23 ciudades más grandes del país. La informalidad afecta todo el esquema del Estado. La gente no solo no tiene la protección que debería tener (riesgos laborales y acceso a la pensión), sino que también se dificulta recoger impuestos y hacer transferencias como las de este momento, porque los informales son invisibles para el Estado en bases de datos y no se pueden encontrar.
MS: Los economistas hemos sido señalados muchas veces de querer regalarles plata a los empresarios y recortarles los beneficios a los trabajadores, básicamente porque llevamos años repitiendo que la informalidad es el grave problema de Colombia y que hay que solucionarlo. Esta crisis ha puesto de presente que es verdad y que en este momento es un tema de vida o muerte, porque los privilegiados que tienen un empleo formal no son los que sufren hambre o problemas asociados a la pérdida de ingreso. Pero eso no ha calado tanto en el ambiente político del país y es difícil de llevar al Congreso de la República. La informalidad laboral y empresarial no se acaba con propuestas sencillas ni con hablar carreta, se acaba con medidas que muchas veces son impopulares y tienden a ser malinterpretadas, con reformas que no son sencillas, con la reducción de los costos de ser formal, aumentando los beneficios.
Mauricio Santamaría, presidente de Anif.
¿Qué pasa con las personas que lograron salir de población vulnerable o ascender a clase media, pero que en cualquier momento podrían regresar a la pobreza?
LFM: En pobreza somos un poco más optimistas, porque consideramos que las medidas del Gobierno podrían mitigar de alguna manera el aumento. Esta podría ser del 30 % y llegar hasta el 36 % en caso de una contracción más profunda de la actividad económica, aunque las cifras podrían ser mucho peores, especialmente con el desempleo que vimos en marzo. Cerca del 40 % de la población colombiana está en la franja vulnerable por sus condiciones socioeconómicas y tiene un riesgo importante de retornar a la pobreza en momentos como este, cuando hay choques negativos a sus ingresos, si el deterioro del empleo continúa con la magnitud que estamos viendo. Esto significa que dos terceras partes de los hogares de Colombia, que son las clases pobre y vulnerables, estarían en riesgo, y da un orden de magnitud del problema al que nos estamos enfrentando.
MS: Nuestro cálculo de la caída en el ingreso de los hogares muestra que si nos va bien, siendo un poco optimistas, cerca de siete millones de personas podrían entrar a la pobreza inmediatamente; si nos va mal podría aumentarse a once millones. Esto podría llevar fácilmente la pobreza del 27 % que tenemos hoy, y al que nos costó veinte años llegar, a más del 40 % por los problemas de informalidad y el choque tan grande que hemos tenido. Ese fue un logro enorme de la sociedad. La gente no se da cuenta de lo que ha implicado para los gobiernos y las empresas para llegar a reducciones tan importantes. Los problemas de fondo de una sociedad no deben trivializarse en el debate político, ese es el peor error, y en el pasado desafortunadamente se ha hecho con otras reformas que son importantes para el bienestar de la población.
¿Cuál sería la manera más inteligente de administrar el gasto público hoy y beneficiar a un mayor número de personas, considerando el presupuesto limitado?
LFM: En esta coyuntura hay que dejar la ortodoxia de lado, porque estamos en un choque completamente inesperado y extraordinario en materia de su tamaño, que no sabemos cuánto va a durar, aunque seguramente a la vuelta de un año ya estaremos por fuera de él. Según la literatura económica, en estas situaciones hay que financiarse a través de emisión de deuda, así que el déficit fiscal no debe ser una preocupación en este momento. Colombia, comparada con América Latina, ha sido relativamente conservadora. El paquete anunciado por el Gobierno es del orden de los tres puntos del PIB, cuando Perú está en 7 % y Chile en 5 %. No se trata de llegar allá, pero sí creo que hay espacio adicional para aumentar los apoyos, no solamente en transferencias monetarias a hogares pobres sino también en subsidios para mantener el empleo. Es un balance que no es sencillo, pero si podemos tomar medidas profundas, rápidas y efectivas en materia de políticas contracíclicas, el choque negativo no va a ser tan grande y recuperaremos más rápidamente el crecimiento, que es una variable sustancial para la sostenibilidad de la deuda pública. Si el crecimiento no llega a niveles de 3,5 % o 4 % rápidamente vamos a tener una deuda mucho más grande, estamos en condiciones extraordinarias y eso involucra gastos adicionales que son rápidos y oportunos para evitar una caída mayor en el PIB.
MS: Lo más importante ahora es hacer una transferencia grande a todos los hogares. Estados Unidos, Japón y España lo han hecho con montos muy similares, equivalentes al 12 % de su PIB per cápita. Si uno hace ese cálculo para Colombia serían cerca de $450.000. Anif propone que, en vez de dar giros adicionales a los programas que ya existen, se haga una transferencia semiuniversal por ese valor por una única vez a todas las personas mayores de edad que están en el régimen subsidiado de salud, que son casi quince millones, pero que no toque ir a muchas bases de datos para encontrar a la gente; luego se pueden sumar los trabajadores de empleos formales con ingresos similares al salario mínimo. Eso se puede hacer de manera rápida y ayudaría mucho, porque tendría un impacto en el consumo y el ingreso de los hogares. Eso costaría entre $6 y $7 billones (0,7 % del PIB) dependiendo del universo; un monto muy considerable, pero estamos en un momento de gastar en lo que se requiere para evitar que la subida de la pobreza y el impacto en el PIB sean mayores, porque gran parte de la recuperación del crecimiento va a depender de qué tanto nos hundimos ahorita; este es el momento de no ser tan cuidadoso.