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Este martes, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana presentó un informe en el que recoge toda la información disponible acerca del uso de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) por parte del Gobierno nacional.
El documento incluye todas las operaciones realizadas para atender la emergencia desde el FOME a partir de la información disponible en los portales Medidas Covid-19, Presupuesto Covid-19 y el Portal de Transparencia Económica. Incluye las transferencias realizadas desde el Fondo hacia las entidades del orden nacional y su ejecución, además de la ejecución realizada directamente desde el Ministerio de Hacienda.
Tras meses de análisis, el observatorio encontró que, hasta la fecha, se han desembolsado $29,7 billones del FOME a partir de 94 transferencias y 814 compromisos adquiridos por la cartera de Hacienda. De dichos recursos, $14,4 billones han sido trasladados a cuentas creadas exclusivamente para programas de emergencia, y de estos hay $10,8 billones comprometidos (que ya tienen contratos para ser ejecutados) y $9,7 billones pagados (desembolsados).
La entidad que ha recibido más recursos es el Departamento de Prosperidad Social ($10,1 billones), que está detrás de programas como Ingreso Solidario (creado durante la pandemia), Devolución del IVA, Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción.
Le siguen la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD ($5,4 billones), el Ministerio de Salud ($3,7 billones) y el Ministerio de Trabajo ($1,6 billones).
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El observatorio también identificó que antes de la constitución del FOME se realizaron 16 transferencias por $0,9 billones a siete entidades, principalmente a Prosperidad Social ($280.000 millones) y al Ministerio de Salud ($252.950 millones). Y según datos del Portal de Transparencia Económica, 132 entidades han adquirido 7.517 compromisos por $0,6 billones financiados por cuentas propias que no han recibido recursos del FOME.
Otro hallazgo es que $6,8 billones han sido transferidos a otras cuentas constituidas antes de la pandemia, sin que sea posible identificar su nivel de compromiso o pago. Además, desde el Ministerio de Hacienda se han comprometido $8,5 billones, de los cuales se ha pagado el 84 %, aunque se desconoce cuántos recursos han sido apropiados por esta cartera para los programas a su cargo.
“Las circunstancias expuestas muestran que en el FOME no están todos los recursos dispuestos, a pesar de haber sido creado para centralizar todos los recursos orientados a atender la emergencia, y que diversas entidades del orden nacional han empleado recursos propios”, destaca el informe.
En cuanto al proceso de vacunación, se encontró que el Gobierno destinó $3,1 billones para adquirir vacunas (unos $62.000 por persona) y $668.000 millones para su aplicación ($13.000 por persona).
“No es que el Gobierno haya comprado vacunas a $62.000. La destinación de los recursos puede incluir la adquisición misma de las vacunas, el transporte internacional, el transporte local y más elementos logísticos”, aclaró Juan David Oviedo, asesor de finanzas públicas del Observatorio Fiscal.
“Falta de transparencia sigue siendo un problema estructural”
El documento compila información detallada sobre buena parte de los compromisos adquiridos financiados con el FOME o con fondos diferentes, incluyendo los montos comprometidos y pagados y los recursos transferidos a cuentas constituidas previamente. No obstante, el observatorio fue claro en que dicha labor no fue fácil de hacer por la “opacidad” con que el Gobierno ha reportado estos dineros desde el inicio de la coyuntura.
“Si bien hay avances, como el Portal de Transparencia Económica, la información está limitada. En el portal de transparencia solamente aparecen datos, no hay links que te direccionen a contratos terminados y no es posible identificar en qué se han gastado peso por peso”, dijo Oviedo.
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Tras un año de la declaración del Estado de Emergencia, los académicos aseguran que persiste la ausencia de un plan de gasto detallado de los billonarios recursos presupuestados que aún no se han empleado. Una de las limitantes que encontraron es que no es posible identificar los recursos apropiados por el Ministerio de Hacienda ni la relación entre recursos apropiados, comprometidos y pagados de los recursos transferidos a cuentas constituidas previamente.
“Si la ciudadanía está sintiendo que los recursos no van a ser reportados con transparencia, va a contar con muchos incentivos para evadir impuestos. Un muy buen principio para aumentar el recaudo sin hacer mayores impuestos a través de una nueva reforma tributaria es reportar los gastos del Estado con transparencia, porque esto genera confianza en el Gobierno”, advirtió Oviedo.
En esa línea, el Observatorio Fiscal propone unificar la información en una plataforma clara, concisa y accesible, pues aunque hoy se cuenta con la plataforma Secop, todavía es difícil acceder a datos clave.
“Sería muy útil que el Gobierno fuera proactivo en la divulgación de la información acerca del gasto público, como lo establece la ley. No es sólo que responda preguntas o responda a regañadientes un derecho de petición, sino que busque a la ciudadanía para contarle lo que está haciendo y se asegure de que lo entiendan, en vez de confundir para implementar las políticas fiscales deseadas, que, lamentablemente, parece ser lo que está haciendo”, afirma Luis Carlos Reyes, director del observatorio.
Con este documento, que está disponible en la página web del Observatorio Fiscal, esperan aportar un insumo para hacer veeduría, difundir información precisa, tomar buenas decisiones y hacer recomendaciones acertadas de política pública.