Una defensa de los funcionarios en tiempos de emergencia

La corrupción es uno de los grandes problemas de Colombia. Pero no todas las acciones del gobierno son corrupción. / Gustavo Torrijos / El Espectador

Muchas cosas han cambiado con la llegada de la pandemia del COVID-19 a Colombia. Y de muchos de los cambios hemos hablado en las últimas semanas de forma obsesiva. Otras cosas no han cambiado e incluso se han exacerbado. Una de ellas, sobre la que escribo acá, es la antipatía y la desconfianza con los servidores públicos, los empleados o contratistas del Estado a cargo de tomar decisiones sobre cómo se usan y distribuyen los recursos. Pedir cuentas a los funcionarios públicos es fundamental para el funcionamiento del Estado. Exigir que la asignación de recursos sea transparente, que las reglas sean claras y que se cumplan, que los receptores de esos recursos sean los que realmente lo necesitan o los que realmente pueden proveer los servicios que el país necesita y que todo se haga con precios lo más cercanos posibles a los costos de los servicios es necesario para hacer que esos recursos tengan el mayor rendimiento social.

En muchas ocasiones encuentro que esa crítica y esa desconfianza es desproporcionada; en esta crisis he visto eso particularmente. Las críticas desproporcionadas generalmente son de dos tipos. Unos meten cualquier problema en el saco de la corrupción. Otros lo vuelven ideológico acusando a los gobernantes de autoritarios, liberales, pro-capitalistas, socialistas o populistas. Ninguno de esos modelos creo que sirva para entender las medidas que han tomado los gobiernos locales y nacionales ni para ayudar a que se tomen mejores decisiones en esta coyuntura.

La corrupción es uno de los grandes problemas de Colombia. Pero no todas las acciones del gobierno que no nos gustan o no nos convienen son problemáticas y no todos los problemas en la ejecución de los recursos públicos son corrupción. También es verdad que tenemos gobiernos con distintas tendencias ideológicas e incluso tendencias autoritarias o populistas pero no es verdad que todas las decisiones que toman los gobernantes responden al cálculo electoral.

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Muchos son problemas inevitables, algunos son esperables pero la mayoría imprevisibles; muchas veces incluso los esperables son inevitables (por ejemplo que en un programa de subsidios a hogares en necesidad haya colados). Y no nos hace bien meter todos los problemas en la bolsa de la corrupción. Más que afán por capturar los recursos públicos, lo que se ha visto en esta crisis es gobiernos de distintas tendencias con un afán de pragmatismo buscando el justo medio para intentar hacer el menor daño posible.

Quiero acá enunciar una serie de ideas que explican muchos de los problemas o dificultades a las que nos hemos enfrentado en el manejo de esta crisis, distintas a la corrupción y a la captura electoral de los beneficios del gasto público. Entender el origen de esos problemas puede ayudarnos a entender mejor qué y cómo criticar el trabajo de los servidores públicos y en últimas hacer que esa visión crítica se vuelva constructiva y que no termine bloqueando el desarrollo de políticas públicas eficaces que resuelvan los problemas apremiantes de nuestra sociedad.

1. Los funcionarios públicos están obligados a improvisar. A veces tienen información suficiente y a veces hay experiencias previas que ayuden; en esta coyuntura no había alternativa porque no existía ninguna de las dos. Ninguno de los funcionarios públicos nuestros había vivido una situación como esta, y las pandemias anteriores fueron muy diferentes de esta. No improvisar habría implicado esperar a saber más sobre el virus antes de actuar. Pero esa espera se mide en muertos y en el colapso del sistema de salud. En este momento creo que ya podemos decir que el número de enfermos y muertos del COVID-19 en Colombia es bajo (teniendo en cuenta el tiempo que lleva el virus en Colombia). Si el gobierno nacional y los gobiernos locales hubieran esperado a decretar la cuarentena a tener más información para no improvisar, probablemente estaríamos viendo niveles de contagio y de muerte como los de Perú (cinco veces mayor que los nuestros) con consecuencias desastrosas en la congestión del sistema de salud y en los servicios funerarios.

2. Los funcionarios públicos están obligados a actuar con información parcial y a extrapolar más allá de lo que el purismo de los académicos aguanta. Haber decretado la cuarentena con pocos muertos no necesariamente es un resultado de los impulsos autoritarios de nuestros gobernantes, ni a un intento por favorecer intereses particulares (aunque hay que reconocer que a veces tienen esos impulsos) sino a una lectura de lo que estaba sucediendo en otros países (tasas de contagio y desbordamiento de los sistemas de salud en lugares como Wuham, Madrid, Lombardía, Neuva York y Guayaquil). Y esa lectura no la construyen los gobernantes visibles solos; ellos no toman decisiones solos, están rodeados de servidores públicos que validan o rechazan las medidas. La crítica que se centra solo sobre intereses del gobernante más visible (el presidente o el alcalde) ignora todo el entorno que los rodea y que le da sustento a las decisiones que toman. Y el énfasis en que sus decisiones se deben solo a impulsos políticos evita que demos la discusión sobre el conjunto completo de elementos que deben aparecer en esas decisiones.

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3. Los funcionarios públicos se pueden equivocar, como cualquier otra persona en cualquier otro ámbito. ¿Cuál sería la forma de no equivocarse en esta situación? Desafortunadamente no hay. Al final la probabilidad de que se estén equivocando es casi igual a uno. Como se equivocan y tienen que improvisar, es normal verlos titubear o retractarse. Por eso vimos al presidente Duque aceptar que tenía que haber cierre de los aeropuertos y dejar de hablar del aislamiento inteligente y a la alcaldesa López dejar entrar a Bogotá a las personas que salieron a municipios cercanos justo en el momento que empezaba la cuarentena. Es dramático equivocarse en estas circunstancias, pero el juicio severo que pone cualquier error en la bolsa de la corrupción no ayuda a estimular la creatividad y la disposición a tomar riesgos que necesitamos que los servidores públicos tengan en esta circunstancia.

4. Los funcionarios públicos toman decisiones en un contexto de incertidumbre, como todos nosotros. Y en este momento la incertidumbre es mayor. Cuando se toman decisiones en ese contexto es fácil que los efectos de las decisiones que se toman no sean los esperados, o que las cosas salgan mal, aun teniendo la mejor de las voluntades. Estamos llenos de incógnitas sobre cómo se va a comportar el virus en los meses que vienen. También estamos llenos de incógnitas sobre la capacidad de respuesta del sistema de atención y sobre el alcance de todas las medidas para contener los efectos económicos y sociales de la pandemia. Si alguna de estas no funciona o tiene efectos del alcance esperado, no será necesariamente resultado de la corrupción, también puede ser por la mala suerte.

Uno de los eventos dramáticos que vivimos en estas semanas fue el daño de la máquina del INS que se usaba para hacer las pruebas del coronavirus. En redes vimos críticas al INS motivados por este evento. Resulta que las máquinas se dañan, y no avisan con tiempo cuándo lo van a hacer. Es parte de la incertidumbre bajo la que vivimos en cada momento de nuestras vidas que se magnifica en esta situación. No tener más máquinas o no tener la capacidad de arreglarla no es ineptitud, es el resultado de que la decisión sobre compra de equipos se hizo en un momento en que era casi imposible saber que nos enfrentaríamos a una situación como esta. Estoy de acuerdo con que necesitamos mejor (y tal vez más) gasto público en salud; pero no estoy seguro que de haber tenido un mejor gasto el resultado hubiera sido un mayor número de respiradores, camas en UCI o máquinas como la que se dañó.

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5. Ser funcionario público significa estar obligado a tomar decisiones en el que aparecen valores opuestos que muchas veces son irreconciliables. El funcionario público carga con la responsabilidad de tomar decisiones por todos nosotros intentando encontrar un justo medio. Pero todos tenemos valores diferentes y el justo medio de cada uno de nosotros es distinto. En esta coyuntura, algunos quisieran que se proteja más el empleo con medidas menos restrictivas y otros más la salud con medidas más restrictivas; algunos que se proteja más la salud mental y el bienestar emocional de los niños dejándolos salir de sus casas. El resultado es que es fácil estar descontento con cualquier decisión que tomen los servidores públicos. A veces las decisiones son diametralmente opuestas a lo que queremos. Pero no por eso tenemos que saltar a acusar de corrupción o favoritismo. Si la decisión no nos conviene, vale más parar a pensar quiénes pueden ser los beneficiados y discutir si el balance fue el adecuado antes de pensar que lo que la motivó estuvo motivado por intereses oscuros. En esta coyuntura hemos visto algo excepcional en los gobernantes: ha habido mucha transparencia y nos han explicado las decisiones que toman. Tal vez entonces lo que corresponde es escuchar lo que dicen y discutir sus explicaciones antes de pasar a inventarnos otras justificaciones para sus acciones.

No se puede negar que en el sector público hay corrupción y hay captura de rentas. Pero el ejercicio del servicio público está también lleno de problemas, de riesgos y de dificultades. Tampoco se puede desconocer que los funcionarios públicos trabajan en condiciones muy difíciles, contratos de prestación de servicios que no los protegen de forma adecuada, mucha inestabilidad, dificultades con los órganos de control, presiones indebidas de los partidos, congresistas, concejales, rigideces en la compra de insumos necesarios para su trabajo o en la contratación de personal idóneo para hacer un mejor trabajo. Y la discusión sana sobre sus decisiones los ayuda a mejorar las mismas.  Si lo que queremos es contribuir a mejores decisiones por parte del gobierno y de los servidores públicos, tenemos que ampliar nuestro portafolio de explicaciones para los problemas que vemos en el gasto público, de forma que podamos dar explicaciones cercanas a la realidad y que nuestra participación en la discusión pública sea de verdad productiva.

* Director de investigaciones y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.

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