El escándalo suscitado por las declaraciones del presidente del Itagüí, Fernando Salazar, quien dijo en la última asamblea de la Dimayor que “los jugadores de hoy son unas prostitutas vestidas de uniforme de fútbol”, apunta a crecer y tener implicaciones legales. (Escuche más de la declaración de Salazar).
El Gobierno Nacional tomó la decisión de abrir una investigación a partir de este caso para establecer cuál es la situación laboral entre los clubes y los jugadores del país.
El viceministro de Trabajo, David Luna Sánchez, al rechazar las aseveraciones de Salazar, le recordó al presidente del Itagüí que la Constitución colombiana protege la dignidad del trabajador y la ley laboral garantiza sus derechos.
“El futbolista es propietario de su trabajo, motivo por el cual tiene la posibilidad de saber cuáles son las mejores condiciones para su desempeño profesional”, señaló Luna.
A partir de esos postulados, el ministerio iniciará una investigación sobre el Código Sustantivo del Trabajo para determinar si con esas declaraciones y si con las acciones, se está produciendo en el fútbol colombiano una persecución sindical.
“En caso de que se llegue a probar esa situación, es obligación del Gobierno compulsar copias a la Fiscalía para que se aplique el Código Penal en esta materia”, aseguró.
Los improperios en contra de los jugadores del Fútbol Profesional Colombiano tienen origen en el caso del jugador Jhonny Ramírez (que provisionalmente seguirá jugando con Millonarios mientras se resuelve el litigio con el Chicó).
Aunque el club ajedrezado reclama que Ramírez tiene un contrato firmado hasta diciembre de 2013, Millonarios inscribió al jugador para el campeonato de este año argumentando que tal contrato no existe.