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El 30 de diciembre del año pasado comenzó el trámite para concretar una audiencia clave para retomar la fumigación áerea con glifosato, que fue suspendida en 2017 por la Corte Constitucional. En la diligencia se revisará el Plan de Manejo Ambiental del programa de erradicación. Sin embargo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) convocó a que se hiciera de manera virtual por la emergencia sanitaria, algo a lo que organizaciones sociales y de académicos se oponen abiertamente.
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Dejusticia, Elementa, Consultoría en Derechos, Corporación Acción Técnica Social y Corporación Viso Mutop le enviaron una cara a la ANLA pidiendo que se suspenda esta audiencia. En la misiva, las organizaciones solicitaron que “se suspenda la realización de las reuniones informativas y de la audiencia pública ambiental hasta que se termine el aislamiento preventivo obligatorio o se establezca un mecanismo acorde a los estándares constitucionales de participación ciudadana”.
Además, denuncian que, desde inicios de marzo le solicitaron a la ANLA que la audiencia se realizara de manera presencial, sin que la entidad la convocara y luego llegó la pandemia del coronavirus, que impide la realización de una diligencia así. Según la organizaciones, una audiencia virtual iría en contra de las órdenes de la Corte Constitucional que exigen contar con mecanismos de amplia participación y consulta con las comunidades directamente afectadas por las fumigaciones aéreas.
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Las organizaciones le dijeron a la ANLA que la pandemia no justifica la realización de esta audiencia de manera virtual. De acuerdo con la misiva, “más de la mitad de la población que se identifica como campesina, no conoce los mecanismos de participación ciudadana, lo que dificulta la activa participación en escenarios de los cuáles no tiene información previa, como es el caso de la audiencia pública ambiental”. A esto se le suman las barreras tecnológicas existentes en el campo.
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De este modo, la población directamente interesada en las decisiones que se tomarían en esa audiencia, continúa la comunicación, no tendrían acceso a la participación. “La realización a través de medios virtuales de la audiencia pública ambiental no cumple con los elementos esenciales del derecho a la participación en materia ambiental”, añaden.
“La orden cuarta de la sentencia dispone que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), solo puede modificar la decisión de no reanudar el PECIG, hasta haber realizado un proceso decisorio que debe tener como una de sus características la evaluación del riesgo al medio ambiente en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado”, explican.
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Para las organizaciones, la propuesta de la ANLA hace parte “de una falsa dicotomía: que debe escoger entre hacer la audiencia pública de forma virtual -no presencial- o de forma presencial. En cambio, se olvida que tiene una tercera opción: suspender el trámite hasta que haya garantías para desarrollar la diligencia”. Así las cosas, las organizaciones esperan que sea retirado el requerimiento de una sesión virtual para definir si las fumigaciones deben reanudarse o no, permitiendo entorno que favorezca la participación y el conocimiento de las decisiones.
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