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En 2016, el sector de la construcción representó 7,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia, superando renglones de la economía como la agricultura, el transporte y la explotación de minas y canteras. Se sabe, además, que 14 de cada 100 empleos en el país están vinculados con esta industria.
Sin embargo, el año pasado, las ventas y los lanzamientos de vivienda en el territorio nacional se redujeron 5,7 % y 17,1 %, respectivamente. Este difícil panorama, presente en una de las actividades más importantes del sector de la construcción, después de las carreteras y la infraestructura, obligó al Gobierno a tomar medidas urgentes para revivir una industria que parecía estancada.
El primer incentivo, anunciado la semana pasada en el congreso de Camacol, es un subsidio del 2,5 % a la tasa de interés para la compra de vivienda nueva. De acuerdo con Jaime Pumarejo, ministro de Vivienda, el propósito de esta decisión es promover la compra de casas para la clase media. “Con este subsidio se llena un vacío que se había generado en la vivienda que cuesta entre 100 y 320 millones”, aseguró el ministro.
El nuevo decreto presidencial crea 40.000 cupos disponibles entre 2018 y 2019 y busca que los ciudadanos se ahorren filas, listas y concursos, para que simplemente vayan al banco y escojan la vivienda que prefieren, sin burocracia y sin trámites. Según cálculos de Camacol, la aplicación de este subsidio implica que, para un proyecto en el tope de esta categoría, la cuota mensual podría bajar hasta $500.000 aproximadamente.
Apostar por el segmento medio como motor del sector parecería ser una jugada sensata. “En este momento, calculamos que cerca del 6 % de la oferta está terminada y sin vender, es inventario. Dentro de ese porcentaje, el 61 % corresponde a vivienda de menos de $320 millones. El subsidio puede tener un buen impacto, porque impulsará la salida de estos proyectos”, sostuvo Mauricio Hernández, analista de BBVA Research.
“Ahorra tu arriendo”
La segunda medida es el programa “Ahorra tu arriendo”, del Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Este nuevo producto busca que los ciudadanos que tengan sus cesantías en el FNA puedan convertir el dinero del pago mensual del arriendo en capital para obtener su casa propia. En el caso de vivienda nueva, se puede financiar hasta el 100 % de su valor y, si es usada, la financiación puede llegar hasta el 95 % del total.
“El producto está dirigido a las personas con ingresos entre dos y seis salarios mínimos, ciudadanos de clase media baja, un nicho que nos importa mucho porque nos engancha con la prosperidad del país”, afirmó Helmuth Barros, presidente del FNA.
Esta nueva herramienta de leasing habitacional permite que cualquier persona que no tenga dinero ahorrado para pagar una cuota inicial pueda destinar la plata mensual del arriendo para ir pagando poco a poco su casa. “Los ciudadanos que cumplan con los requisitos podrán acceder a una vivienda de interés social (VIS), cuyo monto máximo es de 135 salarios mínimos, equivalentes a $99’591.795, o podrán adquirir vivienda no VIS, superior a 135 salarios mínimos. Con esta nueva línea de financiamiento, el afiliado por cesantías tiene un plazo hasta de 30 años para cancelar los cánones fijados”, añadió Barros.
Diego Velandia, director del Observatorio de Vivienda de la Universidad de los Andes, reconoce que estas medidas están mucho más acordes con las realidades económicas del país, que tiene una economía variable en la que la gente adquiere deudas y se puede colgar porque pierde el empleo. “Es un buen primer paso, pero se necesita hacer más y siempre se puede hacer más. Lo ideal sería que estos subsidios y facilidades sean no sólo una política económica, sino que se integren en el ordenamiento territorial de cada ciudad: para que sea la ciudad la que disponga en dónde se requiere mezclar arriendo con vivienda propia”.
El análisis de Velandia coincide con la lectura de Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, quien asegura que instrumentos como el leasing inmobiliario requieren que no haya control en los precios de los arriendos y que exista la posibilidad de retomar los inmuebles para aquellos ciudadanos que se siniestran.
Estas dos medidas tienen como propósito principal que en 2017 el mercado de vivienda crezca 6 %, con 180.248 unidades comercializadas en el país.