El Ministerio de Agricultura publicó para comentarios una resolución con la que busca establecer un precio mínimo para el arroz paddy verde (el arroz sin procesar). El anuncio se hizo en la tarde del domingo, un día antes del paro convocado por los productores.
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La movilización citada para este lunes, que según las fuentes consultadas sigue en pie en varias zonas del país, es la segunda del año: en marzo ya hubo un paro arrocero que terminó con una serie de acuerdos entre la cartera de Agricultura y los productores. La motivación sigue siendo la misma: los productores aseguran que los precios que les paga la industria han caído tanto que su actividad se está volviendo insostenible.
El precio que se le paga al productor del arroz paddy verde cayó 11,8 % en 2024, según el Ministerio de Agricultura. Mientras que los costos de producción vienen subiendo: el arrendamiento de los predios para las plantaciones, la logística, el agua y los insumos. A esta situación se suma el exceso de oferta. El inventario nacional de arroz en junio de 2025 es de 534.940 toneladas, un 67,8 % por encima del promedio de la última década.
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Además de los problemas estructurales internos, el contexto internacional puede presionar a la baja (todavía más) los precios. La FAO estima que la producción mundial de arroz alcanzará un máximo histórico en 2025-2026, con 555,6 millones de toneladas. El Minagricultura considera que existe un riesgo de que el aumento de la oferta reduzca el precio e incentive las importaciones en mercados como el de Colombia.
Además de otras estrategias que ya ha puesto en marcha el Gobierno, la cartera de Agricultura sostiene que es necesario someter al arroz paddy verde al régimen de libertad regulada de precios. “En resumen, la resolución pretende garantizar una formación transparente de precios que refleje las condiciones del mercado nacional y evite pérdidas para el productor estableciendo un precio mínimo de compra para el arroz paddy verde”.
El proyecto de resolución, que estará para comentarios hasta el 18 de julio, fija un precio mínimo para adquirir el producto, pero es diferenciado, dependiendo de la zona del país en la que se produce (Bajo Cauca, centro, costa norte, Llanos y Santanderes).
El documento propone que todo comprador, obligatoriamente, reporte cada semana los precios pagados por el arroz, entre otros datos, y que los agentes económicos que comercialicen arroz blanco en Colombia, sean mayoristas o minoristas, informen de manera clara el país de origen del producto en los empaques, puntos de venta físicos y plataformas digitales.
La medida no deroga la resolución de abril de este año con que se sometió al régimen de libertad vigilada a todos los eslabones de la cadena productiva del arroz. Esa decisión, que fue parte de los compromisos del Gobierno con los productores, implica mecanismos de supervisión y recolección de información sobre precios y costos.
Martha Carvajalino, ministra de Agricultura, aseguró que la cartera está proponiendo una discusión pública y que el Gobierno busca proteger y fortalecer la producción y la industria nacional ante las posibles distorsiones del mercado. La funcionaria dijo que están trabajando con el Ministerio de Comercio, la DIAN y otras entidades para hacer frente al contrabando y que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha recibido solicitudes para investigar posibles prácticas anticompetitivas o de competencia desleal.
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Es probable que los productores vean esta opción como un camino para que su actividad siga siendo sostenible, aunque también han pedido otras soluciones, como el regreso del programa al incentivo de almacenamiento (que permite retirar parte de los inventarios en el segundo semestre del año para comercializarlos cuando baja la oferta). En cambio, puede que la industria no vea con buenos ojos que el Gobierno fije un precio mínimo. Este es el debate que se avecina.
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